En
el plebiscito organizado por la oposición este domingo, 7.186.170 venezolanos se
expidieron contra la Constituyente de Maduro y pidieron la formación de un
gobierno de Unidad Nacional.
El domingo 16 se realizó en
Venezuela el plebiscito convocado por la Asamblea Nacional, dominada por la
coalición opositora reunida en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), para que el
pueblo venezolano decidiera si aceptaba reformar la Constitución de 1999. A
pesar de que la consulta electoral era un requisito necesario para cualquier
modificación de la constitución venezolana, el gobierno chavista se negó a
convocar la consulta.
Por lo tanto, la consulta
opositora fue tachada de ilegal por el presidente Maduro quien no considera
vinculante a su resultado debido a que la misma no fue convocado por el Consejo
nacional Electoral, organismo controlado por el gobierno.
El plebiscito opositor se
realizó bajo la consigna de “El pueblo
decide” y se resolvió en base a tres preguntas: a) ¿Rechaza y desconoce la
realización de una Constituyente propuesta sin la aprobación previa del pueblo
de Venezuela?; b) ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana obedecer y
defender la Constitución de 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea
Nacional?; y c) ¿Aprueba la renovación de los poderes públicos, así como la
realización de elecciones libres y la
conformación de un gobierno de unidad nacional?
Sin contar con recursos
oficiales, la oposición organizó 2.030 “puntos
soberanos” (locales de votación) que contienen unas 14.304 mesas de
votación para que un electorado de 19 millones de electores (en representación
de 31 millones de venezolanos). Los puntos soberanos se establecieron en
parques, plazas, teatros, casas parroquiales, iglesias y universidades. El
episcopado venezolano cumplió un activo papel en la gestión de esta consulta. A
estas mesas asistieron ayer 6.492.381 electores para expresar su voluntad
soberana.
La consulta también se realizó
fuera de Venezuela. En el extranjero se establecieron puestos de votación en
532 ciudades de 82 países, constituyendo 612 “puntos soberanos” para la votación, a los que concurrieron 693.789
venezolanos residentes fuera del país.
En Argentina, se establecieron
puntos de votación en cinco locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sitos
en los barrios de: Palermo, Abasto, las Cañitas, Paseo La Plaza y San Telmo. A
los que se sumaron otros puntos en las provincias de Buenos Aires, Córdoba,
Mendoza, Santa Fe, Jujuy, Chubut y Tierra del Fuego. Al menos, en la ciudad de
Buenos Aires, la concurrencia de venezolanos a estos puntos de votación fue
multitudinaria y se desarrolló en un clima festivo.
El 98,3% de los venezolanos
que votaron aprobaron las tres preguntas planteadas por la coalición opositora.
La consulta popular fue
auditada por cinco ex presidentes latinoamericanos que actuaron como veedores
internacionales enviados por la ONG “Iniciativa
Democrática de España y las Américas” (IDEA).
IDEA es un
foro internacional no gubernamental formado por 35 ex jefes de Estado y de
Gobierno quienes se “ocupan de reforzar
la solidaridad internacional a favor de la democracia, el estado de derecho y
la tutela universal de los derechos humanos”.
Al plebiscito venezolano
asistieron los ex presidentes: Laura Chinchilla, de Costa Rica; Vicente Fox, de
México; Andrés Pastrana, de Colombia; Jorge Quiroga, de Bolivia y Miguel Ángel
Rodríguez de Costa Rica. Los ex mandatarios respondieron a una invitación cursada
por presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges.
Además de los ex presidentes,
unos quince legisladores latinoamericanos concurrieron a Venezuela para observar
el desarrollo de la consulta popular.
Después del cierre de los
comicios, el ex presidente colombiano Andrés Pastrana, declaró: “Hoy ganó la democracia. No hemos visto algo
semejante en el mundo a lo que pasó hoy en Venezuela”.
A la convocatoria electoral de
la oposición se arribó después de más de cien días de violentas protestas
callejeras que dejaron el luctuoso saldo de 96 manifestantes civiles muertos.
La oposición no pudo difundir
su campaña. No tuvo espacios en la televisión controlada por el gobierno y
tampoco pudo fijar afiches en los muros públicos que de inmediato eran
retirados por los “colectivos
paramilitares” chavistas.
Pero, estos obstáculos no
parecieron afectar demasiado la voluntad de los sectores opositores al momento
de dar a conocer su opinión soberana.
Los rectores de las
universidades nacionales actuaron como garantes de la pulcritud y transparencia
del proceso.
Durante el desarrollo de la
consulta popular se produjeron diversos incidentes violentos y en uno de ellos,
en la Avenida Sucre en el sector Catia de la ciudad de Caracas, un grupo de
paramilitares disparó contra un centro de votación provocando dos muertos y
cuatro heridos. En el interior del país también se registraron ataques con un
saldo de heridos y destrucción de materiales de propaganda y cuadernos de
votación.
En la semana previa a la
consulta, el régimen chavista amenazó con bloquear su realización a través de
sus aliados del Tribunal Supremo de Justicia, la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones y del Consejo Nacional Electoral.
En esta forma, el gobierno instó
a los medios audiovisuales a limitar la cobertura con la amenaza de retirarles
la concesión. Finalmente, a través del Consejo Nacional Electoral, el gobierno
organizó un simulacro de votación de la Constituyente, cuyos 545 asambleístas
serán elegidos en realidad, el próximo 30 de julio. “Ese día se define el destino de Venezuela. Vamos a la Constituyente
para salvar a la patria”, afirmó Maduro, cuya gestión rechazan siete de
cada diez venezolanos en medio de la devastación económica y la expansión de la
delincuencia.
Con su plan de generar una
Constituyente el gobierno pretende crear un organismo superestructural con
poder sobre el Congreso y la fiscalía general opositora para eliminar los
últimos focos de resistencia al régimen.
La mayoría de los candidatos a
la Constituyente son aliados del gobierno. El organismo debatirá al menos dos
años, proporcionando en esta forma un pretexto para suspender también las
elecciones presidenciales de 2018.
La exitosa realización de la
consulta popular opositora fue un duro revés para el chavismo. Sin embargo, el
régimen tiene la piel dura y le importa muy poco la opinión de los venezolanos
y las presiones internacionales.
Maduro, mientras mantenga el
apoyo irrestricto de las fuerzas armadas, seguirá adelante con su proyecto de
terminar con todos los espacios opositores en Venezuela indiferente a toda
crítica o presión, aunque tenga que ensangrentar aún más a su país y mantenerlo
internacionalmente aislado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario