sábado, 27 de mayo de 2017

EL RUSIAGATE NO SE DETIENE


Mientras el presidente Donald Trump prosigue la visita a sus aliados europeos, en su país continúan las investigaciones destinadas a esclarecer los vínculos establecidos entre figuras claves de su equipo de campaña e influyentes funcionarios rusos.

EL RUSIAGATE

Tanto la Comisión de Inteligencia del Senado, como el FBI y en una importante porción de la opinión pública existe la percepción de que el resultado de la última elección estadounidense fue manipulado por los rusos.

La pregunta a contestar es si esa manipulación se realizó con la participación de miembros del equipo de campaña del candidato triunfante: Donald Trump.

Las investigaciones en curso ya costaron su cargo al primer Asesor de Seguridad Nacional de la nueva Administración, el general Michael Flynn y al jefe de campaña -hasta agosto de 2016- Paul Manafort quienes no pudieron ocultar sus vínculos y negocios privados con los rusos.

Otros funcionarios sospechados de vínculos con los rusos son el fiscal general, Jeff Sessions y el Secretario de Estado, Rex Tillerson, pero no son los únicos. Ahora, los hombres del FBI, impulsados por el nuevo fiscal especial, el ex Director del Bureau, Robert Mueller -nombrado después de que el presidente Trump destituyera al Director James Comey- están estrechando el cerco sobre los hombres más cercanos al primer mandatario.

En especial, están interesados en lo que tiene para decir el yerno del presidente, el influyente empresario inmobiliario Jared Kushner, quien se desempeña como asesor especial en la Casa Blanca.

UNA MENTE BRILLANTE

Casado con la hija favorita del primer mandatario, Ivanka Trump y padre de tres de los nietos del magnate. Kushner tiene fama de una persona de trato cordial, reservado y aliado incondicional de su suegro, con quién mantiene una relación cercana y de absoluta lealtad.

A pesar de la suavidad y cortesía de que hace gala Jared Kushner es un “Tiburón” de los negocios dotado de gran determinación, una inmensa capacidad de trabajo y la firmeza necesaria para alcanzar sus objeticos.

Jared Kushner nació hace 35 años, en el Estado de Nueva York, en el seno de una acaudalada y muy piadosa familia que practicaba el Judaísmo Ortodoxo Moderno, una corriente que integra la estricta observancia de las reglas religiosas y las costumbres judías a la vida secular. Sus orígenes familiares se remontan a una región de Polonia hoy incorporada a Bielorrusia. Sus abuelos arribaron a los Estados Unidos, en 1949, después de haber logrado sobrevivir a las terribles persecuciones nazis en el Frente Ruso durante la Segunda Guerra Mundial.

Instalados en New Jersey, los Kushner edificaron un poderoso conglomerado de negocios inmobiliarios. En esta tarea destacó el padre de Jared, Charles Kushner, uno de los financistas del partido Demócrata en ese estado.

En la última década la firma The Kushner Co. Ha alcanzado más de 13.000 millones de dólares en transacciones con bienes raíces. En la actualidad la firma posee más de 20.000 departamentos multifamiliares y doce millones de metros cuadrados en espacios para oficinas, instalaciones industriales y locales comerciales distribuidos en cinco estados del país.

Después de un mediocre desempeño en el secundario, Jared ingreso a la Universidad de Harvard donde se recibió con honores de abogado.

En 2005, cuando Jared contaba tan sólo con 24 años, y cursaba su MBA en la Universidad de Nueva York debió abandonar sus estudios para hacerse cargo de la empresa familiar mientras su padre cumplía una condena de dieciocho meses de cárcel por cargos de contribuciones ilegales a campañas políticas, evasión impositiva y manipulación de testigos.

Pese a su juventud, Jared pronto demostró poseer un talento inusual para los negocios.
En julio de 2006, adquirió por diez millones de dólares el semanario bursátil The New York Observer, una publicación de nicho destinada a ser leída por la elite de negocios de Manhattan.

Kushner modificó el formato a tabloide, agregó una versión digital y cambió las estrategias de comercialización, convirtiendo a la publicación en un medio económicamente rentable por primera vez desde su fundación. Aunque el verdadero propósito de Kushner no era obtener grandes ganancias sino adquirir influencia en los negocios y la política neoyorquina.

Sin duda su maniobra financiera más audaz fue la adquisición, en 2007, de una gigantesca torre de oficinas en la 5ta. Avenida, que ocupa casi una manzana en proximidades del Rockefeller Center.

Kushner pagó por el inmueble 1.800 millones de dólares, la suma más alta abonada nunca por un edificio en New York. El joven empresario, sin embargo, no invirtió demasiado de su propio capital en la adquisición, financió la mayor parte de la operación con préstamos de inversores. La operación convirtió a The Kushner Co en una potencia de los bienes raíces en Manhattan y ganó a Jared el respeto de los grandes financistas.

En 2008, cuando estalló la burbuja de las hipotecas subprime, quebró el banco de inversión Lehman Brothers, la economía americana entró en recesión y los precios de los alquileres se derrumbaron, Kushner salió del aprieto refinanciando sus deudas y entregando sólo una parte de esta gran propiedad. Algo que muy pocos empresarios del sector supieron hacer.

En 2009, Jared contrajo matrimonio con su novia, la inteligente, bella, exitosa y adinerada, Ivanka, quien se convirtió al judaísmo para complacer su deseo de una boda ortodoxa. A partir de entonces, el ascenso de Jared en el círculo de negocios y política de los Trump fue imparable.

