domingo, 18 de diciembre de 2016

VENEZUELA CADA DÍA MÁS POBRE Y MÁS SOLA


Primera Entrega

La prolongada crisis económica e institucional que padece Venezuela va agotando sus alianzas regionales y sumiendo al país en un aislamiento internacional sin precedentes en la historia.

La presente nota es la primera entrega de una serie destinada a reseñar la compleja situación que hoy vive el país caribeño.

EL CORRALITO VENEZOLANO

El gobierno venezolano se debate entre la inoperancia y el cambio de las condiciones internacionales -descenso de los precios del petróleo- que impiden la recuperación de la economía. Venezuela registra el peor desempeño entre los 190 países relevados por el FMI en 2016. Su mercado se retraerá un 8%, por encima de otras débiles economías mundiales como Sudán del Sur o Guinea Ecuatorial, y muy por arriba de lo que se contrajo en 2015, que fue el 5.7%.

Esta semana, el presidente Maduro ordenó el retiro de todos los billetes de 100 bolívares en circulación en el plazo de 72 horas, aunque luego extendió el plazo hasta el 2 de enero, prometiendo su reemplazó por otros billetes de mayor denominación. Estos billetes constituyen entre el 60 y el 70% de la masa monetaria del país, aunque al cambio en el mercado paralelo 100 bolívares equivales a 5 centavos de dólar.

Al mismo tiempo ordenó el cierre de las fronteras con Colombia y Brasil para evitar que reingresen los billetes venezolanos que por diversas causas salieron del país.
La medida, que en un principio fue interpretada como un nuevo acto irracional del temperamental mandatario, en realidad encierra el propósito de reducir bruscamente el dinero circulante en el país y por ende terminar con la hiperinflación, que el FMI ha estimado en 475% para el año que finaliza.

Lógicamente, la medida descarga brusca y brutalmente el peso de la crisis económica sobre la población de menores recursos, en especial sobre los que viven de la economía informal, los campesinos y habitantes de las zonas rurales y fronterizas. Estas personas no están bancarizadas en absoluto y terminarán acumulando en sus manos un pequeño monto de billetes que no tendrán curso legal ni valor real. Se estima que sólo el 40% de la población venezolana posee una cuenta bancaria.

La medida se complementa con la carencia de billetes de mayor denominación (500, 1.000, 2.000, 10.000 y 20.000 bolívares) para el recambio, lo que obliga a los venezolanos a entregar todo su dinero físico a cambio de un asiento contable en un banco, que sólo el Estado venezolano sabrá cuándo, cómo y a quién le reintegrará en billetes.

En otras palabras, se trata de una expropiación lisa y llana del dinero de los venezolanos por parte del gobierno chavista.

Aunque la modalidad en que se ha instrumentado la medida es original. La cuestión de fondo -apropiación del ahorro del pueblo por parte de un Estado autoritario e ineficaz- no es nueva en América Latina.

EL CASO ARGENTINO

Los argentinos solemos pasar, aproximadamente cada diez años, por crisis similares. Quién ha vivido varias décadas como yo, debe recordar varias situaciones similares.
Recordemos, por ejemplo, los títulos públicos del “Empréstito de Recuperación Nacional del 9 de Julio” que fueron emitidos por el Ministro de Economía, Álvaro Alsogaray, en el año 1962, por la suma de 15.000 millones de pesos moneda nacional, con un interés del 7 % y por un plazo de 25 años.

Dentro de esta emisión se realizaron también “Certificados Fraccionarios” y “Títulos Provisorios” que se utilizaron para el pago de haberes a empleados del Estaodo y jubilaciones. El dinero de los bonos enseguida se devaluó y en 1963 representaba el 70 por ciento del real.

En el año 1963 se acortó el plazo original de 25 años, reduciendo la vida del empréstito a diez años. Finalmente, en 1967, los bonos se cotizaban al 1% de su valor nominal. Algunos bancos e inversores audaces hicieron un gran negocio, la población perdió buena parte de sus ingresos. El último servicio de amortización de estos títulos públicos se efectuó en agosto de 1972.

En 1975, la presidente María Estela Martínez Carta de Perón, asesorada por su ministro y secretario privado José López Rega, permitió que el ministro de Economía, Celestino Rodrigo aplicara una política de shock, que los argentinos recordarían como “El Rodrigazo”, incrementando brutalmente el costo de los combustibles, la energía, los impuestos y otras cargas. La medida disparó la inflación al 100% en pocos días licuando los ahorros en pesos de la población y generando desabastecimiento y encarecimiento de los bienes de consumo. Luego la inflación fue incrementándose gradualmente, hasta arribar al 400% en los días previos al infausto 24 de marzo de 1976, en que los militares llevaron a cabo el último golpe de Estado militar en Argentina.

El 17 de noviembre de 1982, se llevó a cabo la estatización de la deuda de los grandes grupos empresarios privados. Durante la presidencia de facto del general Reynaldo Bignone se estatizó la deuda privada por un monto aproximado de U$S 15.000 millones. El Presidente del Directorio del Banco Central de la República Argentina era por entonces Domingo Felipe Cavallo, quien tendría incidencia en otras etapas de fuerte crecimiento de la deuda pública de nuestro país, en los gobiernos democráticos subsiguientes.

Todos los argentinos agradecemos a Raúl Alfonsín por ayudarnos a recuperar la democracia, en 1983, pero no somos pocos los que recordamos el desquicio económico que se vivió durante su gobierno.
En febrero de 1985, el presidente Alfonsín designó ministro de Economía a Juan Vital Sourrouille -quien asesorado por Roberto Lavagna- implementó una política económica de atacar frontalmente a la inflación. El 14 de junio, Alfonsín y Sourrouille anunciaron por televisión la puesta en marcha el llamado Plan Austral, por el que se creaba una nueva moneda, el “Austral”. El Plan Austral funcionó bien durante los primeros años, en octubre la tasa de inflación mensual fue del 2%, una tasa inusualmente baja desde 1975.
En 1987, la inflación comenzó nuevamente a ascender y los precios relativos de cada sector comenzaron a verse afectados, situación que se vio agravada por la gran caída de los precios de los productos argentinos de exportación (40% en el período). El gobierno anunció entonces una flexibilización de las estrictas normas de congelación de precios establecidas un año atrás que no dio gran resultado. El programa terminó cuando, hacia 1988, un rebrote inflacionario forzó a crear un nuevo programa, conocido como “Plan Primavera”, que no logró evitar la escalada de precios.
El Plan Primavera duró poco. Los operadores cambiarios lo rechazaron, no generó confianza. En abril de 1988, Argentina entró en moratoria del pago de su deuda externa. A comienzos de 1989, el Banco Mundial suspendió su ayuda a la Argentina. El 5 de febrero, el ministro Sourrouille y el presidente del Banco Central, José Luis Machinea y el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, Mario Brodersohn, decretaron un feriado bancario por 48 horas. Ante los rumores de inestabilidad, se inició una corrida masiva hacia el dólar. La inflación, que, en febrero de 1989, era del 9,6% mensual, alcanzó 78,4% en mayo y el dólar subió el 2.038% con respecto a 1983.
El caos económico derivó en cortes programados de luz, saqueos y muertos en las calles. Finalmente, Raúl Alfonsín terminó “resignando” su cargo seis meses antes del fin del mandato presidencial.

El contador Ermán González, uno de los tantos ministros de economía que designaría el presidente Carlos S. Menem puso en marcha el Plan Bonex, que causo un profundo impacto en la población y significó una gran pérdida para los tenedores de depósitos a plazos fijos. Consistía en la incautación, por parte del Estado, de los depósitos a plazo fijo que se hallaban en el sistema financiero, siendo restituidos a sus propietarios en títulos de la deuda externa a diez años de plazo. Se emitieron a tal efecto los Bonos de Consolidación (BOCON) en moneda nacional o en dólares para cancelar las obligaciones consolidadas. El Plan Bonex provocó inmediatamente una importante caída de la liquidez.

