viernes, 19 de octubre de 2012

LA REVOLUCIÓN LIBERTADORA

EL INTERREGNO LONARDI

    El 23 de septiembre de 1955 prestó juramento el general Eduardo A. Lonardi como presidente provisional de la Nación. En ese entonces la ciudad de Buenos Aires y el país todo presentaba dos caras muy diversas. Algunos expresaban  alborozados  una gran alegría e inundaban las calles festejando el fin de lo que consideraban “un régimen de oprobio”. Otros, por el contrario, mostraban una profunda congoja y angustia. Con el alejamiento de su líder, presentían el fin de una etapa que para ellos era una suerte de “edad dorada” que presentían no habría de repetirse.

    Al grito de ¡Libertad!, ¡Libertad! Se abría una nueva página de la historia argentina y se cerraba todo un ciclo iniciado en 1943 había cambiado totalmente la imagen del país. Parecía que había terminado “el tiempo de Perón”, pronto se descubriría que no era así.

    La llegada del general Lonardi a la primera magistratura del país coronó con éxito el cuarto intento militar para desalojar del gobierno al general Juan D. Perón.  Este golpe de Estado constituyó el movimiento militar más prolongado y sangriento de la historia argentina llegando a conformar una suerte de “mini guerra civil”, no obstante que se vio circunscripto  y que varias unidades militares –supuestamente leales- permanecieron inactivas a la espera de los resultados de la insurrección. Al mismo tiempo, fue el alzamiento que contó con mayor participación civil posiblemente desde los tiempos de la “Revolución del Parque” en 1890.

    Eduardo A. Lonardi, era un prestigioso oficial del arma de Artillería,  de ideas nacionalistas y fervientemente católico. En su última foja de calificaciones –1950- el ministro General Lucero, expresaba de Lonardi: “Brillante personalidad. Reúne excepcionales condiciones de capacidad y altas prendas morales, complementadas por un carácter firme, profundo amor profesional y tesonero espíritu de trabajo. La amplitud de criterio y elevación de miras que singularizan su gestión han hecho fecunda la acción de la Dirección General de Administración. De iniciativa, clara inteligencia, y siempre animado por un amplio y patriótico espíritu de colaboración”.

    La historiadora María Sáenz Quesada nos proporciona el siguiente perfil de Lonardi y de su ámbito familiar: “Alto, muy delgado, rostro de líneas regulares, sonrisa franca y gesto de fatiga, posó con su nieta enbrazos en señal de que era el jefe de una numerosa y cristiana familia. Tenía cincuenta y nueve años y hasta dos días antes era prácticamente un desconocido, al punto que en las primeras informaciones se lo apellidaba Leonardo; pero dentro del Ejército gozaba de sólido prestigio.”

    “Nacido en 1896, en Buenos Aires, era hijo de Policarpo Lonardi, italiano de Mantua, nacionalizado argentino, músico de profesión y algo bohemio tal vez, que ingresó al Ejército como maestro de banda. La madre, Blanca Doucet, bonita, de ojos azules y pelo negro, era hija de franceses. Se casaron grandes. Tuvieron cinco hijos, dos mujeres y tres varones, todos de buen físico y educados dentro de una concepción liberal dado que los padres no eran católicos practicantes.”

    “Dos de los varones ingresaron a las Fuerzas Armadas, que constituían en aquella época un lugar de inserción social para los hijos de extranjeros. Eduardo entró a los dieciséis años al Colegio Militar de la Nación y se retiró en 1951 con el grado de general de división; Alberto, que ingresó a la Marina, alcanzó la jerarquía de almirante.

    “Eduardo era oficial de artillería en la guarnición de Córdoba cuando se enamoró de una joven del patriciado más tradicional de esa provincia, Mercedes “Mecha” Villada Achával Se vieron de lejos en el teatro y fueron presentados después. Eduardo le escribió a su madre para contarle que se había puesto de novio con una chica de la sociedad cordobesa, <pero medio mojigata ella, ya la cambiaremos>. Quien cambió fue el novio luego de su casamiento, realizado en 1924.”

    “Eduardo se volvió muy piadoso y hasta de comunión diaria. Su visión optimista de la vida ayudó a su esposa, que había tenido una infancia triste. La intimidad de la pareja se ve en la correspondencia que intercambiaban en las ausencias obligadas por la vida militar. <Éramos amigos en el sentido exacto de la palabra>, escribió Mecha en sus Memorias. Tuvieron cinco hijos: Eduardo, Luis Ernesto, Marta, Susana y Andrés.”

    “Oficial de Estado Mayor, profesor durante veinte años en la Escuela Superior de Guerra, la carrera profesional del mayor Lonardi acreedor de las mejores calificaciones, sufrió un grave tropiezo en 1938 cuando reemplazó al teniente coronel Perón como agregado militar en Chile.”

    Este diferendo probablemente haya incidido para que Lonardi no se incorporara al GOU y fue un precoz conspirador contra Perón. En 1951, siendo comandante del Primer Cuerpo de Ejército, con asiento en Rosario, intentó provocar un alzamiento aprovechando el descontento que había creado en los cuadros castrenses el intento de candidatura a vicepresidente de Eva Perón.

    Cinco días después del “Cabildo Abierto del Justicialismo”, el 27 de agosto de 1951, Lonardi presentó su nota de retiro expresando que: “Los últimos acontecimientos políticos de pública notoriedad han creado al suscripto un estado espiritual incompatible con la adhesión a los actos de Gobierno, que es señalada al personal militar por las directivas y órdenes generales de V. E. Como condición necesaria para merecer la confianza de la superioridad”.  Finalmente, Lonardi no consiguió el efecto deseado y la jefatura del movimiento recayó en un anciano general de ideas liberales:  Benjamín Menéndez quien se rebeló el 28 de septiembre de 1951. Sofocado el movimiento Menéndez terminó en la cárcel con dos centenas de oficiales antiperonistas.

    Lonardi no llegó al poder con un espíritu revanchista., como lo demostró en Córdoba al honrar a los soldados de la Escuela de Infantería que habían luchado contra él y al proclamar su adhesión a la consigna de “ni vencedores ni vencidos”, formulada por Justo José de Urquiza después de la batalla de Caseros.

     Lonardi se propuso reunificar la sociedad argentina a través de un proceso de reforma y pacificación. De una honestidad sin tacha, pero con escasa perspicacia fue víctima de las pujas en el seno del grupo revolucionario. Los nacionalistas católicos, representados por Lonardi, parecían interesados en rescatar los aspectos más positivos del régimen derrocado, miraban con simpatía la posibilidad de “un peronismo sin Perón”. Con Perón en el exilio, esperaban atraer a sus simpatizantes mediante el mantenimiento de las estructuras del partido Peronista y el establecimiento de acuerdos con los dirigentes de la C.G.T. Por otra parte, los nacionalistas consideraban a los partidos políticos tradicionales como traidores a los verdaderos valores nacionales. 

Los liberales en cambio, respondían al liderazgo del Comandante en Jefe de la Armada y vicepresidente de la Nación, Almirante Isaac Francisco Rojas. Este grupo pretendía borrar bruscamente todo vestigio de peronismo y restaurar la Argentina anterior a 1943. Su furioso antiperonismo les había ganado el apodo de “gorilas”.

Recurriremos nuevamente a María Sáenz Quesada para obtener un perfil del Almirante Rojas, dice la historiadora: “Isaac Francisco Rojas (1903 – 1993) no había participado de la acción del 16 de junio del 55, pero por su jerarquía en el escalafón era uno de los jefes posibles para encabezar el alzamiento naval en caso de que cambiara de opinión.”

“Apodado <Paco> por su familia y <El Negro> por sus compañeros de armas, de baja estatura, delgado, ojos oscuros y penetrantes, pertenecía a una antigua familia criolla del interior del país con algo de sangre quechua. Su padre, Doroteo Rojas Figueroa, farmacéutico de profesión, había nacido en Santiago del Estero. La madre, Carolina de Madariaga Araujo, era porteña. La personalidad fuerte en esta familia era la abuela materna, en cuya casa Isaac Francisco pasó su niñez.”

“Ingresó en la Armada en la década de 1920, tuvo destinos variados y en 1938 se le presentó la oportunidad de viajar en Inglaterra para vigilar la construcción de dos barcos de guerra comprados por la Argentina y que se construían en los astilleros de Glasgow. Curioso, interesado por todo, viajó por Europa, incluída la Alemania ya hitleriana. Lo acompañaba su esposa, Lía Edith Sánchez, madre de sus hijos Gustavo Adolfo (cadete naval en 1955), María Teresita y María Lía.”

“Entre 1950 y 1952, Rojas fue agregado naval en Brasil, en la misma época en que Aramburu era agregado militar y el embajador Juan I. Cooke, con quien siempre mantuvo amistad. ¿Era peronista? Al menos no parecía interesarse en la política y se mostraba muy reservado en cuanto a sus opiniones. Pero en el clima  de sospechas que se vivía muchos de quienes lo trataban pensaban que era oficialista. Para otra parte, el cargo diplomático le daba oportunidad de renovar el ajuar doméstico con las novedades de la industria norteamericana.

“Cuando estaba en Puerto Belgrano, Rojas fue fotografiado con el secretario de la CGT, José Espejo, entregándole un obsequio banal. Este hecho fue esgrimido más tarde, cuando se había convertido en emblema del antiperonismo, como señal de sumisión al régimen, aunque sólo fuera parte del protocolo. También se lo señaló por haber sido edecán de Perón, si bien en realidad fue edecán del presidente de Chile cuando éste visitó el país en 1953. Lo cierto es que se benefició con el retiro de varios almirantes desplazados por no ser oficialistas y esto le permitió llegar joven al almirantazgo.

“Como director de la Escuela Naval no dudó en admitir las reglas de juego de la época, por ejemplo, que los cadetes estudiaran Cultura Ciudadana, materia cuyos contenidos respondían a la doctrina nacional peronista. Según el general Lucero, el 16 de junio Rojas le ratificó su lealtad en términos contundentes.

“Sin embargo, poco después aceptó el pedido del almirante Olivieri para que fuera su defensor oficial en el proceso por su actuación en el golpe de junio. En la Penintenciaría, donde había unos cuarenta oficiales navales detenidos, Rojas advirtió que los conspiradores habían fijado su mirada en él y les mandó decir: <Yo no lo voy a defraudar>.   


El nuevo gobierno reflejaba el precario balance entre ambos grupos revolucionarios. Al nacionalismo pertenecían Mario Amadeo –Relaciones Exteriores-, Luis Cerutti Costa –Trabajo-, el general Justo L. Bengoa y el influyente asesor presidencial Clemente Villada Achával, cuñado del presidente. Entre los liberales militaban el ministro del Interior Eduardo Busso y el de Marina contralmirante Teodoro Hartung.

