sábado, 25 de febrero de 2017

ALTOS ÍNDICES DE CRIMINALIDAD RETRASAN EL DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA


Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo revela que la delincuencia consume el 3,5% del PBI regional demorando el crecimiento económico de América Latina.

El Bando Interamericano de Desarrollo ha dado a conocer el revelador informe “Los costos del crimen y la violencia”, un estudio realizado sobre diecisiete países de América Latina y del Caribe.

En esta región vive el 9% de la población mundial, pero concentra un tercio de los asesinatos que se comenten en el mundo.

La criminalidad y la violencia consume el 3,5% del PBI regional, una cifra que casi duplica los costos estimados en países desarrollados como Australia, Canadá, Francia, Reino Unido y los Estados Unidos.

El costo anual promedio del crimen y la violencia en los países analizados, entre 2010 y 2014, fue estimado en 216.000 millones de dólares, una cifra similar la invirtió la región en infraestructura, en igual período.

Las altas tasas de homicidios es uno de los principales factores que inciden en los altos costos sociales del delito. El costo promedio de los asesinatos representa entre 10.000 y 14.000 millones de dólares anuales.

Su incidencia se estima, principalmente, calculando los ingresos que dejan de producir tanto la víctima como el victimario, en el hipotético caso de que este sea identificado, juzgado y encarcelamiento por su delito.

Pese al creciente número de femicidios, el 90% de las víctimas de homicidios en la región siguen siendo hombres de entre los 15 y los 30 años de edad, el sector poblacional de mayor productividad laboral potencial.

El diez por ciento restante de las víctimas de homicidios son mujeres, lo que significa una tasa del 4,3 por cada 100.000 habitantes casi el doble del promedio mundial.

Los altos niveles de criminalidad, aun cuando un mínimo porcentaje de los delitos cometidos pueden redundar en condenas efectivas de cárcel, generan una creciente población carcelaria que pone en crisis a los sistemas penitenciarios de la región.

En 2014, el gasto público promedio de la región en el sistema penitenciario fue de 7.832 millones de dólares, cifra que representa el 0,2% del PBI, cerca del doble de lo gastado en 2010. Una cifra similar dejó de percibir la economía regional por la falta de trabajo de su población de reclusos.

Por otra parte, el endurecimiento de las penas, empleado por las autoridades como elemento disuasorio del delito, ha aumentado los costos sociales de la criminalidad.

Mayor cantidad de reclusos implica más gasto público, superpoblación carcelaria y, potencialmente, mayor corrupción y un incremento en el impacto económico y social sobre el entorno familiar de los reclusos, quienes en su inmensa mayoría suelen ser hombres de bajos recursos, parcialmente alfabetizados, sin capacitación laboral, pero en edad de trabajar.

Al mismo tiempo, las políticas de resocialización de los ex convictos son en muchos países inexistentes o bien ineficaces para romper el ciclo de la pobreza, marginalidad y violencia que continúa alimentando de población a las prisiones de la región.

Lamentablemente, este interesante informe del BID ha omitido considerar, entre otros factores, la resistencia de las víctimas a reportar a las autoridades los delitos. Muchas víctimas omiten denunciar los ilícitos que sufren por temor a represalias por parte de los delincuentes o porque considera que la policía no hará nada por dar con los culpables o la justicia por condenarlos.

El informe tampoco contempla la incapacidad de las autoridades políticas para recopilar información certera sobre la evolución de la criminalidad, y en algunos casos, la falta de voluntad de los gobiernos para hacer públicos estos datos.

En Argentina, por ejemplo, durante los años del kirchnerismo, el gobierno afirmaba que “la inseguridad era tan sólo una sensación” generada por los medios de comunicación al exponer reiteradamente un corto número de hechos.

Por lo tanto, el gobierno de Cristina Kirchner se negó sistemáticamente a dar a conocer datos oficiales sobre criminalidad, reincidencia de los delincuentes, costos del delito, etc.
En síntesis, puede inferirse que los datos revelados por el informe “Los costos del crimen y de la violencia” realizado por el BID, son, en la práctica, tan solo estimaciones muy conservadoras de una realidad aún más preocupante.