Años más tarde, al presidente Fernando De la Rúa y a su ministro de Economía, José Luis Machinea, no les fue suficiente el reducir los salarios de los empleados públicos y de las jubilaciones en un 13%, poner el IVA a la medicina prepaga, a la educación privada y a la televisión por cable, para encauzar la economía argentina. En diciembre de 2000, el ministro Machinea negoció un paquete de salvataje de cerca de 40.000 millones de dólares, denominado “Blindaje”, que postergaba pagos de capital e intereses a efectos de aliviar la situación financiera del estado y recuperar la confianza. No obstante, el riesgo país alcanzó los 5.700 puntos.
A pesar de la medida, en marzo de 2001, comenzó la fuga de depósitos de los bancos. En enero de 2001 había depósitos por US$ 85.000 millones. Para marzo se habían perdido más de 5.000 millones.
De la Rúa decidió convocar una vez más a Domingo Cavallo para que se hiciera cargo del ministerio de Economía. Cavallo incrementó brutalmente la deuda externa que deberían pagar los argentinos.
En junio de 2001, el gobierno de De la Rúa pidió ayuda complementaria al FMI y a los bancos privados para reducir la presión de la deuda externa realizando el llamado “Megacanje” por US$ 29.500 millones. Sin embargo, la recesión y la fuga de capitales continuaron a ritmo acelerado, con el agravante adicional del descontento provocado por las medidas de ajuste que formaban parte de las condiciones solicitadas por el FMI a cambio de su ayuda.
Ante el incremento del retiro de fondos de los bancos, en noviembre los depósitos habían caído a US$ 67.000 millones, el gobierno, con fecha 3 de diciembre de 2001, estableció el llamado “Corralito”.
Que establecía un máximo para los retiros de dinero de los bancos en $ 250 o U$S 250 por semana
Los objetivos eran evitar la fuga de depósitos y la especulación sobre una posible salida de la convertibilidad. Con esto en mente, el gobierno de De la Rúa-Cavallo realizó una jugada desesperada para detener la amenaza de un crack bancario, imponiendo una retención forzada de los depósitos y la pretendida “bancarización” de todas las transacciones, a través del uso de las tarjetas de débito y crédito.
Como ocurre actualmente en Venezuela, al restringir bruscamente la liquidez monetaria estas medidas ahogaron todo movimiento económico, paralizando el comercio y el crédito, rompiendo las cadenas de pago y asfixiando, tanto a la “economía informal” como a “informal” de la cual dependía la subsistencia cotidiana de una porción significativa de la población.
La tensión social se incrementó con la medida, que resultó ser sumamente impopular para los ciudadanos, sobre todo los pertenecientes a la clase media. De la Rúa terminó renunciando a mitad de su mandato presidencial.
Tras la caída de De la Rúa, el hasta entonces gobernador de la provincia de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá asume como presidente y declara el default de la deuda pública de la Argentina, la mayor suspensión de pagos de un estado en la historia. Pero como Rodríguez Saá tampoco quiso abandonar la convertibilidad y hacer recaer el costo sobre las personas de clase media y baja de Argentina, fue obligado a dimitir tras sólo una semana de gobierno. El 3 de enero de 2002 sumió como presidente, el senador bonaerense Eduardo Duhalde, el principal caudillo peronista de la provincia de Buenos Aires.
Al asumir, Duhalde aseguró que “... van a ser respetadas las monedas en que fueron pactados originalmente los depósitos (...) el que depositó dólares recibirá dólares...el que depositó pesos recibirá pesos.” Pronto se vería que no sería así.