Durante los largos años de conspiración, los grupos antiperonistas estuvieron más preocupados por cómo derrocar al régimen que por definir que harían con el país después de llegar al gobierno. Las disparidades de criterios e ideologías, transformaron pues la acción del gobierno en una enconada lucha por conseguir las posiciones dominantes, donde cada acto era sospechado por el grupo contrario.

Las primeras medidas del gobierno provisional en el orden de las fuerzas armadas estuvieron destinadas a revisar la situación de su personal, decidiendo el futuro de quienes no habían demostrado lealtad hacia los vencedores y estudiando, con vistas a la reincorporación, los casos de los oficiales que habían sido dados de baja o se habían retirado por razones políticas. Se concedió una amplia amnistía a todos los que fueron condenados o procesados por delitos políticos desde el 4 de junio de 1946 a la fecha. El beneficio fue extensible a todo el personal militar en virtud de pronunciamientos de tribunales de calificaciones especial o baja –simple o por rebeldía- de las Fuerzas Armadas. Casi simultáneamente, el gobierno provisional sancionó un decreto que facultaba al poder ejecutivo para que “previo asesoramiento de un tribunal de calificación especial designado al efecto en cada una de las Fuerzas Armadas reincorporara a la situación de revista, grado o antigüedad que para cada caso se determinara, al personal amnistiado, como así también al que encontrándose en situación de retiro conviniese reincorporar al servicio activo”. 

La Armada, a causa de su apoyo casi unánime al levantamiento de septiembre, resultó menos afectada que el Ejército salvo en sus más altos niveles. El consejo especial asesor revolucionario creado el 7 de octubre consideró conveniente recomendar el retiro de sólo 114 oficiales, pero entre ellos figuraban todos los almirantes excepto Isaac F. Rojas y 45 capitanes de navío.

En el Ejército, la depuración del personal cuestionado se inicio por el general León Bengoa, el primer ministro de Guerra designado por el presidente Lonardi. En consulta con el presidente, pero sin la participación de un consejo asesor, el general Bengoa concentró su atención en las posiciones más altas del escalafón. Su opinión era que los generales, en virtud de su alta jerarquía, debían haber reaccionado oportunamente ante lo que consideraban “excesos” de Perón y que quienes no habían procedido así ya no merecían pertenecer al servicio activo. Esto determinó el alejamiento de 63 de los 86 generales en servicio. La eliminación de oficiales en los niveles inferiores, que comenzó de manera limitada, se extendió bajo el sucesor de Bengoa en el ministerio de Guerra, el general Osorio Arana, quien resolvió incluir otros doce generales en la lista de retiros. Como resultado de esta política, hasta principios de 1956, aproximadamente un millar de oficiales fueron obligados a pasar a retiro. Los suboficiales, cuya lealtad a Perón era muy conocida, fueron aún más afectados y debieron abandonar el servicio en grandes cantidades.

Por otra parte, el gobierno provisional decidió compensar a los oficiales antiperonistas por los años pasados en la cárcel, el exilio o en el retiro prematuro, reintegrándoles su condición militar con promociones y sueldos retroactivos. El retorno de unos 170 oficiales, aproximadamente –la mayoría de ellos pertenecientes a los grados de jefe y oficiales superiores-, significó que los militares que habían estado fuera del servicio durante tres o cuatro años, ahora podía ser elegidos para nuevos destinos y promociones ulteriores, en abierta competencia con los oficiales que habían permanecido en el Ejército sin interrupción. Quizá fuera inevitable que estos últimos se resintieran ante las ventajas otorgadas a colegas con menos experiencia profesional, o que quienes regresan consideraran la corrección política más importante en las decisiones personales que la antigüedad en el cargo. Estas diferencias no serían fáciles de superar ni para la sociedad militar ni para la sociedad política.

EL EXILIO DE PERÓN

    Una de las más interesantes aventuras políticas de la historia contemporánea de nuestro país fue la protagonizada durante casi dos décadas por Juan D. Perón. En ese tiempo, el creador del peronismo pasó de ser un ex dictador prófugo de su país a la reconquista del poder.

    Al alejarse del país en octubre de 1955, Perón se encontraba abandonado por sus seguidores, rechazado por la mitad de los argentinos, expulsado de las filas del Ejército, procesado por delitos comunes y obligado a peregrinar buscando el aparo de los regímenes más desprestigiados de América Latina. Dieciocho años más tarde, el exiliado protagoniza un apoteótico regreso a la Argentina...

    “El regreso de Perón en 1972 –opina Rosendo Fraga, treinta años más tarde- indica que en la política argentina no hay imposibles. Cuando en 1955 fue derrocado, hubiese sido impensable en un regreso triunfal diecisiete años después, recibido por sus adversarios como una suerte de salvador y en alguna medida convocado por sus más férreos adversarios.” 

EL GENERAL DEL EJÉRCITO MÁS GLORIOSO DE AMÉRICA
Conviene retrotraer nuestro relato a los días de septiembre de 1955, cuando el hidroavión Catalina T-29, de matrícula paraguaya, se alejaba de Buenos Aires llevando al líder justicialista en condición de asilado político.

    Al llegar a Asunción, Perón se instaló provisionalmente en la casa de un simpatizante peronista, Ricardo Gayol. Desde un primer momento recibió muestras de afecto del pueblo paraguayo, que se intensificaron el 8 de octubre, cuando cumplió sesenta años. Años después Perón se referiría con sentido agradecimiento esta crítica etapa de su vida. En diálogo con el historiador Enrique Pavón Pereyra dijo: “Considero que en aquella coyuntura hasta mis enemigos hicieron mérito para que el santo nombre de Paraguay permanezca grabado en mi corazón con letras de un metal noble. Ostentaba ya como condecoraciones máximas los títulos de ciudadano de honor y general honorario del Ejército paraguayo, con inclusión de mi nombre en los cuadros activos.”  Pocos días después del gobierno del general Alfredo Stroessner lo invitó a instalarse en las cercanías de Villarrica. El general paraguayo retribuía en esa forma el apoyo que pocos años antes le brindara Perón para alcanzar la presidencia de Paraguay.

    Mientras tanto en Buenos Aires, en su primer discurso público el general Eduardo Lonardi afirmó: “La victoria no da derechos. En esta lucha no hay ni vencedores ni vencidos”.  Siguiendo esta línea política, se negó a intervenir la CGT y a disolver el Partido Peronista. Desde su punto de vista se trataba de separa a los trabajadores de Perón. Para Lonardi, un nacionalista católico, la intervención de las Fuerzas Armadas debía limitarse a poner fina al poder discrecional de Perón instaurar el Estado de derecho y negociar con algunos dirigentes peronistas para ampliar el consenso de la “Revolución Libertadora”. 

El 1º de noviembre un Tribunal de Honor convocado por el gobierno de la Revolución Libertadora para juzgar la actuación de Perón dio a conocer su fallo. El Tribunal estaba compuesto por los Tenientes Generales Carlos von Der Becke, Juan Carlos Bassi, Víctor Jaime Majó, Juan Carlos Sanguineti y Basilio D. Pertiné.

    Según Romero Carranza , quien resume los cargos formulados por el Tribunal, estos son los siguientes cargos:

“1º Sembrar el odio en la familia argentina e incitación a la violencia y al crimen.

2º Ataques a la religión católica. Incendio de iglesias.

3º Quema de la bandera argentina.

4º Incumplimiento del juramento de respetar la Constitución nacional.

5º Deslealtad con la institución militar.

6º Falso adoctrinamiento del personal militar.

7º menosprecio del pasado histórico.

8º Desnaturalización del servicio militar obligatorio.

9º Fastuosidad en el vivir incompatible con la austeridad militar.

10º Haber mantenido relación marital con una menor de 14 años a quien conoció en la Unión de Estudiantes Secundarios.

11º No afrontar la responsabilidad emergente de sus actos, acogiéndose al derecho de asilo.

En el resumen del fallo, el Tribunal expresó: “El incalificable episodio de la quema de la bandera nacional; el sacrílego incendio de las iglesias, con la destrucción de tesoros religiosos, históricos y artísticos; la constante incitación a la violencia; la prédica de odios encaminados a disociar la familia argentina y crear una división de clases, y las reiteradas ofensas a diversos sectores de la vestidura, constituyen algunos de los cargos examinados. A ello se suma que vulneró los principios constitucionales que había jurado respetar; que suprimió arbitrariamente la libertad, bien supremo del individuo y de los pueblos, y que socavó los fundamentos mismos del Ejército introduciendo la política en sus filas; menospreció la disciplina; falseó la ley de conscripción militar con miras a sus conveniencias partidarias, y que descendió, por último, rodeado de una fastuosidad –producto de su enriquecimiento ilícito- a la comisión de un delito privado y penado por el Código Penal ordinario”.

“El tribunal consideró que la actuación de Perón tuvo los agravantes de su elevado grado militar y de haber cometido los hechos cuando ejercía la primera magistratura del país. Finalmente, por unanimidad, el Tribunal resolvió que la conducta del encausado configuraba la descalificación por falta gravísima, resultando incompatible con el honor de la institución armada que el causante ostente el título del grado y el uso del uniforme.

El general Lonardi, mediante decreto que refrendó su ministro de Guerra, general Bengoa, aprobó en todas sus partes el fallo del Tribunal de Honor”. Privado de su grado militar en Argentina, Perón en adelante -para irritar a los militares argentinos- diría que era “general del ejército más glorioso de América: el paraguayo”.

Perón no habría de permanecer demasiado en tierra paraguaya, pese a sus reiteradas declaraciones en ese sentido. Paraguay estaba demasiado cerca geográfica y políticamente de la Argentina para el agrado del gobierno de la Revolución Libertadora.

    Desde el primer momento el gobierno de Asunción recibió presiones de la cancillería argentina para que limitara las actividades políticas de Perón y para que impulsara su traslado a otro país más alejado. En este proceso no faltaron actos de violencia e intentos de atentados protagonizados por agentes de Buenos Aires. Stroeessner se encargó hacerle comprender a Perón de que no podía garantizar su seguridad y de que era conveniente su alejamiento. En los primeros días de noviembre se anunció que el ex presidente argentino se trasladaría por vía aérea a Nicaragua, donde –se dijo- Anastasio “Tacho” Somoza lo recibiría. La amistad entre ambos caudillos latinoamericanos sobreviviría, sin embargo, al alejamiento de Perón de tierra paraguaya, tal como se haría evidente dieciocho años más tarde.

