LA CRISIS EN VENEZUELA

Mientras el mundo contiene la respiración por el cruce amenazas nucleares que intercambian los Estados Unidos y Corea del Norte, en Venezuela se vive otro drama que amenaza con cubrir de sangres al país.

EL FIN DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

La muerte del presidente Hugo Chávez Frías, “El Comandante Eterno” de la Revolución Bolivariana y el deterioro de la economía venezolana por la caída de los precios internacionales del petróleo y el desastroso manejo económico del chavismo terminaron por precipitar a Venezuela en un abismo que no parece tener fondo.

En las elecciones de diciembre de 2015, después de 17 años de la llamada “Revolución Bolivariana”, la oposición, reunida en la Mesa de Unidad Democrática, obtuvo 112 escaños en la Asamblea Nacional de 167 asientos, mientras que el oficialista Partido Socialista Unificado de Venezuela y sus aliados conservaron 55 escaños. La votación tuvo una participación de 74.17%, y fue organizada por el mismo consejo electoral nacional (CNE) que había supervisado elecciones anteriores ganadas por el partido del gobierno. No había duda, entonces, de que la votación era justa y de que la oposición había recibido un mandato claro para el cambio.

Sin embargo, todas las leyes aprobadas desde entonces por la Asamblea Nacional han sido bloqueadas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro y por sus aliados en el Tribunal Supremo de Justicia. En múltiples ocasiones, los legisladores de la oposición agredidos por la Guardia Nacional, la policía y otros partidarios del gobierno. Mientras todo esto sucedió, la economía controlada por el Estado implosionó, lo que llevó a la escasez de alimentos y medicinas. 

Paralelamente, la inseguridad alcanzó cifras récord. Caracas se convirtió en la ciudad con más violenta del mundo con 130 asesinatos cada 100.000 habitantes y cuadro ciudades venezolanas se situaban entre las diez con mayores asesinatos del mundo.

Relevantes figuras del régimen chavista enfrentan acusaciones de vínculos con el narcotráfico, en especial con el “Cartel de los Soles”, narco – organización formada por militares de alto rango. Incluso el vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami enfrenta un procesamiento ante la justicia de Nueva York por narcotráfico, lavado de dinero y venta de documentos y pasaportes venezolanos a personas del Medio Oriente vinculados con el terrorismo y el tráfico de drogas.

Mientras tanto los venezolanos más pobres se veían obligados a alimentarse de los contenedores de residuos, las protestas y los dirigentes opositores, además de detenciones injustificadas y represión, sufren la proscripción política.

LA RESISTENCIA CIVIL

En las últimas semanas la oposición apeló a la resistencia civil para contener el golpe de Estado llevado a cabo por el chavismo al disolver la Asamblea Nacional. Ha ganado la calle con protestas violentamente reprimidas por el gobierno del presidente Maduro al costo de siete muertos y cientos de manifestantes heridos.

En medio de esta crisis, el presidente Nicolás Maduro, anunció ayer que se ha aprobado un plan para ampliar a 500.000 los miembros de la “Milicia Bolivariana”, un cuerpo paramilitar que, armados con fusiles AK-47, se desplegarán en todas las zonas para la defensa del país.

“Un fusil para cada miliciano”, dijo el jefe de Estado en uno de sus encendidos discursos que habitualmente transmite en cadena de radio y televisión.

El presidente indicó que la meta final, “grande pero indispensable”, es “ir a la organización y entrenamiento de un millón de milicianos (...) organizados, entrenados y armados para defender la paz” ante supuestos intentos de la oposición de promover una intervención internacional.

La Oficina del Alto Comisionado de la Organización para las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos advirtió hoy que la entrega de armas a civiles en Venezuela sólo exacerbará la tensión y el conflicto en el país.

“Lo que se necesita en este contexto de conflicto es que la tensión se apacigüe, no que se incremente, y cuantas más armas en la calle más posibilidades de que puedan ser usadas”, indicó el portavoz de la Oficina, Rupert Colville.

“Y dar armas a los civiles implica muchísimo riesgo”, agregó.

Colville recordó al Ejecutivo nacional que la libertad de congregación y manifestación es un derecho humano universal y que por lo tanto debe respetarse. Dicho esto, también se refirió a los manifestantes y les dijo que deben protestar “de forma pacífica”.

“Reiteramos al gobierno que no debería haber detenciones masivas ni indiscriminadas y que el Ejecutivo debe hacer todo lo posible para apaciguar la tensión”.

Colville solicitó al gobierno de Maduro que lleve a cabo “una investigación imparcial” de todos los actos violentos ocurridos en el contexto de las protestas y especialmente “los que han acabado con la muerte de personas”.

“La situación está muy volátil y cualquier muerte violenta debe ser investigada de forma profunda e imparcial”, reiteró, en referencia a las siete muertes violentas en el contexto de agitación civil que vive el país.

Mientras tanto diversos sectores sociales se han plegado a la oposición parlamentaria para impulsar una salida electoral anticipada que resuelva la crisis.

Varios gremios y asociaciones civiles de Venezuela informaron que participarán en la marcha, del miércoles 19 de abril, que fue convocada por la opositora Mesa de la Unidad Democrática para manifestarse contra lo que consideran un “golpe de Estado” y una “ruptura del hilo constitucional” en el país.

Sindicatos, organizaciones no gubernamentales, familiares de políticos presos, asociaciones de abogados, de pensionados y jubilados, de estudiantes, y otras agrupaciones presentaron en la Asamblea Nacional sus propuestas para “el rescate del hilo constitucional”.

El primer vicepresidente de la Cámara, Freddy Guevara, los llamó a avanzar “en la escalada de presión contra la dictadura este 19 de abril”. El opositor explicó que esta movilización busca apoyar el proceso que inició el Parlamento para destituir a los siete magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que firmaron dos sentencias por las que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, declaró que se había roto el hilo constitucional.

“Estamos ganando la partida” y el 19 será “una movilización gigantesca, masiva, que le pase por encima a todos los obstáculos que le pongan para que pueda llegar a su destino”, prosiguió Guevara quien se mostró de acuerdo con que el chavismo también marche ese día pues, afirmó, “Caracas es muy grande”.

Por su parte, el consultor jurídico del Parlamento, Jesús María Casal, aseguró que miles de abogados se congregarán para solicitar al Consejo Moral Republicano, una instancia del Poder Ciudadano, que avale la remoción de los magistrados.

Además, instaron a la Cámara a revocar el estado de excepción instaurado por el presidente Nicolás Maduro desde hace más de un año pues, aseguró, el jefe de Estado se ha valido de este estatus para violar la Constitución.

Todas las agrupaciones manifestaron su intención de marchar el próximo miércoles y la mayoría de ellas pidió un punto especial entre los 26 dispuestos por la MUD en toda la capital venezolana para esta movilización.

Entretanto, la representación estudiantil indicó que establecerán una comisión para hacer seguimiento al trabajo entre el Parlamento y los sectores sociales, al tiempo que anunció que los universitarios mantendrán “la lucha en la calle activa” incluso después del miércoles.

Así planteada la situación, el gobierno ha militarizado al país y movilizado a sus milicias para intentar neutralizar la protesta. En tanto, la oposición se refuerza con sectores sociales y promete paralizar Caracas y las principales ciudades del país hasta que el gobierno anuncie una fecha para realizar elecciones generales.

Ambas posiciones son irreductibles y todo está dado, lamentablemente, para que se incremente la violencia en Venezuela