martes, 18 de octubre de 2016

MACRI EN MEDIO DE UNA BATALLA EDUCATIVA

Por el Dr. Adalberto C. Agozino

La Argentina se ha convertido en un país paradojal donde la simple administración de una prueba de calidad educativa a los estudiantes primarios y secundarios se convierte inmediatamente en una contienda ideológica y política.

El operativo APRENDER 2016, aprobado por los 24 ministros que forman el Consejo Federal de Educación, para medir los conocimientos de los alumnos que finalizan la enseñanza primaria y media, ha desatado la fiera oposición de los gremios docentes que decidieron sabotear la medida desalentando la participación de sus afiliados y de los alumnos, revelando las preguntas del cuestionario, ocupando los establecimientos educativos y realizando protestas callejeras cortando el tránsito en la ciudad de Buenos Aires.

Los argumentos de los sindicalistas contra la evaluación son por lo demás precarios. El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel ha declarado: “Las pruebas fueron confeccionadas utilizando ítems de respuestas cerradas, condición que reduce al mínimo la retroalimentación (sic.) en las escuelas”.

La profesora Natalia Stoppani, desde el diario Página 12, cuestiona la evaluación por ser “una propuesta neoliberal” y agrega que una evaluación es correcta si la lleva a cabo el “ministro de Educación de Bolivia, Roberto Gómez Aguilar” y no lo es si la lleva a cabo “el ministro Esteban Bullrich”. Curiosos argumentos estos.

Es decir que para esta docente, un gobierno populista puede evaluar la educación y por el contrario, si la evaluación la lleva a cabo un gobierno legítimo y democráticamente elegido pero de otro signo político es “un golpe de la educación pública” que “no sirve de ninguna manera valorar los procesos de enseñanza”, tal como afirma Jorge Adaro, secretario general del gremio Adamys.

Quienes cuestionan, por ejemplo, la evaluación estandarizada a nivel nacional debido “a la diferencia de contextos socioeconómicos de los alumnos” parecen olvidar que los egresados del sistema educativo (tanto público como privado) reciben el mismo título nacional conforme al nivel que cursaron.

Acaso están sugiriendo que un alumno debe tener diferente nivel conocimientos sí egresa en Jujuy capital, en Ushuaia o en la ciudad de Buenos Aires. Siguiendo este razonamiento debería aceptarse que alguien ejerciera la medicina con diferente nivel de conocimientos e idoneidad debido a que egreso de una Facultad de Medicina en la provincia de La Rioja, en el Chaco o en Buenos Aires.

Si a todos los alumnos se les otorgan títulos nacionales de igual validez, que los habilitan para trabajar o seguir sus estudios en cualquier parte del territorio y en cualquier contexto socioeconómico del país, por qué no se los puede evaluar con el mismo cuestionario.
Acaso se ésta sugiriendo que los títulos nacionales tienen distinto nivel de exigencia conforme a la situación socioeconómico de los alumnos. Esto sería admitir que si un alumno es pobre, por su mera condición socioeconómica, obtendría su título con menores conocimientos de los que serían exigibles a un alumno de mayores recursos económicos.

Tal consideración sería cuando menos prejuiciosa y discriminatoria. Todo esto es poco serio. El problema con algunos sectores del progresismo en Argentina no son sus ideas sino la falta de idoneidad y el “infantilismo revolucionario” que impera en sus planteos.

En realidad, lo que ocurre es que los gremios docentes en Argentina están absolutamente ideologizados y en manos de dirigentes que hace décadas no pisan un salón de clase.
La oposición a la evaluación de la educación es parte del sabotaje sistemático de aquellos que pretenden ocultar la herencia educativa dejada por más de doce años de un ineficaz gobierno populista.

Son los mismos gremios que toleraron con un silencio cómplice la pauperización de los docentes durante los gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.

Para la administración de Mauricio Macri resulta muy difícil avanzar en la solución de los problemas del país cuando cualquier medida de gobierno dispara sistemáticamente la oposición militante de los gremios y de los sectores de izquierda.

Cristina Fernández de Kirchner busca lograr la impunidad por los hechos de corrupción ocurridos durante su presidencia, para ello incita a sus militantes a que ataquen sin descanso al actual gobierno.

En consecuencia, los militantes kirchneristas apelan a prácticas de resistencia civil para jaquear al gobierno nacional y no darle descanso.

Esta conducta constituye un ataque a la gobernabilidad del país, un acto antidemocrático y hasta golpista.


El boicot a APRENDER 2016 no pretende cuestionar una medida desacertada o rectificar una política pública. Este comportamiento se inscribe dentro de un plan de más largo plazo: impedir que el gobierno de Mauricio Macri termine su mandato constitucional.