    El avión que conducía al líder justicialista realizó un itinerario caprichoso, aparentemente dirigido a desorientar a posibles agresores, y aterrizó finalmente en Panamá. Perón se instaló en el hotel Washington, de Colón, pero fue conminado poco después a abandonarlo y instaló entonces en un edificio de departamentos de la misma ciudad. Lo acompañaban Víctor Radeglia, su chofer Issac Gilaberte, y el ex embajador argentino en el istmo, Carlos Pascali. En la relativa tranquilidad panameña, Perón, adoptó la clásica guayabera que se estila vestir en esas latitudes y dedicó su tiempo a escribir un libro que justificaba su proceder en septiembre de 1955: “La fuerza es el derecho de las bestias”, mientras que comenzaba a implementar mecanismos para reanudar sus contactos con los miembros del “Movimiento Peronista”, que por el momento se debatía en la incertidumbre, proscrito y sin líderes ni autoridades.

EL ALEJAMIENTO DE LONARDI

    El gran problema del gobierno provisional era como manejar la herencia de Perón: el movimiento de masas, las instituciones, las políticas implementadas en los últimos doce años. ¿Qué hacer con la C.G.T:, el partido peronista, las publicaciones y radioemisoras oficiales? Estos temas y otros muchos servían de justificación para que nacionalistas y liberales rivalizaran por obtener cargos de influencia –cada uno de ellos dispuesto a interpretar cada movimiento de los rivales como un intento de dominar al gobierno-, un desemboque violento era cuestión de tiempo.

    El momento fueron los primeros días de noviembre. El clima de confrontación entre los grupos rivales fue caldeándose cada vez más a medida que avanzaban las discusiones las discusiones preliminares sobre un plan de reestructuración gubernamental propuesto y sobre la designación de un secretario de prensa de la presidencia. El plan de reestructuración propuesto aumentaba la autoridad de Villada Achával al otorgarle condición de ministro y situarlo entre el gabinete y el presidente, podía controlar la política decidiendo qué decretos elevados por los ministerios debían ser sometidos al presidente para su firma y proyectando otros decretos por iniciativa propia. “Para el sector liberal –señala Potash- era igualmente riesgoso que el asesor actuara como intérprete del espíritu revolucionario, el guardián ideológico, por así decirlo, de lo que a todas luces era un movimiento heterogéneo”.

    Aunque el presidente Lonardi –según relata Potash a quien seguimos para reconstruir la caída de Lonardi-, físicamente agotado por las exigencias de su cargo y por la enfermedad, veía en el doctor Villada Achával a un hombre inteligente que podía aliviarlo de muchas de sus responsabilidades, abandonó el plan de reorganización por la oposición del ministro del Interior y Justicia, Eduardo Busso. Algunos interesados hicieron circular una copia entre los sectores liberales de la Marina y la Fuerza Aérea. Pronto circularon también versiones de reuniones entre el general Bengoa, el doctor Villada Achaval y el canciller Amadeo tendientes a crear un régimen fascista. El titular de la Casa Militar, Coronel Bernardino Labayrú, junto con otros oficiales reincorporados, inició una campaña para desacreditar al ministro del Ejército. Algunos oficiales superiores, haciéndose eco de esas acusaciones, expresaron al presidente Lonardi la necesidad de reemplazar al ministro de Ejército para conservar el orden. Muy a su pesar Lonardi debió aceptar el 8 de noviembre el alejamiento de Bengoa.

    Para reemplazar a Bengoa el presidente eligió al coronel (R) Arturo Osorio Arana. Lonardi insistió en Osorio Arana a pesar de la manifiesta preferencia de los oficiales superiores del Ejército por el nombramiento del general Pedro E. Aramburu y desoyendo las advertencias del general nacionalista Uranga quien advirtió al presidente que no podría contar con el respaldo del nuevo ministro en caso de una crisis militar. Más aún, para elevar el rango de Osorio Arana, Lonardi no vaciló en solicitar al general Bengoa, como último acto oficial, firmara un decreto reincorporando a Osorio Arana a la situación de servicio activo y ascendiéndolo al agrado de general de brigada, a pesar de no ser oficial de Estado Mayor.

    Al parecer la crisis final que terminó con la gestión de Lonardi fue producto de los intentos del sector nacionalista del Gobierno para compensar su pérdida del ministerio de Guerra situando a uno de sus hombres al frente del ministerio del Interior. Durante algún tiempo se había hablado dentro del Gobierno de la posibilidad de dividir al Ministerio del Interior y Justicia, para dar al manejo de la justicia mayor independencia de la política. Sin embargo, resulto sorpresivo que el 10 de noviembre el presidente Lonardi firmara  decretos que no habían sido preparados por el ministerio del Interior, sino por Villada Achával, en los que se solicitaba la creación de dos cargos separados en el gabinete y se designaba ministro del Interior al conocido nacionalista, doctor Luis María de Pablo Pardo.

    Aunque de Pablo Pardo había participado, junto a los oficiales navales, activamente en los sucesos del 16 de junio, su fama de militante nacionalista y colaborador de las publicaciones fascistas en las décadas del treinta y cuarenta lo hacían inaceptable como ministro para la Armada, así como para el sector liberal. La reacción de este grupo fue tratar de presionar al presidente para que retirara el nombramiento, pero a pesar de estos esfuerzos, el círculo de sus asesores –inclusive su hijo, el capitán Luis Lonardi, y su edecán, el mayor Juan Guevara- aconsejó al presidente mantenerse firme. Así, el 12 de noviembre, a las 13.30, el presidente tomó juramento al nuevo ministro del Interior, con plena conciencia de la oposición provocada por esa designación.  El ministro de Marina, al acceder al pedido del presidente y firmar el decreto de designación, le advirtió: “Señor Presidente, en ese momento que firmo, se inicia la rebelión contra usted”.

    En realidad, el sector liberal no deseaba la renuncia del presidente le bastaba con que se desprendiera del círculo nacionalista y aceptara llevar a cabo una política de “desperonización” más dura. Sin embargo, pese a las intensas gestiones –donde no faltaron las intrigas, las ingratitudes y las presiones de todo tipo- realizadas por ambas partes no pudo arribarse a un acuerdo. Lonardi dejó su cargo sin renunciar bajo intimidación. Según relata Marta Lonardi: “Ese mediodía del 13 de noviembre, cuando mi padre oyó que Osorio Arana le daba cinco minutos para presentar la renuncia bajo la amenaza de bombardear la residencia de Olivos, mi padre, interrumpido en su sueño, después de la agotadora jornada anterior que se prolongó hasta las siete de la mañana, debió sentirse dolorosamente sorprendido. Su amigo Osorio, junto al cual había combatido al lado de sus hijos y a quien había nombrado ministro del Ejército en un acto de total confianza, el mismo que aprobara calurosamente el comunicado del 12 de noviembre, estaba allí amenazando al jefe de la revolución, como si Lonardi fuera un usurpador aferrado al poder. Cosas que tiene la política”. 

    La falta de una renuncia escrita no impidió que el general Pedro E. Aramburu, uno de los halcones del sector liberal, asumiera pocas horas después como segundo presidente de la Revolución Libertadora. Aunque los jefes navales estuvieron de acuerdo en la designación del general Aramburu, estaban resueltos a que las FF. AA. ejercieran un control directo sobre las políticas y designaciones que efectuase el Gobierno provisional. Una veintena de altos oficiales, entre los que se encontraban los generales Aramburu y Lagos, los almirantes Rojas y Hartung y el brigadier Ramón Abrahín firmaron un acuerdo por el cual el nuevo gobierno debía disolver el partido Peronista, la prohibición a sus dirigentes de actuar en cualquier actividad política futura, y el avance de las investigaciones ya iniciadas sobre la corrupción y los excesos cometidos por el gobierno peronista. Pero lo más importante era que el acuerdo exigía la creación de un Consejo Militar Revolucionario que actuaría como control del Poder Ejecutivo, en ausencia del Congreso electo. La aprobación del Consejo Militar era necesaria para todos los decretos ley emitidos por el gobierno en el ejercicio de sus facultades legislativas; para la designación de ministros y de interventores provinciales.

    Puesto que el Consejo Militar estaría formado por el vicepresidente y los ministros de cada una de las tres Fuerzas Armadas, la Armada, que contaba con la mitad de los integrantes del nuevo cuerpo, se había asegurado una influencia decisiva en la marcha del gobierno.

    Sin embargo, el 22 de noviembre de 1955, el general Aramburu logró fortalecer sus propios poderes al sancionar el decreto 3.440 que transformó al Consejo Militar Revolucionario en una Junta Militar Consultiva, con facultades de consulta más que de decisión. En esta forma el presidente provisional adquiría una mayor independencia con respecto a las Fuerzas Armadas.
 
EL GOBIERNO DE ARAMBURU

    Las primeras medidas que adoptó la administración de Aramburu mostraron a las claras la brecha existente entre el nuevo gobierno y la etapa inicial del proceso militar implementado por el general Lonardi. Tal como hemos señalado, durante el interregno de Lonardi las pujas dentro del gobierno provisional respondían a las diferencias políticas e ideológicas entre liberales y nacionalista. La renuncia forzada de Lonardi significó el ocaso definitivo del sector nacionalista católico. El nuevo gobierno era “monocolor”, los liberales predominaban casi en forma absoluta.

    Sin embargo, el predominio militar no significó el fin de las intrigas en el seno del gobierno. Pronto resulto evidente que existían en su seno dos sectores liderados cada uno de ellos por las dos máximas figuras del régimen de facto. El presidente provisional, general Pedro E. Aramburu, negociador, partidario de una rápida salida institucional; y el vicepresidente Isaac F. Rojas, representante del peronismo más intransigente, que condicionaba el retorno a la constitucionalidad a la previa eliminación de cualquier vestigio de peronismo en la sociedad argentina. Finalmente, se impondrá el mayor peso institucional del Ejército y Aramburu logrará gestar una salida electoral para el gobierno provisional. En sus memorias,  -dictadas muchos años después, al final de su vida y después del asesinato del ex presidente- el almirante Rojas no intenta ocultar sus diferencias con Aramburu: “Aramburu no me quería... Yo me llevaba muy bien con el general Lonardi y él me distinguía mucho...”

    Las primeras medidas del nuevo gobierno significaron una profundización del proceso de “desperonización”.  Aramburu sancionó el decreto 4.161 que establecía: “Art. 1º. Queda prohibida en todo el territorio de la Nación: a) La utilización, con fines de afirmación ideológica peronista, efectuada públicamente, o de propaganda peronista, por cualquier persona, ya se trate de individuos aislados, grupos de individuos, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, sociedades, personas jurídicas, públicas o privadas, de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas, que pretendan tal carácter. [...] Se considerará especialmente violatoria de esta disposición la utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto, el de sus parientes, las expresiones ‘peronismo’, ‘peronista’, ‘justicialismo’, justicialista’, ‘tercera posición’, ‘P.P.’. las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las composiciones musicales denominadas “Marcha de los muchachos peronistas” y “Evita Capitana” o fragmentos de las mismas, la obra La razón de mi vida o fragmentos de la misma, y los discursos del presidente depuesto y de su esposa o fragmentos de los mismos [...]”

