VENEZUELA AMENAZA LAGOBERNABILIDAD DE AMÉRICA LATINA

El reciente golpe de Estado llevado a cabo por el régimen chavista en Venezuela constituye un reto para los gobiernos democráticos de América Latina. Si se permite que impunemente se vulnere el orden constitucional en un país de la región se establece un peligroso precedente que abre las puertas a la aparición de otros gobiernos de facto.

No hay que llamarse a engaño, la supresión de la Asamblea Nacional de Venezuela bajo el subterfugio de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia no es otra cosa que el paso final de un golpe de Estado que comenzó a gestarse en diciembre de 2015 cuando el chavismo resultó derrotado en las elecciones legislativas.

Amparándose en el Tribunal Supremo de Justicia, el presidente Nicolás Maduro y el chavismo han abandonado la mascarada democrática dejando ver claramente lo que siempre han sido: una dictadura populista y personalista similar a la que desde 1959 oprime al pueblo cubano.

No debemos engañarnos en la Venezuela bolivariana no gobierna el “socialismo del siglo XXI” o el inefable presidente Maduro. El verdadero poder en Venezuela está en manos de los altos mandos de las Fuerzas Armadas que mantienen a un régimen corrupto y delirante que ha destruido la economía venezolana y hambreado a su pueblo poniéndolo en un nivel de tragedia humanitaria.

Los militares venezolanos permiten los atroces desaguisados del chavismo porqué se benefician del clima generalizado de corrupción e impunidad que les permite continuar con sus cada vez más inocultables actividades de narcotráfico.

Tanto las principales figuras del régimen bolivariano como los altos mandos militares saben que permitir elecciones libres implica perder el poder y posiblemente terminar sus días en la cárcel. Frente a esa alternativa los riesgos del golpe de Estado, el establecimiento de una dictadura total y el repudio y aislamiento internacional son peligros menores.

¿Qué pueden hacer los gobiernos democráticos de la región frente al hecho consumado de una dictadura en Venezuela? Las alternativas son tres. La primera es no hacer nada, limitarse a expresar preocupación y seguir simulando que nada ha pasado y que Venezuela continúa siendo una democracia, con algunos problemas de derechos humanos, pero democracia aún. En el otro extremo se sitúa la posibilidad de una intervención militar internacional para restaurar la democracia. Esa alternativa no goza de consenso entre los países americanos, además requeriría de la decisiva participación de Washington, uno país con medios militares para garantizar el éxito de esta iniciativa. La Administración Trump, aunque no simpatiza con el chavismo, tiene demasiados compromisos internacionales como para encarar una acción decisiva en el continente americano. Especialmente, porque una acción militar contra Venezuela despertaría, sin lugar a dudas, la firme oposición de Cuba, Rusia, China e incluso Irán, sólidos aliados internacionales del régimen de Caracas.

La tercera alternativa está más alcance de las potencialidades de los gobiernos latinoamericanos. Consiste en la imposición de sanciones económicas y el aislamiento diplomático de Venezuela. Lamentablemente, este curso de acción ha demostrado su fracaso cuando se lo aplicó contra Cuba.

No obstante, los países latinoamericanos deben encontrar una estrategia adecuada para no ser cómplices silenciosos del establecimiento de otra dictadura en el continente que servirá de aliento al golpismo en la región.

Frente a este panorama, posiblemente triunfe la idea de imponer algún tipo de sanciones al régimen bolivariano. Algunos países parecen haber tomado ya ese rumbo. Perú retiró en forma permanente a su embajador, Colombia llamó “en consulta” al suyo y los países del Mercosur se reúnen de emergencia para consensuar una política común.

Seguramente, Venezuela no podrá evitar algún tipo de consecuencias diplomáticas adversas por llevar a cabo un golpe de Estado. Al menos por un tiempo…

Estas sanciones sólo servirán para que el régimen se radicalice aún más y descargue toda su intolerancia e impotencia sobre la oposición interna. También el chavismo se hará aún más dependiente de sus pocos aliados internacionales.

También es posible que Maduro, siguiendo el ejemplo de lo realizado por los hermanos Castro en las décadas de los años sesenta y setenta, comience a financiar y apoyar políticamente a todo grupo afín ideológicamente que hostigue a los gobiernos latinoamericanos que más lo censuren.

Esto es precisamente lo que ocurre en Argentina, donde el régimen de Maduro alienta y financia el activismo kirchnerista que hostiga al gobierno de Mauricio Macri.

Desde sus tiempos como Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Macri mantiene fuertes vínculos con sectores de la oposición venezolana, en especial con Lilian Tintori, y ha reclamado reiteradamente la liberación de los presos políticos de ese país.

Esto ha llevado a que Maduro lo convirtiera en centro de su ira y no ahorrara descalificaciones e insultos para referirse al mandatario argentino.

Como Macri recibe a Tintori y reclama por la democracia en Venezuela, Maduro hace lo propio con el kirchnerismo y demanda la liberación de dirigente indigenista Milagro Sala presa por intimidación pública y malversación de fondos públicos.

En consecuencia, es de esperar que los hombres del SEBIN, el servicio de inteligencia bolivariano, estén más activos que nunca multiplicando sus contactos con legisladores, políticos, periodistas y organizaciones de activistas que le son afines en toda la región.

En esta tarea seguramente contarán con la asistencia y respaldo de la red de agentes de influencia al servicio de países como Cuba, Irán y probablemente Rusia.

Por lo tanto, lo que sucede en Venezuela no sólo afecta a los venezolanos, sino que constituye una grave amenaza para la gobernabilidad en América Latina.