Los
acuerdos de paz que desmovilizan a las FARC no terminan con el problema del
narcotráfico, incluso podrían estar incrementándolo.
Mientras el proceso de paz en
Colombia se cumple según lo previsto y las FARC deponen y entregan su armamento
(o al menos la mayor parte de él) para transformarse en un partido político
convencional, se hace evidente que, como muchos expertos anticiparon, un sector
de la organización narcoguerrillera, continuará su accionar criminal.
Desaparecida la organización
madre, algunos de los territorios que controlaba y los negocios ilícitos que
llevaba a cabo continuarán en manos de algunos de sus ex miembros o serán
asumidos por otras organizaciones de narcotráfico colombiano, incluso por la otra
gran organización narcoguerrillera el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Cumpliendo con una antigua
regla de la política que indica que todo vacío de poder termina siendo ocupado
por alguien, el rol que las FARC cumplían en el mundo criminal colombiano e
incluso sus negocios internacionales no desaparecerán porque la cúpula
guerrillera haya decidido transformarse en una entidad legal para aprovechar
como políticos convencionales los millones acumulados como narcotraficantes.
Además, no todos los miembros
de narcoguerrilla están en condiciones de cambiar de vida. Algunos de ellos no
conocen otra forma de subsistencia que la llevada a cabo como insurgente en las
selvas y campos.
Incluso aquellas
características personales que les permitían sobrevivir en regiones inhóspitas y
los transformaban en buenos cuadros militares pueden resultar inútiles y hasta
un obstáculo para desarrollar una nueva vida como políticos y conseguir el
apoyo de los votantes.
Otros simplemente no desean
cambiar de vida porque están satisfechos con los beneficios que obtenían como
miembros de las FARC.
Al igual que ocurre en
cualquier conflicto bélico prolongado (y este fue el de mayor duración en el contiene
y se extendió por décadas) cuando llega el momento de la paz los ex combatientes
enfrentan grandes problemas para reinsertarse en una sociedad más normal.
Por lo tanto, a nadie debe
sorprender lo que está ocurriendo en Colombia. Es normal y hasta previsible que
algunos individuos y grupos se nieguen a entregar sus armas y a desmovilizarse
también lo es que los campesinos que siempre han vivido del cultivo de la hoja
de coca y de la minería ilegal no estén dispuestos a cambiar de actividades.
Al margen de los acuerdos
entre los líderes guerrilleros y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos,
en la base la situación se niega a cambiar. Elementos pertenecientes a la
estructura de las FARC continúan con sus actividades de narcotráfico, cobrando
“impuestos revolucionarios” a los campesinos y mineros, secuestrando gente para
cobrar rescates e incluso reclutando niños para mantener sus ejércitos.
En síntesis, el proceso de paz
y la desmovilización de las FARC no han solucionado los problemas de seguridad
en Colombia solo han modificado el panorama.
Hoy el mundo criminal
colombiano está sufriendo un proceso de reacomodo. Aparecen nuevos actores, más
pequeños, posiblemente también más violentos que se disputan los territorios y
los negocios ilícitos. Esto continuará hasta tanto el proceso de “selección
natural” elimine a los grupos más débiles y concentre la actividad criminal en
los más grandes, poderosos y violentos.
Este proceso no es nuevo. Algo
similar ocurrió con la desmovilización de los paramilitares de las
autodefensas, cuando más de treinta grupos iniciales se unieron a menos de media
docena de poderosos ejércitos armados.
El proceso de concentración
siguió durante años, hasta el punto en que actualmente no hay más que una
organización con genuino alcance nacional: el Clan del Golfo.
Es difícil saber cuántas
organizaciones del narcotráfico, además de las FARC, operan actualmente en
Colombia, en parte porque son organizaciones criminales que no hacen públicas
sus actividades, por otra parte, estos grupos suelen ser muy inestables: sufren
fracturas que generan nuevos grupos, las organizaciones más pequeñas son
absorbidas por las grandes o terminan desarticuladas por las fuerzas de
aplicación de la ley.
Sin embargo, hay dos grupos
con presencia nacional que concentran la mayor parte de los negocios ilícitos.
Estos son el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional.
EL CLAN DEL GOLFO
Esta organización también fue
conocida en el pasado como Clan Úsuga, Los Urabeños, Bloque de Héroes de
Castaño y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGG). Emplea su nombre actual
desde junio de 2016 debido a que el centro de sus operaciones se radica
precisamente en el Golfo de Urabá.
Es considerado el grupo
narcoparamilitar más grande, peligroso y mejor estructurado de Colombia, por la
cantidad de miembros, por la extensión del territorio que controla y donde
opera y por el volumen de droga que maneja.
El máximo líder es Dairo
Antonio Úsuga David, alias “Otoniel, Mauricio o Mao”. Se trata de un antiguo
miembro del Ejército Popular de Liberación que después de la desmovilización
del grupo se pasó a las autodefensas.
El gobierno ofrece dos mil
millones de pesos colombianos por datos que conduzcan a la captura de Otoniel y
los Estados Unidos otros cinco millones de dólares.
Las autoridades colombianas
estiman que el Clan del Golfo cuenta con aproximadamente dos mil combatientes,
en su mayoría paramilitares desmovilizados de las Autodefensas de Colombia.
Además de las actividades
vinculadas con el narcotráfico, el Clan vende protección a ganaderos,
comerciantes y dueños de minas ilegales de oro.
El 31 de mayo de 2013, la
Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos incluyó al Clan del Golfo en la “Lista Clinton” como grupo del
narcotráfico y terrorista.
EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL
Es una organización
guerrillera insurgente que opera en Colombia financiándose a través del
narcotráfico y aplicando métodos terroristas.
Fue creado en 1964, por
estudiantes universitarios comunistas encabezados por sacerdotes católicos que
adherían a la llamada “Teología de la Liberación”. En especial, el colombiano
Camilo Torres y el español Manuel Pérez Martínez, alias “Comandante Poliarco”.
La conducción del grupo
actualmente la ejerce un “Comando Central”, compuesto por cinco miembros, entre
los que se cuenta su jefe: Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”.
El ELN es considerado una
organización terrorista por Colombia, Perú, los Estados Unidos, Canadá y la
Unión Europea. No obstante, el ELN es miembro del Foro de Sȃo Paulo, agrupación
de partidos y organizaciones latinoamericanas de izquierda,
Ideológicamente, el ELN
adhirió desde sus orígenes a una interpretación castro guevarista del marxismo
– leninismo y del proceso de toma del poder a través de un foco guerrillero.
Creado con el auspicio de
Cuba, el ELN siempre mantuvo estrechos vínculos con el gobierno de los hermanos
Castro.
Actualmente, las autoridades
colombianas estiman que el ELN cuenta con no más de 1.500 combatientes
distribuidos en siete “frentes de guerra” y áreas estratégicas.
Entre 1985 y 2015, el ELN
secuestró a 6.729 personas de las cuáles 148 habrían muerto durante su
cautiverio.
Desde 2016, el ELN mantiene
negociaciones de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, aunque
esto no ha impedido que el grupo continúe sus actividades criminales. Este
grupo también mantuvo negociaciones de paz en el pasado con otros presidentes
colombianos.
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