LA CRISIS CATALANA

La cuestión catalana ha desatado una crisis política, social y económica que llevará años a España superar, si es que alguna vez logra superarla, y que proyecta sus efectos negativos sobre la Europa comunitaria.

La actual cuestión catalana no es un fenómeno nuevo es un largo proceso que lleva más de tres décadas desarrollándose gradualmente. Comenzó cuando los gobiernos centrales, tanto del Partido Popular como del PSOE, comenzaron a hacer concesiones a los catalanes para conseguir su apoyo electoral para formar gobierno.

Los catalanes supieron aprovechar la debilidad de los gobiernos centrales para adquirir el manejo autonómico de la educación, la salud y la seguridad.

El manejo de la seguridad les permitió contar con un cuerpo policial propio, los Mozzos D’Esquadra, cuya lealtad es hacia la Generalitat y al mismo tiempo excluir a los cuerpos nacionales de seguridad del territorio Cataluña.

Al mismo tiempo, el control del sistema educación les permitió implementar una “educación en valores”. Solo que los valores impartidos eran los valores del separatismo catalán. Se adoctrinó a los alumnos en una historia de Cataluña y de los atropellos que España había inferido a los catalanes. No importaba cuanto había de verdad en ese relato los catalanes comenzaron a asumirlo como real.

Pronto se dejó la enseñanza en español y se inició la impartición de la enseñanza en catalán. El español se redujo a una única asignatura compitiendo con el inglés como lengua extranjera.

Se llevó a cabo una campaña gradual para erradicar al español como idioma nacional. Se impuso la obligación de rendir examen de catalán para poder acceder a un empleo público en Cataluña. Los carteles indicadores de las calles pasaron a estar escritos en catalán y en inglés… Los carteles indicadores en tiendas y supermercados pasaron a ser escritos en catalán –bajo pena de fuertes multas-. Solo las grandes tiendas como El Corte Inglés o Zara han logrado escapar a esta imposición.

La bandera española fue reemplazada por la bandera cuatribarrada, cuatro bandas rojas sobre un fondo amarillo, en los balcones barceloneses como símbolo del independentismo.

Los partidarios de mantener la soberanía española sobre Cataluña comenzaron a ser tildados de “facha” –fascistas- o insultados llamándolos “españoles”.

El nacionalismo catalán es también republicano y partidario del populismo izquierdista. Las presencias del Rey o del Jefe de Gobierno comenzaron a ser vistos como una agresión.

Así se llegó a un primer referéndum para decidir sobre la autonomía en 2014. En términos porcentuales los resultados indicaban que la participación fue del 37% con respecto al conjunto total de los potenciales votantes y que un 30% de este mismo total se había manifestado proindependentista. Si se tiene en cuenta que en Cataluña estaban censados algo más de 7,5 millones de habitantes, el porcentaje de independentistas en la autonomía era del 25%. En realidad, del 24,8% si quería ser precisos.

El referéndum fue un duro revés para el independentismo, pero en modo alguno puso fin a la cuestión. La posibilidad de la separación de Cataluña comenzó a afectar a su economía, las grandes empresas comenzaron silenciosamente a trasladar sus sedes a otros lugares de España para no perder el mercado español y la pertenencia a la Comunidad Europea.

Los independentistas se tornaron más agresivos y radicales. El proceso se aceleró, en 2016, con la llegada al gobierno de autonomía de Carles Puigdemont, de Juntas pel Sí, al frente de una coalición de izquierda con elementos radicales como Candidatura d´Unitat Popular (CUP) y Ezquerra Republicana.

Puigdemont impulsó como ningún otro político catalán el independentismo. Primero organizó un nuevo referéndum, que fue declarado ilegal por el gobierno central, pero que de todas formas realizó el 1º de octubre. Con los datos muy parciales que le daban una victoria al “Sí”, Puigdemont declaró la independencia de Cataluña el martes 10, aunque suspendió transitoriamente sus efectos para “dialogar” con el gobierno central.

La declaración de independencia disparó el éxodo de empresas de Cataluña. En una semana 540 empresas –entre ellas 40 grandes empresas y bancos- trasladaron sus sedes y domicilios fiscales desde la autonomía.

Ahora, el gobierno central en manos del señor Mariano Rajoy ha decidido dar un hasta el próximo lunes al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que informe con precisión si ha declarado la independencia de Cataluña. Una respuesta afirmativa desencadenaría la inmediata aplicación del artículo 155 de la Constitución española que implica la intervención al gobierno autonómico.

Dirigentes de CUP y Ezquerra Republicana insisten que Puigdemont debe contestar en forma afirmativa, levantar la suspensión de la independencia y comenzar a negociar con el gobierno español la separación de Cataluña.

El catalán Albert Rivera, líder del partido Ciudadanos, impulsa por su parte a Rajoy para que aplique de una vez por todas, el Artículo 155 e intervenga Cataluña.

Nadie sabe si se puede aplicar el Artículo 155 e intervenir Cataluña sin que se produzca la resistencia violenta de los independentistas catalanes.

Pero, el próximo lunes 16 de octubre tanto Puigdemont como Rajoy deberán decidir la suerte de Cataluña, de España y por ende también la Europa.