El gobierno de la Revolución Libertadora también inhabilitó a todos los dirigentes políticos y gremiales que hubieran participado del gobierno de Perón. Las autoridades militares confeccionaron listas de dirigentes, delegados gremiales y militantes políticos que fueron encarcelados. Una vez intervenida la CGT, utilizando como justificación un paro general de actividades, también se decretó la interdicción  general de bienes de sociedades y personas creándose la “Junta de Recuperación Patrimonial” para fiscalización y administración de los bienes. Las sedes de los gremios fueron controladas por fuerzas de seguridad. Ni el cadáver de Eva Perón escaparía al odio de los “gorilas”.

Perón respondió ordenando a los peronistas resistir el embate del gobierno de facto. En una carta fechada el 1 de diciembre de 1955 decía: “La disolución del Partido Peronista por decreto de la dictadura no debe dar lugar a la dispersión de nuestras fuerzas. Es necesario seguir con nuestras organizaciones. Tanto las mujeres como los hombres peronistas deben seguir reuniéndose para mantener el partido. Cada casa de un peronista será en adelante una unidad básica del partido. La Confederación General del Trabajo y sus sindicatos, atropellados por la dictadura, deben proceder en forma similar. Yo, sigo siendo el jefe de las fuerzas peronistas y nadie puede invocar mi representación. Si hay elecciones sin el peronismo, todo buen peronista debe abstenerse de votar. Esta es mi orden desde el exilio”.

El gobierno también suspendió las convenciones colectivas de trabajo, lo que privó a los trabajadores de mejoras salariales en un período en el cual el poder adquisitivo de los salarios decaía a causa de la inflación.

Frente a esta situación de represión y deterioro salarial, los trabajadores organizaron y protagonizaron acciones de resistencia. Muchos reaccionaron –casi individualmente- rebelándose contra la prohibición del peronismo. Realizaban actos breves en las calles, se subían a aun cajón entonaban la marcha peronista, arrojaban algunos volantes impulsando la resistencia contra el gobierno y vivando a Perón y desaparecían antes que la policía pudiera detenerlos.

Otro grupo de militantes peronistas operando en forma mucho más orgánica  formó en la clandestinidad la denominada “Resistencia Peronista” que para atacar al gobierno de facto realizó numerosos actos de terrorismo. Surgieron así pequeños grupos de activistas en todo el país, dentro de las organizaciones de base existentes. Una gran parte de sus cuadros de conducción fueron dirigentes de segunda o tercera línea que no habían sido encarcelados por no haber tenido un gran protagonismo durante los gobiernos peronistas.

Los más violentos y audaces comenzaron a organizar sabotajes y elevar el tono de las protestas, haciendo estallar, en diversos lugares, explosivos de fabricación casera, a los que llamaban “caños”.

Uno de sus manipuladores relata: “…eran unos caños de veinticinco o treinta centímetrso de largo por dos pulgadas de diámetros. El fondo del caño era cerrado. Adentro no sé que tipo de explosivo tenía pero para nosotros era lo mismo. Por separado venía la tapa que era a rosca; dentro de la tapa traía el fulminante. También por separado llevábamos unos tubitos –y hace un gesto con su mano como que los llevaban en el bolsillo superior del saco, al lado de la solapa-; como los tubos de ensayo que usan los químicos; que traían un líquido y tenían un tapón de algodón. Cuando llegábamos al objetivo a hacer volar, poníamos el tubito dentro del caño, que venía con el espacio preparado para recibir ese tubito, y luego lo roscábamos la tapa. Una vez cerrado, dábamos vuelta todo el caño y lo dejábamos en el lugar elegido. Minutos después estallaba. ¿Cuántos minutos después? La verdad es que nunca se sabía…” 

Desde aquella fecha hasta el llamado de elecciones  en 1957 detonaron 7.000 artefactos explosivos en Argentina, un número muy superior a los que estallaron durante el conflicto colonial de Francia en Argelia.

En las filas del Ejército, debido a la eliminación de oficiales y suboficiales sospechados de simpatizar con el régimen depuesto fue gestándose un clima de descontento hacia el rumbo que tomaba el gobierno que pronto llevaría a un grupo de militares a pensar en la posibilidad de un golpe contrarrevolucionario.

Pronto el descontento en el seno de Ejército se hizo evidente y los planes conspirativos un secreto a voces. El gobierno respondió a fines de marzo de 1956 sancionando el decreto – ley 5.552 que modificaba el Código de Justicia Militar, endureciendo las penas por actos de rebelión y conspiración y restaurando la pena de muerte por causas políticas.

Sin embargo, el gobierno aunque sabía la existencia de una conspiración cívico – militar ignoraba con precisión el alcance de la misma y la fecha del alzamiento.
    

EL LEVANTAMIENTO DE VALLE


El 9 de junio de 1956, los generales peronistas retirados  Juan José Valle y Raúl Tanco, lanzaron el “Movimiento de Recuperación Nacional”, un  intento para derrocar a través de un nuevo golpe de Estado al gobierno de la Revolución Libertadora.


“El jefe del movimiento del 9 de junio, era el general Juan José Valle (1904 – 1956), egresó de la promoción 47° del Colegio Militar de la Nación, fue oficial instructor de dicho Coelgio y se había graduado como ingeniero militar con altas calificaciones. En lo político participó, como teniente primero, del golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 que derrocó a Irigoyen. Como otros militares participó también del derrocamiento del presidente Castillo, en 1943, pero no formaba parte del GOU. Estaba casado con Dora Prieto, perteneciente a una familia conservadora de la provincia de Buenos Aires. El matrimonio únicamente tuvo una hija de nombre Susana.

Susana Valle, tenía al momento de estos sucesos diecisiete años. Recordando a su padre diría años más tarde: “Papá era de los pocos militares no nazis. Su formación era otra, en donde la izquierda no lo austaba. Estudió en la Sorbona, vio de cerca el fascismo en Italia y lo rechazó sin miramientos”.

Valle era compañero de promoción de Aramburu. Ambos habían prestado servicio como ayudantes del ministro de Guerra, general Tonáis, durante la presidencia del general Agustín P. Justo. Eran amigos y sus familias estaban vinculadas, pero Valle no participo de los trabajos conspirativos que culminaron en el derrocamiento de Perón. En 1955, comandaba la Dirección general de Ingenieros y permaneció leal al gobierno constitucional. Por esa razón fue pasado a retiro y detenido en duras condiciones en un barco de la Armada.

Compartió la prisión con el general Raúl D. Tanco, ex comandante de la Tercera División de Ejército. En esas circunstancias, ambos comenzaron a preparar un movimiento revolucionario y convocaron para la empresa a otros jefes que habían pasado a retiro o sancionados por tribunales militares de honor. Tal fue el caso, entre otros del coronel Ricardo Ibazeta, separado del Ejército bajo el argumento que “habiendo podido desde el cargo que ocupaba colaborar con la lucha contra la dictadura, no lo hizo”.


El plan revolucionario consistía en enviar comandos revolucionarios formados por militares –en su mayoría se trataba de suboficiales- y civiles, para capturar regimientos en varias ciudades del país, ocupar las radios y distribuir armas de los arsenales militares entre los sectores obreros que esperaban adherirían al movimiento después de las primeras acciones.

María Sáenz Quesada afirma que Valle creía de buena fe que el movimiento tenía posibilidades de triunfar gracias al apoyo de una mayoría de suboficiales leales y de unos pocos jefes en actividad. Por eso aceptó que dirigentes sindicales participaran del proyecto.

Los conspiradores eligieron el sábado 9 de junio para desarrollar las acciones aprovechando que el general Aramburu se encontraba de gira por la provincia de Santa Fe en compañía de los ministros de Ejército y Marina. Tampoco se encontraban en la ciudad de Buenos Aires ni el general Guillermo T. Alonso, jefe del Estado Mayor del Ejército, ni el jefe del Estado Mayor de la Aeronáutica, comodoro Arturo Krause.  Pensaron que debido al fin de semana en las unidades militares sólo encontrarían al personal de guardia lo cual reduciría la capacidad de resistencia.

Sin embargo, el gobierno estaba al tanto de los preparativos revolucionarios. Así lo recuerda el almirante Rojas en sus memorias: “En junio de 1956, mi servicio de inteligencia y su jefe, que era el capitán de navío Mario Robbio Pacheco, me informaron que se habían detectado rumores de una contrarrevolución para poner al peronismo en el poder.”

“Lo primero que hice fue conversar con todos los comandantes en jede presentes en la Capital, pues los ministros y el presidente estaban en Santa Fe. De la Marina me encargaría yo, por supuesto.”

“El 9 de junio, a la noche, estaba en antecedentes de lo que iba a ocurrir y la Marina fue alertada.”

El día 8 de junio el gobierno provisional procedió a detener a un buen número de sindicalistas peronistas intentando desalentar la posible participación obrera en la insurrección. La insurrección recibía su primer revés al carecer de una de sus mayores ventajas: el factor sorpresa.

En la madrugada del 9 de junio, en la Escuela Industrial de Avellaneda, elegida como sede del Comando Revolucionario, fue descargado horas antes un equipo transmisor para conectarlo a una emisora a capturar y difundir la proclama revolucionaria y una arenga del general Valle. Sin embargo, llegado el momento la proclama insurreccional no pudo transmitirse debido a que había fracasado la toma de la difusora.

A pesar de ello y de otros inconvenientes de orden técnico operacional, el levantamiento comenzó casi simultáneamente con cuatro focos:

a.- La ciudad de La Plata.
b.- La ciudad de Santa Rosa en La Pampa.
c.- La Escuela de Suboficiales “Sargento Cabral”, en Campo de Mayo.
d.- La Escuela de Mecánica del Ejército, en cuya adyacencia estaba ubicado el arsenal “Esteban de Luca”.

En La Plata, los rebeldes al mando del coronel Oscar L. Cogorno se apropiaron del 7º Regimiento de Infantería y lanzaron su ataque contra el cuartel general de la policía y la 2º División de Infantería. A pesar del intento, los rebeldes tuvieron que capitular en forma incondicional ante el grueso de las fuerzas que se mantuvieron leales en las primeras horas de la madrugada del 10 de junio. En Santa Rosa, el jefe rebelde mayor César Phillipeaux logró con el apoyo de comandos civiles ocupar el cuartel general del distrito militar, apoderarse del departamento de policía y de algunos organismo públicos  -entre ellos, la estación L.T.2 del Estado, que difundió proclamas y mensajes revolucionarios durante la noche y parte de la madrigada). Pero finalmente tuvieron que capitular ante las fuerzas leales.

En la Escuela de Mecánica del Ejército y el arsenal Estaban de Luca los rebeldes ni siquiera pudieron apoderarse de las instalaciones por la resistencia de las tropas leales. Algo similar ocurrió en Campo de Mayo, donde a pesar de haberse sublevado un batallón de infantería, las tropas leales obligaron a los rebeldes que al mando del coronel Cortines se habían apoderado del edificio de la Agrupación Infantería, ya que fueron rechazadas las fuerzas encabezadas por el coronel (R) Berazay, que intentaron copar la Ex- Escuela de Artillería.  

Los militares y civiles peronistas que participaron en el levantamiento de junio de 1956 pagaron muy caro su fracaso. El levantamiento dejó un saldo de 34 muertos, de los cuales solo siete cayeron en acción. Los veintisiete restantes fueron pasados por las armas sin mayores consideraciones por los derechos humanos.

Violando todos los precedentes y las propias seguridades dadas a los golpistas para que se entregaran, el presidente General Pedro E. Aramburu ordenó el fusilamiento de 18 militares y 9 civiles, incluso el jefe del movimiento, el general Valle; Tanco se salvó refugiándose en una embajada. Un grupo de civiles fue menos afortunado y terminó salvajemente asesinado en los basurales de José León Suárez.

Estos terribles sucesos han sido frecuentemente ocultados y minimizados. Por lo cual parece oportuno detenernos brevemente para aportar al lector algunos detalles sobre el hecho.

El escritor y militante Montonero, Rodolfo Walsh, quien investigó en detalle estos hechos, descibre con exactitud la magnitud de estos crímenes, en su libro “Operación Masacre” :

“Las ejecuciones militares en los cuarteles fueron, por supuesto, tan bárbaras, ilegales y arbitrarias como las de civiles en el basural.”

“Los seis hombres que al mando del coronel Yrigoyen pretendieron instalar en Avellaneda el comando de Valle y a quienes se capturó sin resistencia, son fusilados en la Unidad Regional de Lanús en la madrugada del 10 de junio.”

“El coronel Cogorno, jefe del levantamiento en La Plata, es ejecutado en los primeros minutos del 11 en el cuartel del regimiento 7. El civil Alberto Abadie, herido en la refriega, es previamente curado. Recién el 12 al anochecer está maduro para el pelotón, que lo enfrenta en el Bosque.”

“El 10 de junio a mediodía son juzgados en Campo de Mayo los coroneles Cortínez e Ibazeta y cinco oficiales subalternos. El tribunal presidido por el general Lorio resuelve que no corresponde la pena de muerte. El poder ejecutivo salta olímpicamente sobre la ‘cosa juzgada’ y dicta el decreto 10.364 que condena a muerte a seis de los siete acusados. La orden se cumple a las 3.40 de la madrugada del 11 de junio, junto a un terraplén.”

“Al mismo tiempo se fusila en la Escuela de Mecánica del Ejército a los cuatro suboficiales que momentáneamente la habían tomado, y en la Penitenciaría Nacional a tres suboficiales del regimiento 2 de Palermo, presuntamente ‘complicados’. Tiempo después hablé con la viuda de uno de  ellos, el sargento músico Luciano Isaías Rojas. Me confió que la noche del levantamiento su marido había dormido con ella en su casa.”

“El 12 de junio se entrega el general Valle, a cambio de que cese la matanza. Lo fusilan esa misma noche.”

“Suman 27 ejecuciones en menos de 72 horas en seis lugares.” 

“Todas ellas están calificadas por el artículo 18 de la Constitución Nacional, vigente en ese momento, que dice: ‘Queda abolida para siempre la pena de muerte por motivos políticos’.”

“En algunos casos se aplica retroactivamente la ley marcial. En otros, se vuelve abusivamente sobre la cosa juzgada. En otros, no se toma en cuenta el desistimiento de la acción armada que han hecho a la primera intimación los acusados. Se trata en suma de un vasto asesinato, arbitrario e ilegal, cuyos responsables máximos son los firmantes de los decretos que pretendieron convalidarlos: generales Aramburu y Ossorio Arana, almirante Rojas y Hartung, brigadier Krause.”

    Por su parte, uno de los responsables de estos crímenes, el Almirante Isaac F. Rojas, en sus “Memorias” se refiere al hecho tratando de disminuir su trascendencia aunque no lo niega. Dice el marino:

“La orden que yo bajé, comunicada a todos los otros comandantes en Jefe, fue la siguiente: ‘Si hay que cumplir alguna pena capital, nunca sea antes de amanecer y que siempre lleve mi firma’.”

“Desgraciadamente, al general Cuaranta, que era Jefe de la SIDE, no le llegó esta información y entonces tuvo lugar aquel triste episodio de José León Suárez. Pero tenía su justificación, pues allí había un camión que tenía un poderoso transmisor adentro que iba a transmitir todas las órdenes correspondientes que necesitaban los elementos contrarrevolucionarios.”

“Recuerdo que el general Tanco se asiló en la embajada de Haití. Cuando llegó Cuaranta y pidió hablar con el embajador, el representante diplomático era una mujer de color, y le dijo: ‘Señor general, yo soy la embajadora...’, a lo que Cuaranta respondió: ‘Que vas a ser vos la embajadora negra de m...’, y le pegó un manotazo. Entró Cuaranta a la embajada y lo sacó a Tanco a empujones.

Advertido de esta situación, yo ordené inmediatamente que Tanco fuera restituido a la embajada de Haití y le hice pedir disculpas a la señora embajadora. Por supuesto, todo esto con gran disgusto del general Cuaranta... que era un gran adicto a la revolución, pero muy impulsivo y desubicado.

Cuando me enteré de lo que había hecho Cuaranta por su cuenta en José León Suárez y sin dar cumplimiento a mis disposiciones, me indigné, y aquí debo confesar que cometí un grave error. El general Cuaranta debió ser procesado por su incumplimiento de las órdenes del superior. Pero no lo hice y todo siguió adelante, desgraciadamente... Esa fue una debilidad de mi parte. Cuaranta se había trasladado a León Suárez y encontró a un grupo subversivo con aquel camión. Sin dar cumplimiento a mis órdenes, dispuso por su cuenta el abatimiento de los componentes de ese grupo.”

    En verdad el general Cuaranta debió ser procesado no por incumplimiento de una orden sino por asesinato... La actitud de Rojas tampoco es un error sino el encubrimiento de un asesinato masivo. Pero convengamos que el Almirante Rojas no niega los hechos ni pretende disminuir la responsabilidad histórica que tuvo en los mismos. En un párrafo posterior agrega:

“Declarados el estado de sitio y la ley marcial, el día 12 estaba reunida la Junta Militar, en la Casa de gobierno, cuando se hizo presente el general Lorio, que era jefe de Campo de Mayo y nos dijo, al presidente y a la junta reunida: ‘Señor Presidente, señores miembros de la Junta Militar, yo creo que es conveniente suspender los fusilamientos y basta con que se fusilen un teniente o dos...’ Yo lo escuchaba callado, pero cuando dijo eso intervine: ‘Señor Presidente: voy a tomar la palabra. Señores miembros de la Junta Militar, yo los voy a acompañar en todo, voy a firmar todo lo que Uds. firmen, pero si a alguien hay que fusilar es al jefe de la revolución, el general Valle. Si Uds. resuelven no fusilarlo, yo los acompañaré. Pero si Uds. resuelven hacerlo, también los acompañaré’.”

“Todos, incluido Aramburu, Osorio Arana, Hartung, Krause –que estaba enfrente- me apoyaron enérgicamente. Dijeron: ‘El general Valle debe ser fusilado’. Así se le comunicó al general Lorio y se le dio la orden de proceder a la ejecución, que tuvo lugar en la Penitenciaria, ubicada en ese entonces en la avenida Coronel Díaz”.

    Cabe recordar que quienes así resolvían sobre la vida de otros argentinos eran miembros de un gobierno de facto, que diez meses antes se habían apropiado del poder derrocando a un gobierno constitucional y que para triunfar en sus propósitos no habían dudado en bombardear la ciudad de Buenos Aires como si tratara de una capital enemiga...

El general Juan José Valle, antes de ser fusilado, envió una dramática carta a Aramburu donde la formulaba una advertencia premoritoria. Comenzó denunciando el complot gubernamental y la brutal represión, diciendo: “Dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado. Debo a mi patria la declaración fidedigna de los acontecimientos. Declaro que un grupo de marinos y militares, movidos por ustedes mismos, son los únicos responsables de lo acaecido. Para liquidar opositores les pereció digno inducirnos al levantamiento y sacrificarnos luego fríamente. Nos faltó astucia o perversidad para adivinar la treta. Así se explica que nos esperaran en los cuarteles apuntándonos con ametralladoras, que avanzaran los tanques de ustedes en defensa de las guarniciones aun antes de estallar el movimiento, que capitanearan tropas de represión algunos oficiales comprometidos en nuestra revolución. Con fusilarme a mí bastaba. Pero no, han querido ustedes escarmentar al pueblo, cobrarse la impopularidad confesada por el mismo Rojas, vengarse de los sabotajes, cubrir el fracaso de las investigaciones, desvirtuadas al día siguiente en solicitadas de los diarios y desahogar una vez más su odio al pueblo. De aquí esta inconcebible y monstruosa ola de asesinatos”.

Finalmente advirtió a su asesino: “Aunque vivan cien años, sus víctimas les seguirán a cualquier rincón del mundo donde pretendan esconderse. Vivirán ustedes, sus mujeres y sus hijos, bajo el terror constante de ser asesinados. Porque ningún derecho, ni natural ni divino, justificará jamás tantas ejecuciones”.


EL RADICALISMO EN TIEMPOS DE PERÓN

    El gobierno militar que se constituyó a partir del 4 de junio de 1943 dominado por los nacionalistas tenía fuertes resistencias contra lo que denominaba la “partidocracia”. En consecuencia procedió a disolver a los partidos políticos en diciembre de 1943. La vida interna del radicalismo y se desarrollo en la clandestinidad hasta que el 2 de marzo de 1945 se autoriza a los partidos políticos a reanudar sus actividades.

    El 30 de julio se realizó en la localidad bonaerense de “9 de Julio” una muy concurrida reunión de dirigentes radicales. En el ánimo de los concurrentes reinaba un clima de oposición directa al gobierno militar y a su principal figura el coronel Perón. Entre las autoridades que surgen de este encuentro predominaba la idea del “Frente Popular”. Esta estrategia había sido empleada en Europa –especialmente en Francia- en el período entre guerras y consistía en la unión de los partidos liberales, socialistas y comunistas para frenar el avance de la derecha. Como la mayoría de los políticos opositores consideraban al gobierno militar como “nazifascista”, la idea del “Frente Popular” resultaba para ellos una alternativa atractiva.

