A una
semana de las elecciones en Cataluña, las tensiones entre “independentistas” y “constitucionalistas”
siguen creando una profunda grieta social que amenaza extenderse al resto de
España.
El
problema del separatismo catalán dista mucho de haber sido superado. La
aplicación del artículo 155 de la Constitución Española por parte del gobierno
nacional detuvo la DUI (Declaración Unilateral de Independencia), llevó al
exilio forzado a ex presidente Carles Puigdemont y a la cárcel a Oriel Junqueras
y otros dirigentes independentistas, en la mayoría de los casos sin debido
proceso judicial.
Pero,
los “independentistas”, que superan
al 40% del electorado siguen siendo tan partidarios de separarse de España como
siempre.
Mientras
que los “constitucionalistas”, es
decir los que se sienten tan españoles como siempre y que hoy son una escasa e
inestable mayoría, mantienen sus temores de que, algún día, Madrid termine
cediendo y dejándolos librados a su suerte.
La
tensión se mantiene en la sociedad. Mientras tanto más de tres mil empresas
radicadas en Cataluña han dejado la autonomía. Los rubros son diversos van
desde bancos, grandes empresas aseguradoras, editoriales, productoras de
alimentos y hasta sedes de empresas extranjeras.
Como
suele decirse, el “capital es cobarde”
y ninguna empresa está interesada en permanecer en una Cataluña que termine
fuera de la Unión Europea.
También
han cambiado su domicilio -real y fiscal- pequeñas y medianas empresas legales,
abogados independientes, estudios de escribanía, contables y registradores.
Incluso algunos españoles que cobran pensiones nacionales han modificado su
domicilio declarando como lugar de residencia el de familiares y amigos fuera
de Cataluña.
En
verdadero daño que el llamado “proces”
ha causado a la economía, a nivel de inversiones canceladas, empleos perdidos y
reservaciones de hotelería y turismo canceladas, sólo se determinará en los
próximos años cuando se tengan datos fidedignos.
Además,
la economía catalana constituye el 20% del total de la economía española por lo
cual el daño se expandirá al resto de la Península.
El
próximo 21 de diciembre los habitantes de Cataluña concurrirán a las urnas en
un intento de normalizar la Autonomía. Unos esperan ratificar una mayoría que
les permita retomar una transición, posiblemente más gradual y ordenada, hacia
la independencia y el establecimiento de una república catalana.
Los
otros apuestan a crear un gobierno comprometido en el respeto a la constitución
y la integridad territorial de España terminando con décadas de delirios
independentistas. Son los españoles que se sienten españoles en Cataluña.
A una
semana de las elecciones, la fragmentación de los partidos en uno y otro bando,
la poca confiabilidad de las encuestas y la incertidumbre sobre cuál será el
porcentaje de participación del electorado no permiten avizorar un panorama
claro.
Ciudadanos,
el partido liberal de centro, que fue la voz que más claramente se ha opuesto a
la independencia, encabeza las preferencias, pero sin una mayoría suficiente
para formar gobierno. Su líder a nivel nacional es Albert Rivera y la cabeza de
lista en Cataluña es Inés Arrimada.
De
confirmarse esos resultados el 21 D, Ciudadanos dependerá de lograr un acuerdo
con otras fuerzas constitucionalistas (PP y PSC) para controlar la Generalitat
y cerrar el paso a los independentistas.
Segundo
en las encuestas se sitúa Esquerra
Republicana de Catalunia – ERC-, una fuerza de centro izquierda liderada
por el detenido Oriol Junqueras, es un partido histórico que apoyo la DUI
realizada por Puigdemont.
No
obstante, cualquiera sea el resultado en las urnas, a la votación seguirá un
intenso proceso de negociaciones donde cada bando buscará alcanzar una mayoría
para formar gobierno acordando un programa en común.
Aunque
difícilmente el resultado electoral o los pactos políticos que se alcancen
consigan soldar la profunda “grieta” que divide a la sociedad española.
Es que
el separatismo, que algunos catalanes radicalizados se empecinan en denominar “independentismo republicano”,
constituye un verdadero “cáncer” que
enferma al cuerpo social español en su conjunto. El separatismo se difunde en
diversas regiones de España y otros individuos disconformes se radicalizan,
crean supuestas identidades “nacionales”,
inventan una historia reivindicativa, imaginan agravios y se lanzan a reclamar
la independencia.
Pronto
todo el cuerpo nacional sufre los efectos de la multiplicación de
reivindicaciones separatistas. En España, algunos vascos, gallegos, andaluces
siguen con atención la evolución el “proces”
catalán. Observan y esperan. En ocasiones sin demasiada paciencia.
El 8
de diciembre, por ejemplo, en Zaragoza, capital de Aragón, en un bar llamado “El tocadisco”, un cliente Víctor
Láinez, fue ultimado a golpes por Rodrigo Lanza, un miembro del movimiento
anarquista “Okupa”, con una condena
previa de seis años de cárcel por dejar tetrapléjico a un guardia urbano de
Barcelona, en 2006.
El
asesinato de Láinez fue claramente un “crimen de odio” entre españoles. El
delito de la víctima fue simplemente lucir unos tiradores con los dolores de la
bandera española. Eso fue suficiente para que Lanza y sus acompañantes (otro
hombre y dos mujeres) lo agredieran llamándolo “Facha” (en Cataluña la palabra “facha”,
puede traducirse como “fascista” o “franquista” y suele aplicarse a todos
los que defienden la integridad territorial de España).
Cuando
Láinez dejaba el establecimiento para evitar la confrontación. Lanza lo golpeo
por la espalda en el cráneo con un hierro y lo pateo en el suelo hasta matarlo.
El
asesinato de Láinez puede ser considerado como un hecho de violencia extrema.
Quizá se trate de un caso aislado que no debe generalizarse. Pero es algo que
ha ocurrido recientemente.
Quien
crea que el problema del independentismo catalán se ha resuelto con la aplicación
del artículo 155 de la Constitución y con un llamado a elecciones esta
equivocado o busca conformarse con una solución transitoria.
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