Primera Entrega
La prolongada crisis
económica e institucional que padece Venezuela va agotando sus alianzas
regionales y sumiendo al país en un aislamiento internacional sin precedentes
en la historia.
La presente nota es la
primera entrega de una serie destinada a reseñar la compleja situación que hoy
vive el país caribeño.
EL CORRALITO VENEZOLANO
El gobierno venezolano
se debate entre la inoperancia y el cambio de las condiciones internacionales
-descenso de los precios del petróleo- que impiden la recuperación de la
economía. Venezuela registra el peor desempeño entre los 190 países relevados
por el FMI en 2016. Su mercado se retraerá un 8%, por encima de otras débiles economías
mundiales como Sudán del Sur o Guinea Ecuatorial, y muy por arriba de lo que se
contrajo en 2015, que fue el 5.7%.
Esta semana, el
presidente Maduro ordenó el retiro de todos los billetes de 100 bolívares en
circulación en el plazo de 72 horas, aunque luego extendió el plazo hasta el 2
de enero, prometiendo su reemplazó por otros billetes de mayor denominación. Estos
billetes constituyen entre el 60 y el 70% de la masa monetaria del país, aunque
al cambio en el mercado paralelo 100 bolívares equivales a 5 centavos de dólar.
Al mismo tiempo ordenó
el cierre de las fronteras con Colombia y Brasil para evitar que reingresen los
billetes venezolanos que por diversas causas salieron del país.
La medida, que en un principio
fue interpretada como un nuevo acto irracional del temperamental mandatario, en
realidad encierra el propósito de reducir bruscamente el dinero circulante en
el país y por ende terminar con la hiperinflación, que el FMI ha estimado en
475% para el año que finaliza.
Lógicamente, la medida
descarga brusca y brutalmente el peso de la crisis económica sobre la población
de menores recursos, en especial sobre los que viven de la economía informal,
los campesinos y habitantes de las zonas rurales y fronterizas. Estas personas
no están bancarizadas en absoluto y terminarán acumulando en sus manos un
pequeño monto de billetes que no tendrán curso legal ni valor real. Se estima
que sólo el 40% de la población venezolana posee una cuenta bancaria.
La medida se
complementa con la carencia de billetes de mayor denominación (500, 1.000, 2.000,
10.000 y 20.000 bolívares) para el recambio, lo que obliga a los venezolanos a
entregar todo su dinero físico a cambio de un asiento contable en un banco, que
sólo el Estado venezolano sabrá cuándo, cómo y a quién le reintegrará en
billetes.
En otras palabras, se
trata de una expropiación lisa y llana del dinero de los venezolanos por parte
del gobierno chavista.
Aunque la modalidad en
que se ha instrumentado la medida es original. La cuestión de fondo
-apropiación del ahorro del pueblo por parte de un Estado autoritario e
ineficaz- no es nueva en América Latina.
EL CASO ARGENTINO
Los argentinos solemos
pasar, aproximadamente cada diez años, por crisis similares. Quién ha vivido
varias décadas como yo, debe recordar varias situaciones similares.
Recordemos, por
ejemplo, los títulos públicos del “Empréstito de Recuperación Nacional del 9 de
Julio” que fueron emitidos por el Ministro de Economía, Álvaro Alsogaray, en el
año 1962, por la suma de 15.000 millones de pesos
moneda nacional, con un interés del 7 % y por un plazo de 25 años.
Dentro de esta emisión se realizaron también “Certificados Fraccionarios” y “Títulos
Provisorios” que se utilizaron para el pago de haberes a empleados del Estaodo
y jubilaciones. El dinero de los bonos enseguida se devaluó y en 1963
representaba el 70 por ciento del real.
En el año 1963 se acortó el plazo original de 25 años, reduciendo
la vida del empréstito a diez años. Finalmente, en 1967, los bonos se cotizaban
al 1% de su valor nominal. Algunos bancos e inversores audaces hicieron un gran
negocio, la población perdió buena parte de sus ingresos. El último servicio de
amortización de estos títulos públicos se efectuó en agosto de 1972.