OPERADOR PRESIDENCIAL

Pronto se convirtió en un asesor y colaborador muy cercano a Donald Trump, una de las pocas opiniones que el magnate tomaba en consideración. Durante la campaña presidencial se convirtió en su verdadera mano derecha. Desplazó impiadosamente a los asesores que no gozaban de su confianza, comando la estrategia digital, contribuyó a la redacción de los discursos de su suegro y operó para él cuestiones sensibles tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. Entre otras gestiones exitosas, se cuenta una operación de cinco meses para concretar una reunión entre Trump y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en plena campaña presidencial, el 31 de agosto de 2016.

Precisamente, las operaciones políticas que realizó en nombre de su suegro lo llevaron a reunirse en varias ocasiones con el embajador ruso en Washington, Sergei Kislayk y con el financista Sergei Gorkov, responsable del banco ruso Vneshconombank, que ha sido objeto de sanciones estadounidenses por el apoyo del Kremlin a los separatistas pro rusos en Ucrania. Gorkov es considerado por la inteligencia americana como un miembro del Sluzhba Vnésney Razvedki (SVR) el servicio de inteligencia exterior de Rusia, heredero del ex Primer Directorio del KGB.

Estos contactos entre Kushner, Kislayk y Gorkov son los que tanto interesan tanto al FBI como a los investigadores de la Comisión de Inteligencia del Senado. Al parecer, en los mismos Jared habría solicitado a los rusos un "canal secreto" de comunicación. El equipo de transición del presidente electo parecía sospechar que sus comunicaciones eran monitoreadas por los servicios de inteligencia estadounidenses y habría intentado mantener en reserva lo que hablaba con los rusos.

Jaime Gorelick, miembro del equipo del abogados de Kushner, informó a la prensa que su cliente "ya se ofreció voluntariamente a compartir con el Congreso lo que sabe de esas reuniones" y que "hara lo mismo si lo contactan en relación con cualquier investigación."

Al asumir la presidencia Donald Trump nombró a su yerno Jared Kushner y a su hija Ivanka como asesores presidenciales ad honorem para eludir las leyes sobre nepotismo que impiden la contratación de familiares en el Estado.

EL CIERRA EL CERCO

Nadie piensa en Washington que Jared Kushner pueda brindar ninguna informacipon que pueda perjudicar en modo alguno al presidente Donald Trump.

No Obstante, cualquier cuestionamiento que la justicia realice sobre Jared Kushner será muy duro de afrontar para el presidente ya que no sólo afectará a su Administración sino también a su entorno familiar más íntimo.

Resulta evidente, sin embargo, que el Rusiagate lejos de atenuarse avanza cerrando gradualmente el cerco en torno del presidente Donald Trump.

Por otro lado, resulta curioso que nadie se haya hecho preguntas sobre los vínculos de Jared Kushner con el gobierno israelí o que nadie cuestione dichos contactos.

viernes, 26 de mayo de 2017

UN GENOCIDA PRÓFUGO DE LA JUSTICIA ESPAÑOLA PARTICIPA DE LA INVESTIDURA DE LENIN MORENO


La presencia de Brahim Ghali, Secretario General del Frente Polisario, un terrorista genocida buscado por la justicia española en el acto de asunción del presidente ecuatoriano Lenin Moreno pone dudas sobre su adhesión a los valores democráticos.

La presencia del líder separatista, Brahim Ghali, en la asunción del presidente ecuatoriano Lenin Moreno y compartiendo la foto con presidentes de países reales indica que los mandatarios latinoamericanos, en muchos casos desconocen con quien tratan y se dejan fotografiar o, lo que sería aún más grave que anteponen la afinidad ideológica al respeto por los derechos humanos.

A la muerte del dirigente histórico del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz, el 31 de mayo de 2016, Argelia impuso en la jefatura del grupo separatista a Brahim al Ghali. Este terrorista fue uno de los fundadores del Frente Polisario y entre 1976 y 1987 se desempeñó como seudo “ministro de Defensa” de la organización separatista.

Desde ese cargo fue responsable de ordenar a las milicias polisarias ejecutar operaciones terroristas. En especial, los ataques marítimos que comandos del Polisario efectuaron contra 34 pesqueros españoles en alta mar. Dichas acciones incluyeron el ametrallamiento de las naves, el secuestro y asesinato a mansalva de sus tripulantes.

En esos años, el terrorismo polisario terminó con la vida de trescientos españoles y otros cientos resultaron heridos, además produjo cuantiosas pérdidas materiales. Todos estos ataques constituyen crímenes de lesa humanidad y se cometieron siguiendo las directivas expresamente impartidas por Brahim Ghali.

Lamentablemente, este no es el único cargo que se formula contra Ghali. Su nombre figura en un lugar destacado entre los veintiocho miembros del Frente Polisario y altos cargos del gobierno argelino que fueron denunciados por la “Asociación Saharaui Pro Derechos Humanos” (ASADEDH) y tres víctimas, en agosto de 2012, ante el Juzgado Central N° 5, del juez José de la Mata, en España.

Los dirigentes polisarios fueron acusados de “genocidio en concurso con asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, tortura y desapariciones forzadas” de ciudadanos españoles de origen saharaui ocurridas, durante décadas, en las cárceles de los campos argelinos en Tindouf.

En esa misma causa, el Juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz acusó al Frente Polisario de “retener contra su voluntad a miles de saharauis en los campos de Tindouf, en Argelia, con la complicidad de Argel.”