    Sin embargo, no todos los dirigentes radicales eran partidarios de la “unidad de todas las fuerzas democráticas”. Un grupo radical disidente había formado, pocos días antes, el 4 de mayo de 1945, en una reunión realizada en la localidad de Avellaneda, el “Movimiento de Intransigencia y Renovación”.

    En esta forma quedan constituidas las dos corrientes internas que determinaran la vida del partido radical en los siguientes años. El Núcleo de Unidad Radical o “unionismo” que rescata la tradición del radicalismo antipersonalista y sostenían posiciones más cercanas al liberalismo. La “intransigencia”, por el contrario, se considera heredera de las tradiciones y el nacionalismo yrigoyenista.

    El 28 de agosto la dirección unionista adhiere al “Consejo de Coordinación Democrática”. Días más tarde, el 19 de septiembre la “Marcha por la Constitución y la Libertad” reúne, desde los comunistas hasta los conservadores, a todos los partidos que rechazan la “dictadura y la demagogia obrerista” del coronel Perón. Esta marcha sirve de detonante a los sucesos del 17 de octubre de 1945.

    Cuando el gobierno militar establece la fecha de los comicios que normalizaran la vida del país, la conducción del radicalismo, en manos del sector unionista pacta con las fuerzas conservadoras. Nace así la “Unión Democrática” que integra además del radicalismo a los partidos comunista, socialista y demócrata progresista en apoyo de la formula radical compuesta por los doctores Tamborín y Mosca. En las reuniones partidarias –dice Rouquié- perturban la serenidad de los debates unionistas al grito de “Yrigoyen” y de “solos”. Los intransigentes acusaban a la conducción radical de haber abandonado la “causa del pueblo”. 

    El 24 de febrero de 1946 Perón es elegido presidente por el 54% de los sufragios contra el 46% de la Unión Democrática. Los intransigentes ven en la derrota la confirmación a sus críticas, se desata entonces una gran agitación en el interior del radicalismo. El 6 de agosto de 1946, el “Comité Directivo” fue  declarado destituido de sus funciones por la “Convención Nacional” y se creó una “Junta Nacional Ejecutiva” encargada de reorganizar al partido. La junta está integrada por siete miembros de los cuales tres son intransigentes: Arturo Frondizi, Antonio Sobral y Crisólogo Larralde.

    En el Congreso Nacional, recientemente electo, la UCR obtuvo 44 diputados, entre ellos había mayoría de intransigentes. Ante la crisis de los organismos partidarios, es prácticamente el grupo parlamentario quien en adelante orienta la política del radicalismo. El presidente del grupo parlamentario es Ricardo Balbín y los vicepresidentes Arturo Frondizi y Antonio Sobral.

    Entre el 9 y 10 de agosto de 1947 se realiza el primer congreso nacional del Movimiento de Intransigencia y Renovación, en Avellaneda. Allí se sanciona la llamada “Carta de Avellaneda”. Este documento se compone de tres textos: una “Profesión de fe radical”, redactada por el doctor Gabriel del Mazo en el mejor estilo yrigoyenista, las “Bases de acción política”, redactadas por una comisión que integraban entre otros Arturo Frondizi y Moisés Lebensohn, y finalmente una “Declaración política” presentada por este último.

    En 1948 se realizaron elecciones internas en el radicalismo, por primera vez por sufragio universal, donde triunfaron los intransigentes. La mayoría fue estrecha en el Comité Nacional a causa de la representación igualitaria. La Carta de Avellaneda se convirtió en la doctrina oficial del radicalismo. La política de acuerdos y de alianzas fue abandonada y expresamente prohibida. Se estableció en forma taxativa que la elección de los candidatos a la presidencia debía realizarla una “Convención” a fin de respetar el equilibrio federal que se distorsionaría, en provecho de las provincias más pobladas, en caso de emplearse el sufragio universal. Este procedimiento fue el empleado para la designación de Irigoyen –1916 y 1928- y de Alvear –1922-.

    Pero las luchas internas no habían concluido. Al año siguiente, el radicalismo debió definir el criterio a seguir ante la Constitución Nacional de 1949 que posibilitaba la reelección de Perón. Los  unionistas se rehusaban a prestar juramento a la nueva constitución  y proponían que los radicales abandonaran todos los cargos públicos; los intransigentes decidieron jurar el nuevo texto constitucional, pero dejaron abierta a la libertad de conciencia de cada legislador la actitud a seguir.

    La decisión del partido de presentar candidatos a las elecciones presidenciales de 1951 a pesar de las limitaciones que el gobierno peronista imponía al juego democrático y al accionar de los partidos opositores volvió a agitar el seno del radicalismo. La elección por la convención de la fórmula intransigente integrada por Ricardo Balbín y Arturo Frondizi, disgustó a los unionistas que plantearon el abandono de la Carta de Avellaneda y propusieron una campaña electoral centrada únicamente en el retorno a las libertades individuales conculcadas por el peronismo.

    El programa electoral de la UCR sancionado por la convención de 5 de agosto de 1951, desarrollaba en grandes líneas la Carta de Avellaneda. Los unionistas y los sabbatinistas cordobeses – un grupo que integraba la intransigencia-  se niegan a participar de elecciones sin garantías. A partir de 1952 ambos grupos rehusaran tomar parte en las asambleas elegidas dentro del partido. En esta forma los grupos intransigentes definirán la política del radicalismo.

    El 31 de enero de 1954, Arturo Frondizi es electo presidente del Comité Nacional después de una agitada sesión y el retiro de varias delegaciones. Esta designación no significaba un claro liderazgo de Frondizi dentro del partido. Hasta ese momento, la presidencia del partido carecía de relevancia, los acontecimientos posteriores revertirán esa situación.

    Dieciocho meses más tarde, durante el periodo de pacificación que siguió al bombardeo de Plaza de Mayo y la quema de las iglesias -el 16 de junio de 1955-, Arturo Frondizi pronuncia un significativo discurso que lo proyecta más claramente  como líder del radicalismo.

Al hablar el 27 de julio de 1955, el presidente de la UCR es, el primer jefe de un partido opositor autorizado a tomar la palabra en la radio después de ocho años. Sin entrar en el juego del gobierno, Frondizi se hace el vocero de la oposición democrática exigiendo previamente en toda tentativa de pacificación el retorno a un estado de derecho, la moralización de la vida política, la liberalización inmediata del régimen y la defensa de la soberanía económica –en clara referencia al acuerdo firmado con la Standard Oil-. Pero, al mismo tiempo, intenta un acercamiento con los votantes peronistas afirmando que “el radicalismo no está movido por el rencor, el odio o el deseo de revancha...”, y que “la UCR no desea el retorno al régimen del 3 de junio de 1943.” Frondizi insiste sobre un punto preciso: la solución de los problemas sociales no exige la supresión de las libertades individuales, como Perón ha hecho creer a sus partidarios: “Volver a un régimen de libertades no implica el retorno a los viejos criterios conservadores. La libertad no es una expresión formal vacía de contenido; para ser plena y efectiva, debe penetrar hasta el fondo de las relaciones sociales y eliminar las causas de la inseguridad, de la explotación, del atraso económico y del desarrollo moral.” 

Gracias a la política de participación durante el gobierno peronista, llevada a cabo por los intransigentes, cuando el peronismo fue derrocado la UCR era el único partido político totalmente organizado en todo el país. Inmediatamente el radicalismo comenzó una intensa propaganda orientada a captar al electorado peronista que enfrentaba el exilio de su líder y la proscripción de su partido y la persecución de sus dirigentes. Inmediatamente el radicalismo organizó actos públicos –31 de octubre en el Luna Park-, promocionando a algunos dirigentes obreros –Plaza Constitución, el 1º de mayo de 1956-, creó un secretariado sindical y una comisión intersindical. El 13 de octubre de 1955 la UCR se pronunció por una central sindical única y comenzó a editar un semanario denominado “Causa Obrera”, dirigido al electorado peronista. En sus páginas, tomando las banderas peronistas, se apelaba la “justicia social” y se atacaba a la “oligarquía”.

Al mismo tiempo, el radicalismo comenzó a reclamar la liberación de los sindicalistas detenidos por el gobierno del general Aramburu. Frondizi en sus discursos presentaba a la UCR como un partido esencialmente revolucionario y antiimperialista, destacaba la condena que de la Unión Democrática hicieron en su momento los intransigentes y proponía la reconciliación nacional.

Los intransigentes del MIR querían modernizar al radicalismo y superar la antinomia peronismo – antiperonismo. Pero no todos los radicales estuvieron de acuerdo con esa política. Los intransigentes se vieron obligados a tomar medidas disciplinarias enérgicas contra los disidentes en los distritos de Capital Federal, Entre Ríos y Santa Fe.

Por su parte los grupos unionistas se indignaron por la eliminación de los disidentes. Así lo expresaba  también el dirigente del MIN cordobés, Amadeo Sabattini: “Hay mucha gente que procura llegar a la unidad radical y que en razón de su intolerancia excluye de sus filas a fuerzas valiosas, un poco conservadoras, es cierto, pero que no tienen por eso menos derecho de ocupar un lugar en el radicalismo.”

Los intransigentes de Córdoba, reagrupados en el seno del “Movimiento de Intransigencia Nacional” –MIN-, proponían que para unificar al partido se realizara una “reorganización nacional por medio de una nueva afiliación y la suspensión hasta entonces de elecciones internas”. Pero, Frondizi y los intransigentes del MIR se opusieron a cualquier concesión al respecto. El nivel de la confrontación se fue incrementando. El unionismo atacó “el sistema totalitario, el origen fraudulento, la inspiración materialista, la acción contra el federalismo, el carácter titánico de la mayoría del Comité Nacional”. Sabattini igualmente criticó los “métodos autoritarios del Comité Nacional”. Las críticas más duras son contra Arturo Frondizi a quien se acusó de ser “responsable de la política divisionista” y “obstáculo esencial para la unificación del partido”.

    Lentamente la Unión Cívica Radical se fue dividiendo en dos grandes grupos antagónicos. Los unionistas y el MIN apoyan la política del gobierno de la Revolución Libertadora y reprochan a la conducción del partido su ausencia en la lucha directa durante el golpe de Estado contra Perón. Su objetivo manifiesto era consolidar la Revolución, lo que en ese momento significaba un retorno a las políticas liberales. Por ese entonces el Ateneo Cívico Radical declaraba: “Solidarios con la Revolución Libertadora nos proponemos luchar por el reforzamiento de la forma republicana, representativa y federal del Estado, consagrada por la Constitución de 1853... Preconizamos una acción tendiente a resolver los grandes problemas tocantes a las filas numerosas y resignadas de la clase media –empleados, trabajadores independientes e intelectuales- exigiendo también una mejora real de las condiciones de vida de todos los trabajadores”.

