domingo, 8 de abril de 2018

BRASIL EN CRISIS O CRISIS EN SUDAMÉRICA





La profundización de la crisis política en Brasil, con el encarcelamiento del expresidente Luis Inácio “Lula” da Silva para cumplir una condena por delitos de corrupción, abre la puerta para la expansión de la inestabilidad en la región.

BRASIL EN CRISIS

Brasil arrastra un lustro de inestabilidad política, desde la inauguración de las protestas callejeras en 2013, en reacción por el aumento de las tarifas del transporte y la política de ajuste del gasto público implementada por la presidente Dilma Rousseff.

En 2015, estalló el Lava Jato -que investiga una mega causa de corrupción en la empresa petrolera estatal Petrobras- y se detonaron las protestas por el gasto desmedido en la organización de la Copa Mundial de Futbol y las Olimpiadas de Río.

Mediante las protestas callejeras la clase media mostraba su indignación por tres años continuos de recesión económica y la difusión de los escándalos de corrupción. El tradicional “roba, pero hace” se transformó en un categórico “si roba no hace”.

LA CRISIS DE CORRUPCIÓN EN AMÉRICA LATINA

El tiro de gracia para la gobernabilidad de Brasil se disparó el 21 de diciembre de 2016 cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló que la empresa constructora brasileña Odebrecht había pagado unos 788 millones de dólares, durante veinte años, sobornos a políticos en doce países latinoamericanos para obtener contratos de obra pública.

En Brasil, Odebrecht pagó entre 2007 y 2014, sobornos por unos 350 millones de dólares y obtuvo ingresos por contratos firmados de 1.900 millones.

La noticia provocó un verdadero cataclismo en la clase política de la región. Al menos dos presidentes perdieron sus cargos, otros ex jefes de Estado sufrieron embargos, terminaron en cárcel o debieron responder ante la justicia y aún hoy se ignora cual será su destino final.

Dilma Rousseff y el peruano Pedro Pablo Kuczynski debieron renunciar a la presidencia y dar explicaciones ante la justicia. En Perú el expresidente Ollanta Humala (2011 – 2016) y su esposa Nadine Heredia se encuentran detenidos desde hace un año y el expresidente Alejandro Toledo ha debido refugiarse en los Estados Unidos para evitar cumplir una condena de cárcel de 18 meses. En tanto el expresidente Alan García se defiende de las acusaciones en los tribunales.

En Panamá las sospechas recaen sobre los expresidentes: Ricardo Martinelli (2009 – 2014) detenido en Miami y Martín Torrijos. También se sospecha que el actual presidente Juan Carlos Varela ha financiado su campaña presidencial con dinero de la constructora brasileña.

En Colombia, los dineros de Odebrecht se filtraron a la campaña presidencial del hoy premio nobel Juan Manuel Santos.

En Argentina, la expresidente Cristina Fernández de Kirchner ha logrado, al menos por el momento, eludir el ir a prisión gracias a que dispone de fueros como legisladora y la protección del Partido Justicialista.

Sin embargo, esos mismos fueros no protegieron a su ministro de Planeamiento, el arquitecto Julio de Vido y a empresario que evidenciaron un exponencial crecimiento patrimonial durante los años del kirchnerismo, como Lázaro Báez y sus hijos o el magnate del juego y los medios de comunicación Cristóbal López.

También en Ecuador, el escándalo Odebrecht golpeó en el corazón de la clase política local. Allí la constructora brasileña pagó sobornos por 33,5 millones de dólares. El vicepresidente Jorge Glas perdió su cargo y sufrió una condena seis años de cárcel por corrupción.

La actitud por seguir frente a las denuncias de corrupción desató la abierta confrontación entre el expresidente Rafael Correa (2007 – 2017) y su sucesor Lenin Moreno. Correa resultó derrotado. No podrá aspirar a ocupar la presidencia nunca más y deberá responder ante los tribunales por diversos casos de corrupción ocurridos durante su gestión.

Los escándalos por corrupción y los problemas económicos terminaron por sepultar a la mayoría de los gobiernos populistas de la región. Solo Evo Morales, que pretende forzar la letra de la constitución boliviana, presentándose como candidato presidencial para un cuarto mandato, el inefable Nicolás Maduro que ha establecido una dictadura cuasi militar sobre las ruinas de lo que alguna vez fue la República de Venezuela y el exguerrillero sandinista Daniel Ortega en Nicaragua, mantienen la alicaída bandera del “socialismo del siglo XXI” en América Latina.

BRASIL EN LA INCERTIDUMBRE

El encarcelamiento de Lula da Silva para cumplir una condena doce años de prisión deja al Partido de los Trabajadores, que encabeza las preferencias en las encuestas, sin candidato presidencial y a Brasil ante la incertidumbre de quién regirá su destino a partir de octubre.

El principal beneficiario con la marginación de Lula es el candidato derechista, Jair Bolsonaro, un ex oficial del ejército, que hace campaña reivindicando a las Fuerzas Armadas y prometiendo “mano dura” contra delincuentes y violadores en un país con frecuentes guerras entre criminales en las favelas, 60.000 asesinatos por año y la tercera población carcelaria del mundo con 750.000 reclusos.

Así ha logrado situarse claramente segundo en las encuestas, con el 20% de las preferencias, mientras que otros candidatos de la izquierda (Geraldo Alckmin, Marina Silva o Ciro Gómes) no logran romper la barrera del 10% en los sondeos.

Aunque aun restan seis meses antes de que los brasileños concurran a las urnas y, en ese entonces, muchas cosas pueden ocurrir, es difícil evitar el clima de incertidumbre.
Resulta difícil imaginarnos donde ha quedado aquel Brasil que, hace tan sólo ocho años, asomaba como una potencia emergente y motor de los Brics.

No debemos olvidar, que Brasil es en sí mismo un inmenso subcontinente. Su territorio, población y PBI constituyen la mitad de todo Sudamérica. Es el gran motor que impulsa al Mercosur y el principal socio comercial de la Argentina.

Sin un Brasil estabilizado políticamente y retomando a paso firme la senda del crecimiento es imposible, por ejemplo, pensar que el Mercosur logre el tan necesario acuerdo económico con la Comunidad Europea o cualquier negociación favorable con el temperamental presidente estadounidense Donald Trump.

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