Entre los acusados, además Ghali, figuran el ex director general de seguridad militar del Polisario y responsable de las relaciones con la ONU en Nueva York, Mohamed Jadad; el agregado militar en la “Embajada” polisaria en Mauritania, Nabil Kadour y al entonces embajador de Argelia en Rabat, general Omari.

Otros imputados fueron: el fiscal del Polisario en los campos de Tindouf, Sidi Wagag, su ministro de Comunicación, Sidahmed Battal y varios responsables de las cárceles polisarias.

Además, los presidentes latinoamericanos parecen desconocer que los crímenes que se imputan a Brahim Ghali exceden el ámbito de lo político. El dirigente separatista también tiene abierta una causa penal ante la Audiencia Nacional por la violación de una joven saharaui.

La víctima fue la adolescente Jediyetu Mahmud Mohamed Zubair. En 2010, la joven necesitaba de un visado para viajar a Roma que sólo otorgaba el “embajador” del Frente Polisario en Argel, en ese entonces Brahim Ghali.

La joven contactó a Ghali y el funcionario la citó en un horario fuera del habitual. Durante el encuentro Brahim le dijo directamente que si quería el visado debería mantener relaciones sexuales con él. Ante la firme negativa de Jediyetu terminó violándola con la ayuda de otros funcionarios del Polisario, Abderkader Luely Talomar, hijo de un alto dirigente encargado de administrar la ayuda alimentaria internacional y otro empleado de la legación polisaria.

Jediyetu con la ayuda de una ONG y del abogado Agustín de la Cruz Fernández denunció a sus violadores ante la Audiencia Nacional de España y también en la Comisión de los Derechos Humanos de ONU.

Por este delito, Ghali y sus cómplices tienen una causa penal abierta en la Audiencia Nacional y el juez José de la Mata y el magistrado de la Audiencia nacional han determinado que el Secretario General del Frente Polisario es un prófugo de la ley que debe ser detenido si ingresa a territorio español.

Esta es la persona que fue invitada por el presidente saliente Rafael Correa a la ceremonia de transmisión del mando presidencial en Quito. Además, del hecho de que la autoproclamada “República Árabe Saharaui Democrática” es un invento del gobierno de Argelia sin ninguna existencia real. Un conjunto de precarias tiendas situadas en la Hamada argelina y habitadas por población marroquí forzada a permanecer por décadas en precarios campamentos en el Sáhara de ningún modo constituyen un Estado comparable a la Argentina o Chile.

Es por ello, que los presidentes latinoamericanos deberían prestar más atención con quién se dejan ver o salen fotografiados para no prestarse a maniobras diplomáticas y de propaganda diseñadas para intentar dar presencia internacional a grupos separatistas con un pasado de terroristas y genocidas.

Cabe destacar que durante su vista a Quito, Brahim Ghali departió con el presidente de Bolivia Evo Morales y expresó la solidaridad de los separatistas con los reclamos de una salida al mar para el país latinoamericano. Algo que seguramente llenó de alegría a la presidente de Chile, Michelle Bachelet, también presente para el evento.

Por último, como fin de su recorrida turística por la región, Ghali pasará por la Habana para saber cómo quedarán realmente sus relaciones con el gobierno cubano después, de que en un audaz giro diplomático el gobierno de la Isla restableciera, hace un mes, relaciones con Marruecos interrumpidas desde la década de los años sesenta.


jueves, 25 de mayo de 2017

RECAMBIO CORREÍSTA EN ECUADOR


En Ecuador acaba de asumir la presidencia Lenin Moreno, un ex presidente del saliente Rafael Correa, mientras el mundo se pregunta si esto implica un cambio de régimen o tan sólo un poco más de lo mismo.

UNA PESADA HERENCIA

El nuevo presidente Lenin Moreno se convirtió en candidato del oficialismo correísta porque el líder populista Rafael Correa, tras diez años de mandato, estaba imposibilitado por la legislación de presentarse para una nueva reelección.

Entonces, Correa apeló a impulsar la candidatura del dialoguista y poco carismático empresario Lenin Moreno que había sido su vicepresidente en el primer mandato.

Lenin Moreno asume la presidencia con una compleja herencia económica y política.

Después de varios años de crecimiento económico y la aplicación de generosas políticas distributivas, la “Revolución Ciudadana” que impulsaba el presidente Correa entró en crisis.

Se inició a raíz de cambios operados en el panorama económico internacional. Después de un período de “viento de cola” con gran desarrollo y altos precios para las materias primas la situación se modificó abruptamente. La recesión en los Estados Unidos y el derrumbe de los precios internacionales del petróleo se combinaron para poner en jaque a la economía ecuatoriana.

Los intereses del fisco ecuatorianos provienen en un treinta por ciento de sus exportaciones de petróleo y el gobierno de Correa no demostró la mejor capacidad para gestionar la crisis. Pronto Ecuador se sumió en la recesión.

Para colmo, el gobierno se negó a ajustar el gasto público. En los últimos diez años el gasto fiscal pasó del 25 al 44 por ciento del PBI y la deuda externa se incrementó un 150%, alcanzando los 25.680 millones de dólares, el 26,3% del PBI.

Correa pretendió nivelar las cuentas fiscales aumentando los impuestos. Fue como apagar un incendio arrojando un balde de nafta.