    El 10 de marzo de 1956, por 66 votos contra 20, Arturo Frondizi fue reelecto presidente del Comité Nacional y Oscar Allende y Celestino Gelsi como vicepresidentes. Los unionistas se negaron a participar de la convención. En esa oportunidad, el Ricardo Balbín elogió a su antiguo compañero de fórmula. Fue la última vez en que ambos dirigentes radicales coincidieron en un acto político.

    Las diferencias entre ambas figuras políticas estaban seguramente originadas en sus naturales apetencias personales. Sin lugar a dudas, el próximo presidente de la Nación saldría de las filas de la Unión Cívica Radial en consecuencia, es lógico suponer que sus dos figuras principales aspiraran a obtener la candidatura presidencial del partido. Pero, en política siempre las apetencias personales se presentan como cuestiones programáticas o ideológicas. Esta circunstancia no fue una excepción. Las diferencias entre Frondizi y Balbín casi inmediatamente tomaron sustento político. Se presentaron con respecto a la actitud a seguir con respecto al gobierno de la Revolución Libertadora y en especial, frente al peronismo en la proscripción.

    Veamos el siguiente testimonio al respecto. En 1956, el presidente de facto, general Pedro E. Aramburu invitó a cenar a los líderes del radicalismo Arturo Frondizi y Ricardo Balbín, con sus respectivas esposas, en la residencia presidencial de Olivos.

    “Al terminar el ágape y quedar las señoras en el comedor, los hombres pasaron al living y allí el General Aramburu requirió cuál sería la actitud del radicalismo para con el gobierno de facto. Al responder, Frondizi dijo que ‘todo lo que esté bien lo vamos a aplaudir, no le quepa duda. Pero también tenga la seguridad que va a caer nuestra crítica sin concesiones sobre aquello que creamos que esté mal’.

    “Balbín, por su parte, señaló que ‘con el doctor Frondizi, siempre hemos coincidido en todo. Pero ahora, en esto, no Mis amigos y yo entendemos que el gobierno de la Revolución Libertadora nos ha salvado del Peronismo, y entonces estamos decididos a apoyarlos en todo, lo mismo en sus aciertos que en sus errores. Entendemos que ese es nuestro deber y nuestro compromiso’. ” 


LA REVOLUCIÓN LIBERTADORA Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS


    Durante la breve gestión de Lonardi, el ministro del Interior doctor Eduardo Busso y el subsecretario de esa cartera doctor Carlos Muñiz intentaron consolidar el apoyo político de que gozaba el gobierno revolucionario a través de la incorporación al mismo de representantes de las principales fuerzas políticas antiperonistas.

    A tal efecto se reunieron el 28 de septiembre de 1955 con la cúpula directiva de las agrupaciones cívicas que habían adherido a la Revolución Libertadora, con excepción de los comunistas, los demócratas cristianos y los radicales sabattinistas. La representación del partido Demócrata estuvo encabezada por Reynaldo Pastor y Rodolfo Corominas Segura; la delegación del partido Demócrata Progresista fue compuesta por Horacio Martínez Thedy, Julio A. Noble y Luciano Molinas; la única figura del partido Socialista que se hizo presente fue su secretario general el doctor Ramón Muñiz; mientras que los radicales intransigentes y unionistas concurrieron con una amplia delegación, los primeros estuvieron representados entre otros por Ricardo Balbín, Arturo Frondizi y Oscar Alende; y los segundos por Carlos H. Perette y Walter Perkins.

    Las conversaciones giraron en torno a la creación de una “Junta Consultiva” interpartidaria para asesorar al gobierno provisional. La cual se concretó el 10 de noviembre de 1955. El presidente de la “Junta Consultiva Nacional” era el vicepresidente de la Nación, Isaac F. Rojas. Integraban la misma: José Aguirre Cámara, Oscar Alende, Enrique Ariotti, Rodolfo Corominas Segura, Juan J. Díaz Arana, Juan Gauna, Américo Ghioldi, Oscar López Serrot, Rodolfo Martinez (h), Luciano Molinas, Adolfo Mujica, Ramón Muñiz, Julio A. Repetto, Horacio Storni, Horacio Thedy, Alicia Moreau de Justo y Miguel Zavala Ortiz. La Junta se reunía para sesionar en la Cámara de Diputados de la Nación.

    La primera participación política de la Junta Consultiva ocurrió pocos días después durante la crisis que culminó con el alejamiento del general Lonardi. Al parece por instigación de un grupo de militares liberales 17 de los 20 integrantes de la misma presentaron sus renuncias ya que a su juicio “le movimiento revolucionario se desviaba peligrosamente hacia tendencias reñidas con el anhelo del país”. Los tres dirigentes que no rubricaron el documento fueron los miembros de la Unión Federal, Enrique Ariotti y Horacio Storni, de tendencia demócrata cristiana, y por un formalismo el dirigente radical Miguel Ángel Zavala Ortiz.

     Poco después del juramento del general Aramburu como nuevo presidente provisional, este solicitó a los miembros de la Junta Consultiva que retiraran sus renuncias. El pedido fue aceptado de inmediato; aunque quedaron excluidos de la misma los dos delegados de Unión Federal que habían apoyado a Lonardi. Su lugar fue ocupado por dos representantes del partido Demócrata Cristiano.

    Un mes después de asumir el cargo, Aramburu anunció a la población que las elecciones se llevarían a cabo “ni un minuto antes ni un minuto después”.
   
Sin embargo, a raíz de la persecución de que fue objeto el peronismo a partir de la asunción de Aramburu, algunos dirigentes que en su momento se habían enfrentado a Perón manifestaron su oposición también el gobierno provisional. Los dos primeros dirigentes en expresar su rechazo a la marginación del peronismo fueron el radical Arturo Frondizi y el conservador Vicente Solano Lima.

La apertura hacia el peronismo que propiciaron Frondizi y Solano Lima se debió a la necesidad de ampliar las bases partidarias y en razón de metas personales y aspiraciones políticas que les brindaran el sostén necesario para poder presentarse en las futuras elecciones presidenciales como los candidatos más firmes para lograr el triunfo.

En síntesis, puede concluirse que la proscripción que sufrió el justicialismo después de 1955 lejos de favorecer a los restantes partidos políticos los perjudicó aún más que a los peronistas. Desaparecido el enemigo común –Perón y el movimiento obrero- brotaron las disidencias internas. Durante el gobierno de la Revolución Libertadora se producirá un verdadero “estallido de los partidos políticos”. Fuerzas políticas muy antiguas, de clara definición ideológica y con tradición política, como la Unión Cívica Radical, el partido Demócrata Nacional y el partido Socialista, terminaron  fraccionarlos y debilitarlos aún más que en tiempos de Perón.

LA DIVISIÓN DEL PARTIDO DEMÓCRATA NACIONAL


    Hacia fines de 1954 se planteo en el seno del conservadurismo argentino una discrepancia. Los conservadores más antiperonistas, liderados por José Aguirre Cámara, planteaban la abstención electoral porque a su juicio el gobierno peronista  no ofrecía garantías para el funcionamiento de las instituciones democráticas. Por el contrario, los concurrencistas sostenían la necesidad de renovar el discurso partidario a los efectos de adaptarlos a los cambios producidos con la llegad del peronismo. Para mantener la unidad partidaria frente al peronismo se conformó un organismo interno de conducción, la “Junta Reorganizadora Nacional”.

    Al producirse la Revolución Libertadora el partido Demócrata adhirió al pronunciamiento, como hemos visto, aceptó la invitación oficial de participar en la Junta Consultiva Nacional y adhirió a los principios “democráticos y liberales” expresados por el nuevo gobierno. Sin embargo, la política de represión hacia el peronismo hizo renacer las diferencias.

    Un sector respaldó con firmeza la gestión global del gobierno provisional, estos conformaban la línea “liberal” del conservadurismo, respondía a la inspiración de Adolfo Vicchi, Rodolfo Corominas Segura, José Aguirre Cámara, José Antonio Mercado, Pablo González Bergéz, Samuel Allperín, Emilio J. Hardoy, Felipe Joffre y Carlos Aguinaga, entre otros. La mayoría de ellos eran antiguos abstencionistas, quienes consideraban que el peronismo era debía ser extirpado de la vida política argentina.

    El otro sector apoyado por muchos antiguos concurrencistas estaba conducido por el doctor Vicente Solano Lima, un dirigente nacido en San Nicolás, que había pasado exiliado en Montevideo casi toda la época de Perón. Solano Lima juzgó con bastante realismo que el peronismo constituía un hecho social y político imposible de soslayar. En 1956, Solano Lima dio a conocer un documento donde sostenía la necesidad de lograr una amnistía, consolidar una tregua política y convenir una generalizada pacificación. Esta estrategia apuntaba, desde luego, al electorado peronista: asombrosamente para la conducción partidaria, el dirigentes nicoleño consiguió en la provincia de Buenos Aires unas 100.000 afiliaciones, incluidos muchos conservadores que se habían incorporado al peronismo en 1945.

Sin embargo, su tendencia, calificada de “populista” fue derrotada en la asamblea nacional realizada en marzo de 1956, aunque en el enfrentamiento debió renunciar el presidente de la Junta Reorganizadora Nacional, doctor Corominas Segura. Más tarde, los dirigentes Rebaudi Basavilbaso, Aguirre Cámara y González Bergez se vieron obligados a efectuar una intensa campaña interna para aislar a Solano Lima.

Esto llevo a Solano Lima, junto a un grupo de sus partidarios, a fundar el partido Conservador Popular que propuso como consigna el lema de “tregua, pacificación y amnistía”. Solano Lima trató de dar un fundamento político al nuevo partido explicando que el conservadurismo no era incompatible con lo popular. Solano Lima al insistir en su propuesta de pacificación se ganó las simpatías permanentes del peronismo; sobre todo, de parte de Perón.

El núcleo original del partido Demócrata golpeado por la escisión del grupo que acompaño a Solano Lima, aun cuando las distintas corrientes que conformaban el partido se mantuvieron fieles a la tradicional política liberal que había caracterizado a los conservadores argentinos desde tiempos de Julio A. Roca, no pudo detener la decadencia que arrastraba el partido desde 1943.