El 6 de enero de 2002, el gobierno de Duhalde promulga la “Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario” que deroga la convertibilidad y pesifica los créditos otorgados por el sistema financiero. Con fecha 9 de enero, el gobierno que establece un nuevo tipo de cambio oficial en 1,40 pesos por dólar estadounidense. Asimismo, reglamenta la pesificación de las deudas de las personas físicas y jurídicas de acuerdo al esquema de cambio de un peso ($ 1) = un dólar estadounidense (US$ 1) y manteniendo las demás condiciones originariamente pactadas.
Por último, el gobierno establece la reprogramación (fecha en que los titulares podían acceder a su dinero) de los depósitos en cajas de ahorro, cuentas corrientes y depósitos bancarios a plazo fijo, de acuerdo a un cronograma en función de los montos depositados.
El 3 de febrero, el gobierno establece que todos los depósitos en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras existentes en el sistema financiero, serán convertidos a pesos a razón de pesos uno con cuarenta centavos ($ 1,40) por cada dólar estadounidense. En el mercado paralelo la divisa estadounidense se cotizaba a razón de $4 por dólar.
Al mismo tiempo todas las deudas en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras con el sistema financiero, cualquiera fuere su monto o naturaleza, serán convertidas a pesos a razón de un peso por cada dólar estadounidense o su equivalente en otra moneda extranjera. El deudor cumplirá con su obligación devolviendo pesos a la relación indicada. Estableciéndose de este modo la llamada “pesificación asimétrica” en la cual las deudas con el sistema financiero fueron pesificadas a razón de un peso por dólar, pero los depósitos en moneda extranjera fueron reconocidos por las entidades financieras a razón de $ 1,40 = US$ 1, 00. La diferencia fue reconocida por el gobierno nacional con un bono que se le entregó solo a los bancos para compensar dicha “asimetría”. Posteriores modificaciones permitieron una conversión de deudas en moneda extranjera más amplia, generando una importante licuación de pasivos de empresas, financiadas por el gobierno nacional.
El corralito finalizó oficialmente el 2 de diciembre de 2002, cuando el Ministro de Economía Roberto Lavagna anunció la liberación de los depósitos retenidos por alrededor de 21.000 millones de pesos. La medida fue acompañada por controles cambiarios, por los cuales no se permitió a ninguna persona o empresa adquirir más de 100.000 dólares.
El corralito terminó siendo, como en otras ocasiones, una brutal confiscación de capital, tanto para los pequeños ahorristas como para las pequeñas industrias marginadas del sistema de crédito. En tanto que, para el Estado, los bancos y las grandes empresas terminó siendo un buen negocio.

Hasta aquí la historia de las sucesivas apropiaciones del dinero en manos del pueblo argentino por el Estado y otros grandes actores financieros. Esperemos que no tengamos que agregar otro infortunado capítulo a esta historia, esta vez protagonizado por Mauricio Macri.

Como puede apreciarse los argentinos tenemos muy poco de que sorprendernos u horrorizarnos de los sucede estos días en Venezuela.

UNA OPORTUNIDAD PARA LA OPOSICIÓN

Mientras tanto, el país caribeño sufre las lógicas y previsibles protestas (que ya se han cobrado la vida de al menos cuatro personas) de quienes, con justa razón, se sienten estafados por el gobierno chavista.

Si a la oposición le quedan algunos reflejos políticos, este es el momento de retomar la iniciativa perdida con la infructuosa “Mesa del Diálogo”. Es cuestión de olvidar rencores y diferencias para cerrar filas, montarse sobre el descontento ciudadano y propinar el castigo final a un gobierno desorientado, aislado y que pasa por su peor momento, arrinconado contra las cuerdas.

En nuestra siguiente entrega sobre la situación en Venezuela analizaremos la crisis diplomática desatada entre el país caribeño y las naciones del Mercosur, en especial Argentina.