El gobierno incremento el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 al 14 por ciento, imponiendo contribuciones “voluntarias” -es decir, obligatoria- a los salarios, a los beneficios obtenidos por las empresas y al patrimonio de los sectores de mayores recursos. Además, incrementó los impuestos a unos tres mil productos importados -ordenadores, telefonía celular, electrodomésticos, etc.- hasta en un 45%.

Las desacertadas medidas gubernamentales provocaron seis semestres consecutivos de contracción de la economía ecuatoriana, precedidos por uno de estancamiento. En 2016, el PBI ecuatoriano se contrajo en un 2,2%.

Pronto la crisis recesiva impactó sobre el nivel de empleo. La tasa oficial de desocupación se mantuvo en el 5%. Pero muchos de los nuevos empleos provenían de una sobredimensionada burocracia estatal. Por ejemplo, Correa incrementó el número de ministerios de 15 a 30.

Al mismo tiempo, se expandió el porcentaje de empleo en la economía informal. El trabajo no registrado comprende al 20% del total y quienes se ven forzados a recurrir a él ganan un promedio de entre uno y dos dólares diarios.

Para complicar aún más las cosas, al gobierno ecuatoriano se le sumaron un devastador terremoto y los efectos climáticos adversos provenientes de “El Niño” provocando daños y pérdidas económicas que se han estimado en unos tres mil millones de dólares.

MORENO AL GOBIERNO, CORREA AL PODER

El nuevo presidente ecuatoriano no sólo enfrenta problemas económicos sino también de gobernabilidad.

Correa, tal como suelen hacer todos los gobernantes populistas, deja una sociedad ecuatoriana divida por una profunda grieta.

Aunque Lenin Moreno es un individuo más dialoguista, menos confrontativo que promete manejarse con mayor mesura frente a la prensa y los políticos opositores, nadie sabe con certeza cuál es su poder real, su autonomía o inclusos sus deseos de producir un cambio en Ecuador.

La mayoría de sus funcionarios fueron designados por Correa, quien además domina al oficialismo, en especial a los legisladores que controlan el Congreso.

El ex presidente ha anunciado su intención de dedicarse a su profesión de economista, en especial a tareas académicas y de asesoramiento, pero, en ningún momento declaró que piensa retirarse de la política.

Entonces, si Correa detenta el poder real detrás del trono cabe preguntarse qué papel cumplirá Lenin Moreno.

Por otra parte, el nuevo presidente tampoco ha enviado señales de que pretenda adjurar de la “Revolución Ciudadana” o cambiar los alineamientos internacionales diseñados por el correísmo, especialmente su apoyo a Nicolás Maduro en Venezuela o sus estrechos vínculos con Cuba.

Mucho menos, Moreno ha aclarado cuál será su aptitud frente a las denuncias de Marcelo Odebrecht, presidente de la firma constructora internacional Odebrecht, de que había pagado sobornos en Ecuador por un monto de 34 millones de dólares, durante los años de gobierno de Correa.

Tampoco ha dicho nada sobre qué hará con respecto a los múltiples escándalos de corrupción e incluso de narcotráfico producidos durante el gobierno de su predecesor.

UNA NUEVA VENEZUELA

Las pocas medidas que ha anunciado el nuevo presidente no han hecho más que incrementar la incertidumbre. Moreno ha suprimido las filípicas sabatinas que pronunciaba Correa, ha reducido en seis el número de ministros como parte de un cambio meramente cosmético.

Al mismo tiempo, el nuevo mandatario ha anunciado que incrementará la obra pública, en especial que construirá 325.000 nuevas viviendas de las cuales 191.000 casas se entregarán sin costo alguno a familias en situación de pobreza extrema, proceso que espera crearán 136.000 empleos. Pero, el presidente ha omitido decir de donde procederán los recursos para tales obras.


Con este panorama, se justifica que muchos ecuatorianos vivan con el temor de que gradualmente su país se convierta en una nueva Venezuela. 

martes, 23 de mayo de 2017

SE CIERNE LA TORMENTA SOBRE AMÉRICA LATINA


En América Latina, la década de los años 10 del siglo XXI posiblemente sea recordada como la “década perdida”. Un periodo signado por la crisis económica, los hechos de corrupción y los problemas de gobernabilidad que impidieron el progreso de la región y dispararon las tensiones sociales.

Los expertos suelen discutir si los problemas económicos derivan en crisis sociales o viceversa. En el caso de la actual crisis que afecta América Latina es muy difícil saber qué fue primero si “el huevo o la gallina”. Es decir, si la crisis económica detonó las denuncias por corrupción o fue la corrupción generalizada la que derivó en problemas de gobernabilidad que a su vez potenciaron el deterioro de la economía.

Lo cierto es que los problemas se iniciaron en los Estados Unidos, en 2008, con el affaire de las hipotecas subprime que provocaron la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers que a su vez llevo la inestabilidad a las bolsas y mercados de los países tecnotrónicos.

En los Estados Unidos la recesión económica hizo resurgir el proteccionismo y la histórica tendencia al aislacionismo de los estadounidenses y terminó proyectado a la presidencia a un líder antisistema: Donald Trump.

En Europa la recesión de la economía y la desocupación gestaron movimientos de “indignados” que a su vez derivaron también en la aparición de partidos y líderes antisistema como el español Podemos. El separatismo catalán e incluso el Brexit son hijos de este proceso.

Lentamente, el crack  económico fue contagiándose del prospero mundo desarrollado a los países más pobres. En un proceso similar a las ondas que produce la caída de una piedra en el centro de un lago. En cada región la depresión de la economía derivó en crisis políticas de diferente naturaleza.

