lunes, 11 de enero de 2016

VICTIMAS DEL TERRORISMO CLAMAN POR JUSTICIA


 
EL TERRORISMO ES SIEMPRE UN CRIMEN

“El crimen es crimen cualquiera sea el móvil que lo motiva”. Con estas claras palabras, el entonces presidente Juan D. Perón condenó el ataque terrorista a las instalaciones de un cuartel perteneciente al Ejército Argentino, en enero de 1974.

En esta forma, el presidente argentino dejaba establecido que no podían invocarse justificaciones políticas para asesinar impunemente a personas indefensas y que los terroristas eran criminales y no héroes que defendían una causa justa.

El terrorismo impulsado por móviles políticos o religiosos es siempre sólo violencia criminal y debe ser perseguido penalmente.

El paso del tiempo no hace prescribir los delitos de terrorismo porque se trata de crímenes de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles.

TERRORISMO EN AGUAS DEL SÁHARA

Este es, precisamente, el argumento que con justicia esgrimen los miembros de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (ACAVITE) demandando que los máximos responsables del Frente Polisario sean juzgados por los actos de piratería marítima, terrorismo y asesinato cometidos entre 1977 y 1987.

En esos años, los terroristas polisarios atacaron a 34 embarcaciones españolas que realizaban labores de pesca en aguas marroquíes, frente a las costas del Sáhara, hiriendo y asesinado a más de trescientas personas inocentes. En todos los casos, las víctimas eran humildes trabajadores que realizaban sus labores, ajenos a cualquier consideración política.

Los separatistas marroquíes del Frente Polisario llevaban a cabo estos ataques para presionar al gobierno español buscando que reconociera a la inexistente República Árabe Saharaui Democrática, el falso estado que los separatistas pretendían haber creado dentro del territorio de Argelia.

Los dirigentes polisarios nunca negaron su responsabilidad criminal en esos hechos. Recordemos, por ejemplo, que, en abril de 1977, después de un ataque terrorista (ametrallamiento) del pesquero “Pinzales” en que resultó herido un tripulante canario, el entonces vocero del Frente Polisario en Madrid, el mauritano Ahmed Bujari declaró con soberbia y alevosía: “No garantizamos la vida de los que transitan por el Sáhara o sus aguas territoriales. Muy poca gente creía que podíamos hacer ataques por mar, pero hoy se ha de saber de que somos capaces.”

Frente a esta declaración, el gobierno del socialista Felipe González, expulso al vocero del grupo terrorista.

UN DÍA TERRORISTA, SIEMPRE TERRORISTA

A reconocimiento de culpa, relevamiento de prueba, diría cualquier jurista. Los polisarios han reconocido sus crímenes y nunca han renegado de sus apelaciones a la violencia.

Si una organización se ha reconocido como terrorista en el pasado y actualmente mantiene oscuros vínculos con Al Qaeda en el Magreb Islámico y con el Estado Islámico o Daesh, es porque mantiene intacta su vocación de organización terrorista inclinada a la violencia criminal.

Si a este hecho sumamos las actividades del Frente Polisario como grupo del crimen organizado transnacional. En especial su responsabilidad -junto al gobierno de Argelia- en el desvío y comercialización de la ayuda alimentaria suministrada generosamente por la Unión Europea y diversas Ongs humanitarias para aliviar la situación de la población secuestrada en los campos de Tinduf. El contrabando de ayuda alimentaria por parte de los polisarios abastece de productos robados a los mercados informales de todo el Norte y Centro del continente africano.

Obtendríamos una clara idea del potencial criminal y desestabilizador que tiene el Frente Polisario, desde sus bases en el Sáhara argelino, sobre la región del Magreb.

VICTIMAS QUE DEMANDAN JUSTICIA

Resulta desalentador que, mientras que las víctimas del terrorismo polisario y sus familias aún claman por justicia, algunos ilusos defensores de causas perdidas sigan sosteniendo que el Frente Polisario representa a una minoría acosada.

Los dirigentes polisarios, que suelen recorrer los foros internacionales simulando ser diplomáticos o miembros de un gobierno fantasma, no representan a pueblo alguno.

En último caso, se representan a sí mismos y a sus oscuros intereses financieros. Por lo tanto, la justicia internacional tiene la obligación de investigar estos crímenes y someter a los responsables al debido proceso penal para que respondan por los delitos del pasado y del presente.

Sólo así se hará justicia y las víctimas podrán descansar en paz.