En 1975, la presidente María Estela Martínez Carta de Perón,
asesorada por su ministro y secretario privado José López Rega, permitió que el
ministro de Economía, Celestino Rodrigo aplicara una política de shock, que los
argentinos recordarían como “El
Rodrigazo”, incrementando brutalmente el costo de los combustibles, la
energía, los impuestos y otras cargas. La medida disparó la inflación al 100%
en pocos días licuando los ahorros en pesos de la población y generando
desabastecimiento y encarecimiento de los bienes de consumo. Luego la inflación
fue incrementándose gradualmente, hasta arribar al 400% en los días previos al
infausto 24 de marzo de 1976, en que los militares llevaron a cabo el último
golpe de Estado militar en Argentina.
El 17 de noviembre de 1982, se
llevó a cabo la estatización de la deuda de los grandes grupos empresarios
privados. Durante la presidencia de facto del general Reynaldo Bignone se
estatizó la deuda privada por un monto aproximado de U$S 15.000 millones. El
Presidente del Directorio del Banco Central de la República Argentina era por
entonces Domingo Felipe Cavallo, quien tendría incidencia en otras etapas de
fuerte crecimiento de la deuda pública de nuestro país, en los gobiernos
democráticos subsiguientes.
Todos los argentinos agradecemos a Raúl Alfonsín por ayudarnos a
recuperar la democracia, en 1983, pero no somos pocos los que recordamos el
desquicio económico que se vivió durante su gobierno.
En febrero de 1985, el presidente Alfonsín designó
ministro de Economía a Juan Vital Sourrouille -quien asesorado por Roberto
Lavagna- implementó una política económica de atacar frontalmente a la
inflación. El 14 de junio, Alfonsín
y Sourrouille anunciaron por televisión la puesta en marcha el llamado Plan
Austral, por el que se creaba una nueva moneda, el “Austral”. El Plan Austral funcionó bien durante los primeros años,
en octubre la tasa de inflación mensual fue del 2%, una tasa inusualmente baja
desde 1975.
En 1987, la inflación comenzó nuevamente a
ascender y los precios relativos de cada sector comenzaron a verse afectados,
situación que se vio agravada por la gran caída de los precios de los productos
argentinos de exportación (40% en el período). El gobierno anunció entonces una
flexibilización de las estrictas normas de congelación de precios establecidas
un año atrás que no dio gran resultado. El programa terminó cuando, hacia 1988, un rebrote inflacionario forzó a crear
un nuevo programa, conocido como “Plan
Primavera”, que no logró evitar la escalada de precios.
El Plan Primavera duró
poco. Los operadores cambiarios lo rechazaron, no generó confianza. En abril de
1988, Argentina entró en moratoria del pago de su deuda externa. A comienzos de 1989, el Banco Mundial suspendió su ayuda a la Argentina. El
5 de febrero, el ministro Sourrouille y el presidente del Banco Central, José
Luis Machinea y el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, Mario
Brodersohn, decretaron un feriado bancario por 48 horas. Ante los rumores de
inestabilidad, se inició una corrida masiva hacia el dólar. La inflación, que,
en febrero de 1989, era del 9,6%
mensual, alcanzó 78,4% en mayo y el dólar subió el 2.038% con respecto a 1983.
El caos económico derivó
en cortes programados de luz, saqueos y muertos en las calles. Finalmente, Raúl
Alfonsín terminó “resignando” su
cargo seis meses antes del fin del mandato presidencial.
El contador Ermán González, uno de los tantos ministros de
economía que designaría el presidente Carlos S. Menem puso en marcha el Plan Bonex, que causo un profundo
impacto en la población y significó una gran pérdida para los tenedores de
depósitos a plazos fijos. Consistía en la incautación, por parte del Estado, de
los depósitos a plazo fijo que se hallaban en el sistema financiero, siendo
restituidos a sus propietarios en títulos de la deuda externa a diez años de
plazo. Se emitieron a tal efecto los Bonos
de Consolidación (BOCON) en
moneda nacional o en dólares para cancelar las obligaciones consolidadas. El Plan Bonex provocó inmediatamente una importante
caída de la liquidez.
Años más tarde, al presidente Fernando De la Rúa y a su ministro
de Economía, José Luis Machinea, no les fue suficiente el reducir los salarios
de los empleados públicos y de las jubilaciones en un 13%, poner el IVA a la
medicina prepaga, a la educación privada y a la televisión por cable, para
encauzar la economía argentina. En diciembre de 2000, el ministro Machinea negoció un paquete de
salvataje de cerca de 40.000 millones de dólares, denominado “Blindaje”, que postergaba pagos de
capital e intereses a efectos de aliviar la situación financiera del estado y
recuperar la confianza. No obstante, el riesgo país alcanzó los 5.700 puntos.
A pesar de la medida, en
marzo de 2001, comenzó la fuga de depósitos de los bancos. En enero de
2001 había depósitos por US$ 85.000 millones. Para marzo se habían perdido más
de 5.000 millones.
De la Rúa decidió convocar
una vez más a Domingo Cavallo para que se hiciera cargo del ministerio de
Economía. Cavallo incrementó brutalmente la deuda externa que deberían pagar
los argentinos.
En junio de 2001, el
gobierno de De la Rúa pidió ayuda complementaria al FMI y a los bancos privados
para reducir la presión de la deuda externa realizando el llamado “Megacanje” por US$ 29.500 millones. Sin
embargo, la recesión y la fuga de capitales continuaron a ritmo acelerado, con
el agravante adicional del descontento provocado por las medidas de ajuste que
formaban parte de las condiciones solicitadas por el FMI a cambio de su
ayuda.
Ante el incremento del
retiro de fondos de los bancos, en noviembre los depósitos habían caído a US$
67.000 millones, el gobierno, con fecha 3
de diciembre de 2001, estableció el llamado “Corralito”.
Que establecía un máximo para los retiros de dinero de los bancos
en $ 250 o U$S 250 por semana
Los objetivos eran evitar
la fuga de depósitos y la especulación sobre una posible salida de la
convertibilidad. Con esto en mente, el gobierno de De la Rúa-Cavallo realizó
una jugada desesperada para detener la amenaza de un crack bancario, imponiendo
una retención forzada de los depósitos y la pretendida “bancarización” de todas
las transacciones, a través del uso de las tarjetas de débito y crédito.
Como ocurre actualmente en
Venezuela, al restringir bruscamente la liquidez monetaria estas medidas ahogaron todo
movimiento económico, paralizando el comercio
y el crédito, rompiendo las cadenas de pago y asfixiando, tanto a la “economía
informal” como a “informal” de la
cual dependía la subsistencia cotidiana de una porción significativa de la
población.
La tensión social se
incrementó con la medida, que resultó ser sumamente impopular para los
ciudadanos, sobre todo los pertenecientes a la clase media. De la Rúa terminó
renunciando a mitad de su mandato presidencial.
Tras la caída de De la
Rúa, el hasta entonces gobernador de la
provincia de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá asume como presidente y
declara el default de la deuda
pública de la Argentina, la mayor suspensión de pagos de un estado en la
historia. Pero como Rodríguez Saá tampoco quiso abandonar la convertibilidad y
hacer recaer el costo sobre las personas de clase media y baja de Argentina,
fue obligado a dimitir tras sólo una semana de gobierno. El 3 de enero de 2002
sumió como presidente, el senador bonaerense Eduardo Duhalde, el principal
caudillo peronista de la provincia de Buenos Aires.
Al asumir, Duhalde aseguró que “... van a ser respetadas las monedas en que
fueron pactados originalmente los depósitos (...) el que depositó dólares
recibirá dólares...el que depositó pesos recibirá pesos.” Pronto se vería
que no sería así.
El 6 de enero de 2002, el gobierno de
Duhalde promulga la “Ley de Emergencia
Pública y Reforma del Régimen Cambiario” que
deroga la convertibilidad y pesifica los créditos otorgados por el sistema
financiero. Con fecha 9 de enero, el gobierno que
establece un nuevo tipo de cambio oficial en 1,40 pesos por dólar
estadounidense. Asimismo, reglamenta la pesificación de las deudas de las
personas físicas y jurídicas de acuerdo al esquema de cambio de un peso ($ 1) =
un dólar estadounidense (US$ 1) y manteniendo las demás condiciones
originariamente pactadas.
Por último, el gobierno
establece la reprogramación (fecha en que los titulares podían acceder a su
dinero) de los depósitos en cajas de ahorro, cuentas corrientes y depósitos
bancarios a plazo fijo, de acuerdo a un cronograma en función de los montos
depositados.
El 3 de febrero, el
gobierno establece que todos los depósitos en dólares estadounidenses u otras
monedas extranjeras existentes en el sistema financiero, serán convertidos a
pesos a razón de pesos uno con cuarenta centavos ($ 1,40) por cada dólar
estadounidense. En el mercado paralelo la divisa estadounidense se cotizaba a
razón de $4 por dólar.
Al mismo tiempo todas las
deudas en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras con el sistema
financiero, cualquiera fuere su monto o naturaleza, serán convertidas a pesos a
razón de un peso por cada dólar estadounidense o su equivalente en otra moneda
extranjera. El deudor cumplirá con su obligación devolviendo pesos a la
relación indicada. Estableciéndose de este modo la llamada “pesificación asimétrica” en la cual las deudas con el sistema
financiero fueron pesificadas a razón de un peso por dólar, pero los depósitos
en moneda extranjera fueron reconocidos por las entidades financieras a razón
de $ 1,40 = US$ 1, 00. La diferencia fue reconocida por el gobierno nacional
con un bono que se le entregó solo a los bancos para compensar dicha “asimetría”. Posteriores modificaciones
permitieron una conversión de deudas en moneda extranjera más amplia, generando
una importante licuación de pasivos de empresas, financiadas por el gobierno
nacional.
El corralito finalizó oficialmente el 2 de diciembre de 2002, cuando el
Ministro de Economía Roberto Lavagna anunció
la liberación de los depósitos retenidos por alrededor de 21.000 millones de
pesos. La medida fue acompañada
por controles cambiarios, por los cuales no se permitió a ninguna persona o
empresa adquirir más de 100.000 dólares.
El corralito terminó siendo, como en otras ocasiones, una brutal
confiscación de capital, tanto para los pequeños ahorristas como para las
pequeñas industrias marginadas del sistema de crédito. En tanto que, para el
Estado, los bancos y las grandes empresas terminó siendo un buen negocio.
Hasta aquí la historia de las sucesivas apropiaciones del dinero
en manos del pueblo argentino por el Estado y otros grandes actores
financieros. Esperemos que no tengamos que agregar otro infortunado capítulo a
esta historia, esta vez protagonizado por Mauricio Macri.
Como puede apreciarse los argentinos tenemos muy poco de que
sorprendernos u horrorizarnos de los sucede estos días en Venezuela.
UNA OPORTUNIDAD PARA LA
OPOSICIÓN
Mientras tanto, el país caribeño sufre las lógicas y previsibles
protestas (que ya se han cobrado la vida de al menos cuatro personas) de
quienes, con justa razón, se sienten estafados por el gobierno chavista.
Si a la oposición le quedan algunos reflejos políticos, este es
el momento de retomar la iniciativa perdida con la infructuosa “Mesa del
Diálogo”. Es cuestión de olvidar rencores y diferencias para cerrar filas,
montarse sobre el descontento ciudadano y propinar el castigo final a un
gobierno desorientado, aislado y que pasa por su peor momento, arrinconado
contra las cuerdas.
En nuestra siguiente entrega sobre la situación en Venezuela
analizaremos la crisis diplomática desatada entre el país caribeño y las
naciones del Mercosur, en especial Argentina.
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