En 2010, el deterioro de la economía y los altos niveles de desocupación en el Norte de África y el Medio Oriente asumió la forma de una “Primavera Árabe”, con reclamos de mayor democracia y libertades ciudadanas. Este proceso introdujo cambios revolucionarios en Túnez, Egipto, Libia, Siria e inestabilidad en otros países de África. Luego la crisis impactó a América Latina con características diferentes pero un mismo origen.

Hoy las grandes economías de la región se ven afectadas por serios problemas que vulneran su gobernabilidad y alejan las tan necesitadas inversiones extranjeras.

México, la mayor economía latinoamericana, enfrenta problemas derivados de su conflictiva relación con su principal socio comercial: los Estados Unidos, gobernados por el imprevisible Donad Trump. Las inversiones han dejado de llegar al país azteca a la espera de definiciones por parte de Trump sobre el tratado de libre comercio entre ambos países. Tampoco ayuda la baja popularidad del presidente Enrique Peña Nieto, la siempre presente actividad del narcotráfico y el riesgo de que, en 2018, alcance la presidencia el izquierdista Andrés Manuel López Obrador.

En Venezuela, la crisis económica unida a la caída de los precios internacionales del petróleo (su principal producto de exportación) y a los desastrosos desmanejos económicos del chavismo crearon una situación explosiva. La inflación estimada para el año 2017 es de casi el 700%, la más alta del mundo, el desabastecimiento de alimentos, medicinas y otros productos de primera necesidad es casi total.

A los avatares económicos se unió la desaparición del líder populista que había creado el régimen, el carismático Hugo Chávez, dinamitando las bases de la gobernabilidad en Venezuela. Hoy el país, en manos del inefable Nicolás Maduro se debate entre la dictadura y la guerra civil, con una serie continua de protestas callejeras que el régimen reprime duramente sin preocuparse por las víctimas letales que provoca.

Brasil no cesa en revolver en las cloacas de la corrupción. El controvertido proceso se inició con la controvertida salida de la presidenta Dilma Rousseff, en agosto de 2016, por medio de un juicio políticos.
El miércoles 17 de mayo, el diario O Globo reveló una grabación en la que Joesley Batista —dueño del mayor frigorífico del mundo, JBS—, le comentaba al presidente Michel Temer, en un encuentro personal, que pagaba una mensualidad al exdiputado Eduardo Cunha en la cárcel. Cunha, aliado de Temer, es el ex presidente la Cámara de Diputados que lideró el proceso de destitución de Rousseff y terminó, a su vez, preso por corrupción. Desde que fue encarcelado el establishment vive pendiente de sus revelaciones que podrían desestabilizar aún más la política y la economía.
Lo curioso es que el punto de inflexión en el juicio contra Rousseff también haya sido la publicación de una escucha telefónica en la que ella y el expresidente Luiz Inácio “Lula” da Silva acordaban el envío de su designación como ministro para que él lo usara “en caso de necesidad”. Quienes protestaban en las calles contra Dilma vieron allí un intento de proteger a Lula de las investigaciones por corrupción y reaccionaron con furor. El partido de Temer, el centrista Movimiento Democrático Brasileño, siempre estuvo involucrado en la investigación “Lava Jato”, que comenzó en Petrobras, y se fue extendiendo a toda la clase política, que fue irrigada con financiamiento ilegal de grandes compañías, muchas de ellas ya involucradas en el petrolȃo. De modo que la sorpresa ha sido más por la grabación en audio del presidente que por la denuncia.
El Partido de la Social Democracia Brasileña —principal nucleamiento de oposición al Partido de los Trabajadores de Dilma y Lula, que hoy sirve como apoyo parlamentario al gobierno Temer— también ha sido golpeado por las revelaciones del miércoles. Su presidente, el senador Aécio Neves, fue grabado en abril pasado solicitando dos millones de reales al mismísimo Joesley Batista. En la conversación, descaradamente, el senador pide que la persona designada para buscar la plata sea alguien “que nosotros podamos matar antes de que delate”.
Al día siguiente de la publicación del audio, en un pronunciamiento público tras una jornada de rumores políticos sobre su renuncia y hasta un cierre temporal de las operaciones de la bolsa de valores para frenar su caída, Temer, que sólo cuenta con el 8% de aprobación, dijo que en modo alguno renunciará a su cargo. Pero, el cuestionado presidente no parece lograr recomponer su base de apoyo político. El proceso podría culminar en un nuevo juicio político para destituir a un presidente en menos de dos años.
Esta semana, la Corte Suprema decidirá si avanza la investigación contra Temer o no. Y no solo la posible complicidad para comprar el silencio de Cunha pesa en su contra. En la misma grabación, Batista dice haber corrompido a dos jueces y un procurador en Brasilia para obstruir investigaciones contra su empresa. Temer, quien tiene la obligación legal de reportar estos delitos, no lo cuestionó. Uno de sus asesores más cercanos también fue grabado por la Policía Federal recibiendo una maleta de dinero por un soborno.
La próxima semana, el presidente también será juzgado por acusaciones de donaciones ilegales para su campaña junto a Dilma, en 2014. Hasta la difusión del audio de Batista se esperaba que la mayoría del Tribunal Superior Electoral lo salvara de perder la presidencia para evitar una nueva crisis política. Ahora, él mismo Temer genera la crisis política y su salida por decisión de la corte electoral se convierte en una posible solución.
El problema es que, si se confirma la salida de Temer, la constitución prevé una elección indirecta, con un nuevo presidente elegido por el parlamento. Con más de la mitad del parlamento involucrado en denuncias de corrupción, esta elección resolvería la vacante presidencial, pero el nuevo presidente no gozaría de mayor legitimidad.
Si Temer logra sostenerse en la presidencia será porque ha convencido al mercado financiero de que su impopularidad puede ser un triunfo. Como no necesita rendir cuentas a una base popular, porque no la tiene, sería la persona ideal para aplicar el amargo ajuste económico necesario para que la economía vuelva a crecer.
La economía de Brasil está estancada, tiene una caída de casi el 10% del PBI en los últimos tres años. La recesión fue del 4% en 2014 y de 3,6% en 2016. El Estado está fracturado por el vacío político y las principales empresas de Brasil y la obra pública – privada se encuentran paralizadas por las investigaciones sobre corrupción y el encarcelamiento de empresarios. Se paralizó el consumo, hay muchas familias endeudadas, caen los salarios, las exportaciones crecen muy poco y el gasto público ha sido congelado para los próximos veinte años…
En abril se realizó el mayor paro nacional en dos décadas y, el 1 de mayo, día de los trabajadores, estuvo marcado por protestas. Pero el gobierno no escucha el grito de las calles. El audio de Temer hizo que resurgiera el grito de “Diretas Já” (Elecciones directas ya), una consigna empleada por la resistencia a la dictadura en los años ochenta. Es difícil saber si el congreso se atreverá a modificar la constitución para convocar nuevas elecciones y tampoco hay un líder capaz de unir al país en la escena política.
Los problemas políticos y económicos que atraviesa Brasil han paralizado al Mercosur e impedido que los países latinoamericanos jueguen un papel protagónico en la búsqueda de una solución para la cuasi guerra civil que vive Venezuela.

Al mismo tiempo, la paralización de la economía brasileña está demorando la recuperación de la economía de la Argentina.

En octubre de 2015, la Argentina fue el primer país latinoamericano en poner un alto en las urnas a la demagogia populista. Después de doce años de manejo autoritario e impune del país, el kirchnerismo fue derrotado en las urnas y el país del Plata inició el duro proceso de la reconstrucción.

El nuevo gobierno, encabezado por el ingeniero y empresario Mauricio Macri heredó un país con alto nivel inflacionario, que en la última década no había llevado a cabo ninguna obra de infraestructura, con tarifas artificiales en los servicios esenciales (combustibles, energía, peajes, etc.), prohibiciones a la compra de divisas y un elevado nivel de inflación y una explosiva situación social donde el 30% de la población se encuentra en la pobreza.

El gobierno de la coalición Cambiemos se esfuerza por poner en marcha al país corriendo los errores del kirchnerismo, en especial, en sacar al país de la recesión y al mismo tiempo reducir gradualmente la inflación.

El problema es que su principal socio comercial se encuentra paralizado, sus exportaciones no crecen lo suficiente y la situación que atraviesa la región no alienta la llegada de las tan necesarias inversiones extranjeras.

Mientras tanto, la oposición peronista y kirchnerista le muerde los garrones intentando desgastarlo para poder recuperar el poder en 2019.

Tampoco, en Chile las cosas están muy bien. La presidente Michelle Bachelet, en esta segunda gestión no las ha tenido todas consigo y también ha sido cuestionada por acusaciones de corrupción que involucran a personas de su entorno más íntimo e incluso de su propia familia.

Los tres primeros años de su segundo mandato han estado marcados por la debilidad de la economía -con un crecimiento medio del 1,9%-, la reducción de la inversión y una fuerte disminución en el precio del cobre. Por si fuera poco, la ciudadanía ha empezado a cuestionar a la clase política por los casos de corrupción. Como resultado, el apoyo a las políticas del Gobierno cayó abruptamente, la popularidad de la presidenta apenas supera el 20% y la cohesión dentro de la coalición gubernamental ha desaparecido.

Tampoco resulta claro quién podría salir triunfante en las elecciones previstas para el próximo 19 de noviembre. Por el momento, el ex presidente conservador Sebastián Piñera (2010 -2014), de 67 años, candidato de la coalición “Chile Vamos”, lidera las encuestas y su principal rival es el periodista Alejandro Guillier, de la alianza izquierdista Nueva Mayoría.


Como puede apreciarse, la situación económica y política de los principales países de América Latina es por demás compleja y no alienta en modo alguno la llegada de inversiones extranjeras y ello no hace más que potenciar la crisis. Es por ello que la presente década seguramente será algo olvidable en la historia latinoamericana del siglo XXI.  

jueves, 18 de mayo de 2017

EL REY MOHAMED VI IMPLEMENTA SU POLÍTICA AFRICANA


Marruecos se asocia a Nigeria en un proyecto de africanos para africanos que potencia el desarrollo económico regional y mejora las condiciones de vida de más de trescientos millones de africanos.

La política africana de Marruecos ha entrado en una fase de concreciones. El rey Mohamed VI está demostrando que los acuerdos firmados con diversos países africanos son algo más que iniciativas diplomáticas coyunturales.

El monarca alauí se esfuerza para construir una África dueña de su propio destino y la materialización de una asociación estratégica para el desarrollo y el crecimiento económico entre Marruecos y Nigeria son un claro ejemplo de ello.

El pasado lunes, el rey de Marruecos presidió la firma de acuerdos destinados a la concreción de un megaproyecto de gasoducto transafricano que conectará a los campos de gas natural del Sur de Nigeria con Marruecos involucrando a seis países africanos: Benín, Togo, Costa de Marfil, Ghana, Senegal y Mauritania.

Se trata del proyecto de desarrollo más ambicioso del continente que tendrá un directo impacto positivo sobre más de trescientos millones de africanos acelerando los proyectos de electrificación en toda la región de África Occidental y permitiendo el desarrollo de un importante mercado regional.

El monarca alauí se esfuerza para construir una África dueña de su propio destino y la materialización de una asociación estratégica para el desarrollo y el crecimiento económico entre Marruecos y Nigeria son evidencia de ello.

El proyecto comenzó a tomar forma durante la exitosa visita de Estado que efectuó a Abuja, el año pasado, el Rey de Marruecos. Durante la misma la hábil diplomacia desplegada por Mohamed VI logró forjar un vínculo de afinidad con el presidente Muhammadu Buhari que permitió superar distanciamientos del pasado -tradicionalmente Nigeria mantenía fluidos vínculos con Argelia con quien compartía intereses en la OPEP- para avanzar en una más productiva asociación para el desarrollo.

Allí tomaron forma proyectos tales como el citado gasoducto y la cooperación entre ambos países para encarar la producción conjunta de fertilizantes que permita a Nigeria alcanzar su tan ambiciosa autosuficiencia agrícola.

El proyecto de mega gasoducto involucra como partes a la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas de Marruecos y la Compañía Nacional de Petróleos de Nigeria en asociación con Ithmar Capital, el Fondo de Riqueza Soberana de Marruecos y la Autoridad de Inversión Soberana de Nigeria que establecieron un “Acuerdo de Asociación Estratégica” y un “Memorando de Entendimiento” para realizar inversiones en sectores estratégicos que incluyen seguridad alimentaria, energía renovable e infraestructura.

La Asociación Nigeriana de Productores y Proveedores de Fertilizantes -FEPSAN según sus siglas en inglés- y se centrará en la exploración y explotación de las reservas de fosfatos en los Estados del Sur de Nigeria (Sokoto, Ogun, Edo e Imo).
Los acuerdos suscriptos entre Marruecos y Nigeria facilitaran a todos los países involucrados la posibilidad de contar con energía barata para el desarrollo de, entre otras, agroindustrias, producción de alimentos y fertilizantes, mejorando el intercambio comercial entre países africanos. Actualmente, el intercambio comercial entre los países africanos constituye tan sólo el 17% del total continental. Este porcentaje es mucho más bajo que el registrado entre los países de América y Asia. 

Este típico ejemplo de cooperación Sur – Sur que postula como política de Estado, el rey Mohamed VI combina las grandes reservas gasíferas de Nigeria con la capacidad de Marruecos para diseñar y gestionar megaproyectos de inversión en el campo de la ingeniería.

La experticia marroquí se ha visto claramente en la implementación de gigantes proyectos de desarrollo como el puerto mediterráneo de Tánger Med y la construcción del mayor parque productos de energía solar del planeta en Uarzazate.

Resulta evidente que para Mohamed VI la diplomacia debe ser acompañada con acciones concretas que materialicen los acuerdos suscriptos a alto nivel y beneficien realmente a los pueblos africanos.

El desarrollo sustentable de África es un objetivo prioritario y permanente para el monarca marroquí, de ninguna manera un simple instrumento para aumentar sus márgenes de maniobra diplomática regional.

Así lo demuestran en forma terminante sus reiterados esfuerzos para convertir los convenios suscriptos con diversos países en proyectos reales y concretos.



miércoles, 17 de mayo de 2017

ELECCIONES PARLAMENTARIAS DESNUDAN LA CRISIS EN ARGELIA


Las elecciones parlamentarias realizadas en Argelia, el pasado 4 de mayo, mostraron que la abstención y el voto en blanco son evidencia de la indiferencia y el rechazo de la población hacia un gobierno dictatorial alejado de los graves problemas del ciudadano común.

La República Argelina Democrática y Popular ha llevado a cabo la semana pasada las elecciones parlamentarias con menor participación electoral de su historia (35, 37% del padrón y donde los votos en blanco a los votos obtenidos por el partido triunfador, el oficialista Frente de Liberación Nacional.

Argelia está gobernada desde hace dieciocho años por el presidente Abdelaziz Buteflika, un anciano de 80 años, electo por cuatro periodos presidenciales consecutivos y que se encuentra desde hace años recluido en una silla de ruedas debido a un infarto cerebro arterial que también afecto su dicción.

Buteflika es el último exponente de un liderazgo forjado en la lucha contra el colonialismo francés que en 1962 optara por un modelo de socialismo al estilo soviético para el desarrollo del país después de la independencia.

Hoy en el poder real reside en los altos mandos de las fuerzas armadas y la figura de Buteflika y el FLN es sólo una máscara que preserva el statu quo y una ficción de democracia demorando una abierta lucha por el poder entre los militares.

Cincuenta años después es evidente que el modelo soviético como vía al desarrollo no ha funcionado en Argelia. El país se sostiene precariamente merced a las exportaciones de hidrocarburos -que componen el 95% de sus exportaciones totales-.

Mientras que la economía se ve desbastada por una desocupación estructural (25% entre los jóvenes y 10% en población económicamente activa), la corrupción generalizada y la falta de inversiones extranjeras.

Para colmo de males el descenso de los precios internacionales de petróleo, de donde  el 60% de sus ingresos ha dejado al Estado sin recursos, a punto tal que la empresa COSIER TP, la primera empresa argelina en el sector de la construcción, obra pública y viviendas, que incluso presume de ser la octava empresa en importancia del continente en este rubro, se encuentra en cesación de pagos debido a que el Estado argelino no le ha abonado las muchas obras que ha construido para él.

Actualmente, Argelia no fabrica ni cucharillas, importa muchos productos de primera necesidad que podría producir fácilmente y por sí misma. De algún modo, Argelia se parece a Venezuela, otro país en el que las rentas por una gran producción de hidrocarburos caminan paralelas al pesimismo político y al hundimiento

En este contexto el electorado argelino tenía poco interés en los comicios. El gobierno sabiendo esto realizó ingentes esfuerzos para estimular la participación electoral. Contrató para ello campañas publicitarias, recurrió a exhortaciones por parte de personajes célebres e imanes. Incluso el primer ministro Abdelmalek Sellal, lanzó un insólito mensaje animando a las mujeres a pegar con un palo a sus esposos para que concurrieran a las urnas.

La oferta política aparente era múltiple y muy plural: unos 12 000 candidatos de 63 partidos y listas independientes que optaban a un total de 462 escaños de la Asamblea Nacional Popular (ANP, la cámara baja del sistema argelino). Pero los más de 23 millones de votantes que formaban parte del padrón electoral tenían una experiencia amarga: muy pocas veces el voto de los argelinos modificó las estructuras del “régimen”, “del poder”, como se repite habitualmente en las calles de Orán o de Argel.

Pero todo resultó infructuoso para romper con el hartazgo generalizado del electorado argelino.


Gran parte de la población se negó a concurrir a las urnas pese a la amenaza de sufrir multas pecuniarias y otras sanciones administrativas. Incluso de los ocho millones de votantes que concurrieron a las urnas, una mayoría de dos millones voto en blanco. Con estos porcentajes, la victoria del FLN con escasos 1.600.000 votos es un duro revés para el régimen. 

EL STABLISHMENT NO DA TREGUA AL PRESIDENTE TRUMP


El enfrentamiento que el presidente Donald Trump mantiene con los medios de prensa tradicionales, los periodistas y el personal de los servicios de inteligencia de su país puede terminar conduciéndolo a un juicio político.

La semana pasada fueron las críticas generadas por el despido del Director del FBI, James Comey, hoy son las filtraciones sobre temas de inteligencia dadas a conocer en forma muy genérica, imprecisa e irresponsable, por el diario The Washington Post las que ponen en jaque a la Administración Trump.

A los críticos de Trump no parece realmente importarle que el ex Director Comey fuera un individuo sinuoso embarcado en una puja de poder contra su propio gobierno.

Tampoco se han detenido a considerar que la denuncia de The Washington Post, al hacer públicos los temas tratados en secreto entre el presidente Trump y el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, han sido más perjudiciales para la lucha contra el terrorismo del Estado Islámico que cualquier información intercambiada a alto nivel por el mandatario estadounidense.

Mientras que el presidente Trump mantuvo un habitual intercambio de información de inteligencia con un país aliado en el marco de un encuentro a puertas cerradas del cual no se hizo trascender a la prensa los temas tratados.

La denuncia de The Washington Post si hizo trascender detalles sobre los temas tratados e hizo públicos detalles sobre la información intercambiada, su procedencia y otros datos que serán, sin dudas, útiles a los terroristas yihadistas del Estado Islámico para ajustar sus planes y anticiparse a las contramedidas que puedan establecer Estados Unidos y Rusia.
Cabe preguntarse quién fue más dañino para la seguridad de los Estados Unidos, su presidente informando en secreto a un país aliado o el Post revelando al mundo entero sobre que hablaron Trump y Lavrov. El matutino incluso lanzó incluso especulaciones sobre si el primer mandatario entregó a Rusia más o menos información que a otros países aliados. Todo muy impresentable.

A decir verdad, el presidente Trump está facultado para decidir qué información transmitir en forma oficial a otros países en el marco de la lucha contra el terrorismo.

Sin embargo, la oposición aprovecha cada ocasión disponible para detonar un supuesto escándalo que desgasta a la Administración Trump, para ello emplea desde acusaciones sobre vínculos extraños con el gobierno ruso hasta falaces diagnósticos médicos sobre la edad mental del presidente. Toda munición sirve en esta guerra mediática.

El objetico de la oposición es forzar al gobierno a justificar continuamente cada decisión o medida adoptada y creando ante la opinión pública de que el presidente Trampa transita siempre al borde de la ilegalidad y no es apto para gobernar.

Este juego no deja de ser peligroso. Aún en el hipotético caso de que el presidente Trump termine siendo sometido a un juicio político y finalmente destituido de su cargo, el precio que pagará la sociedad americana en este proceso sería altísimo.

Recordemos que a los Estados Unidos le tomó casi una década superar el trauma social generado por el efecto combinado de la retirada de Vietnam y el Sudeste Asiático y el affaire Watergate que llevó a la renuncia del presidente Richard Nixon.

Quienes agitan las aguas contra el presidente Trump deben considerar detenidamente cual será el daño provocado por la grieta generada en la sociedad americana y como lograrán los estadounidenses superar esta encrucijada histórica sin precedentes.

Al mismo tiempo, los medios de prensa estadounidenses -y los del resto del mundo también- deben dejar de practicar el “periodismo militante” y retornar a la objetividad e independencia que la ética de esta profesión requiere.