En 1957, el partido Demócrata Nacional se diluyó en pequeños partidos provinciales conservando cierta fuerza en el partido Demócrata de Mendoza, el partido Demócrata de la Capital Federal y la Unión Conservadora de Buenos Aires. 

La multiplicación de partidos provinciales y municipales de corte conservador, con gran cantidad de dirigentes que se resistían a resignar sus ventajas personales, imposibilitaron la consolidación de un partido de alcance nacional. La elección de diputados a la convención Constituyente en julio de 1957 multiplicó la atomización del conservadurismo argentino.

El partido Conservador Popular se dividió entre concurrencistas y abstencionistas. Estos últimos siguiendo la línea establecida por Solano Lima que reclamaba la participación electoral del peronismo. Finalmente los concurrencistas abandonan el partido y forman nuevos partidos conservadores en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires aumentando la diáspora conservadora.


LA FRACTURA DEL RADICALISMO


    El 27 de abril de 1956 el gobierno provisional emitió una proclama por la que se declaraba vigente la Constitución Nacional de 1853 con las reformas de 1860, 1866 y 1898, excluyendo expresamente las de 1949. En los fundamentos de la medida, además de puntualizarse las circunstancias que tornaban nulas estas últimas a juicio del gobierno militar, se reconocía la necesidad de actualizar el antiguo texto constitucional. Ello implicaba la realización de elecciones, para conformar una asamblea constituyente. El 26 de octubre de 1956, el gobierno provisional estableció las elecciones para julio de 1957.

    Con esta estrategia los militares intentaban conocer las preferencias políticas del electorado para poder predecir con antelación quien se impondría en  las futuras elecciones presidenciales. También constituía una prueba para medir el éxito del gobierno provisional, debido a que los antiperonistas estaban convencidos que la masa trabajadora, engañada por la “prédica demagógica y totalitaria de Perón”, ahora podría elegir con libertad y en consecuencia se inclinaría por los partidos “democráticos”.

    Con la intención de dar representación legislativa a las corrientes minoritarias que habían apoyado la gestión de la Revolución Libertadora, el gobierno provisional, dejando de lado el sistema de representación que otorgaba dos tercios y un tercio a la mayoría y primera minoría respectivamente que establecía la Ley Sáenz Peña, adoptó el sistema de “representación proporcional”.

    El anuncio de Aramburu caldeo la interna del radicalismo. La posible candidatura de Frondizi despertó el interés de sectores independientes, grupos industriales, universitarios, etc. Comenzaron al aproximarse al presidente del Comité Nacional de la UCR. Ello produjo un conflicto de intereses y ambiciones personales y profundizó el delicado equilibrio de facciones que se vivía dentro del radicalismo. Balbín y Frondizi, compañeros de la fórmula presidencial del radicalismo en 1951, encarnaban esta lucha interna. Los dos eran abogados y parlamentarios brillantes y provenían de la corriente intransigente que responsabilizó al unionismo la derrota electoral de 1946. Ricardo Balbín era hijo de inmigrantes españoles, militaba en La Plata, tenía la palabra fácil y emotiva, había estado encarcelado durante el gobierno peronista y presidido el bloque de los 44 diputados opositores. 

El detonante del conflicto fue la decisión del Comité Nacional de convocar a los delegados radicales para la Convención Nacional para el 9 de noviembre, en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

    Tanto los sabattinistas, como los unionistas y  los balbinistas se oponían a la candidatura presidencial de Arturo Frondizi. Un sector de la intransigencia bonaerense propuso la candidatura de Ricardo Balbín para presidente y propició el voto directo de los afiliados –aún cuando esto contradecía lo establecido en la Carta Orgánica del partido-, para aprovechar el mayor peso electoral de la provincia de Buenos Aires.

    Ante la aparición de dos candidaturas y después de desechar la posibilidad de recurrir al voto de los afiliados, el MIR decidió llevar a cabo una consulta oficiosa en el interior del movimiento –tal como había ocurrido para determinar la fórmula presidencial radical de 1951- con el propósito de evitar un duro enfrentamiento en la Convención partidaria. La consulta interna se efectuó sobre quinientos dirigentes y dio una clara preferencia a favor de Arturo Frondizi.

    Al conocer el resultado de la consulta, el 6 de agosto Ricardo Balbín envió a Alejandro Gómez, presidente del Consejo Nacional del MIR, su renuncia al órgano directivo de ese nucleamiento. Acusó al MIR “de haber hecho prematuramente la elección de un candidato y de haberse dejado conducir a maniobras desleales contra su persona”. Poco después, el 24 de septiembre, Frondizi aceptó la candidatura y delegó la presidencia del Comité Nacional en Oscar Alende.   
   
Las diferencias entre ambos candidatos radicales, además de las naturales apetencias personales existían diferentes percepciones del momento político por el que atravesaba el país. Balbín compartía el antiperonismo duro implementado por el gobierno de la Revolución Libertadora. Frondizi por el contrario era partidario de una aproximación hacia el peronismo.

    La Convención Nacional de la UCR se llevó a cabo entre el 9 y 12 de noviembre. De la misma sólo participaron dos sectores: los frondizistas y los balbinistas. Los unionistas y los sabattinistas decidieron no concurrir. Pero, al ver que estaban en minoría, los balbinistas se retiraron a poco de comenzada la Convención. Los convencionales restantes –109 titulares y 27 suplentes- proclamaron la fórmula Arturo Frondizi – Alejandro Gómez para los próximos comicios.

    La fractura radical se profundizó a fines de enero de 1957 cuando Ricardo Balbín abandonó la UCR seguida de la mayoría de los intransigentes de la provincia de Buenos Aires. Este sector creó el 9 de febrero un nuevo partido formado por los intransigentes de la provincia de Buenos Aires, los unionistas encabezados por Zabala Ortiz y Arturo Mathov y el sabattinismo cordobés. El nuevo Comité Nacional provisional de la UCR se organizó bajo la presidencia de Crisólogo Larralde. El 12 de febrero se creó un comité de reorganización y cinco días más tarde dieron a conocer el programa de la nueva agrupación.

    Una vez producida la escisión, los dos nuevos partidos intentaron explicar las causas de la misma. Las explicaciones aportadas son similares: a la vez que imputaban a su adversario ambiciones personales justificaban sus posiciones como una defensa de las premisas doctrinarias y programáticas del viejo partido. En su discurso del 9 de enero de 1957, Frondizi tomó la iniciativa, y ofrece su interpretación de las razones que justifican su posición. Define a la escisión como “definitiva e irrevocable” en tanto él está “al servicio de una realización popular y nacional”. Al erigirse en defensor de lo nacional y popular constituye a sus oponentes en implícitos defensores de “intereses oligárquicos y antinacionales”. Frondizi sustentaba esta caracterizada a partir de la posición diferenciada que, según él, ambos radicalismo tenían frente al pueblo; eufemismo que por ese entonces encubría al peronismo. Expresamente decía Frondizi: “Para ellos, lo que antes fue gauchaje, la chusma, el aluvión zoológico, es hoy, con el mismo sentido despectivo, la gleba electoral. Para nosotros fue, es y será siempre el pueblo argentino”. 

    Debido a que los dos partidos reclamaban la denominación de Unión Cívica Radical, la justicia electoral dispuso que ambos debían adjuntar un aditamento al nombre inicial.

    El 19 de marzo de 1957 los frondizistas adoptaron el adjetivo de “intransigente” a la denominación inicial, y el 25 de ese mismo mes el otro sector adjuntó el aditamento de “del pueblo”. La UCRI mantendría la fórmula Frondizi – Gómez para la próxima elección, mientras que la UCRP adoptó la fórmula Balbín –  Del Castillo. Este último era , un dirigente sabattinista de la provincia de Códoba. Se presentaron así para las elecciones presidenciales de 1958: dos partidos radicales diferenciadas política e ideológicamente, aunque ambas se apoyaron sobre la misma plataforma programática: la Carta de Avellaneda.

EL ORADOR DE LA REPÚBLICA

    Debido a que la personalidad del doctor Arturo Frondizi será tratada en detalle en el capítulo siguiente, nos parece oportuno trazar un breve perfil del doctor Ricardo Balbín, un dirigente del radicalismo que en varias oportunidades alcanzará la nominación para la presidencia de la nación sin alcanzar nunca ese cargo. Sin embargo, Ricardo Balbín fue uno de los más influyentes líderes políticos en nuestro país durante el siglo XX.

    Ricardo Balbín, nació en la ciudad de Buenos Aires, el 29 de julio de 1904. Era hijo de dos inmigrantes españoles, el asturiano Cipriano Balbín, encargado del vagón destinado a comedor del Ferrocarril del Sud y Encarnación Morales, natural de Andalucía. Realizó sus estudios como alumno interno del Colegio San José, de Capital Federal, del cual egresó con diploma de honor.

En 1922 se incorporó a la Unión Cívica Radical y cinco años más tarde, en 1927, se graduó de abogado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. En 1928 contrajo matrimonio con Indalia Ponsetti quien le dio tres hijos: Lía Elena, Osvaldo y Enrique.

En las elecciones bonaerenses del 5 de abril de 1931, resultó electo diputado provincial, en oportunidad de consagrarse triunfadora la fórmula radical integrada por los doctores Pueyrredón y Guido. Como se recordará esas elecciones fueron anuladas por el gobierno de facto presidido por el general José F. Uriburu.

Aunque el doctor Julio González levanta una dura acusación contra Balbín que nunca fue contestada por los familiares del dirigente radical ni por su partido. Dice González: “El comienzo de Balbín se remonta a 1929, cuando fue enviado a Mendoza por el presidente Hipólito Yrigoyen con el cargo de fiscal del crimen en la intervención federal a la provincia que dirigía el radical disidente Carlos Washington Lencinas. Este caudillo, antes de la llegada del interventor –que era Carlos Borzani-, se hizo designar senador nacional por la legislatura de su provincia. Durante casi todo el año 1929 aguardó en Buenos Aires a que el Senado Nacional aprobase su diploma, pero, al no conseguirdlo, el frustrado senador mendocino regresó a su provincia. El día antes de su partida dirigió un telegrama –que publicaron todos los diarios- al ministro del Interior Elpidio González pidiendo garantías para su vida, pues conocía que el interventor Borzani tenía orden del presidente Irigoyen de hacerlo matar apenas llegara.

“Al día siguiente todos los diarios del país publicaron el asesinato de Carlos Washington Lencinas. Los detalles del crimen fueron publicados por el diario Los Andes de Mendoza. Personal policial del comisario de orden del interventor Borzani había estado merodeando el lugar donde Lencinas sería posteriormente asesinado y el fiscal del crimen Ricardo Balbín no ordenó diligencia alguna para tratar de ubicar a los asesinos. Otro ejemplar del diario mendocino informó que Borzani se reunió en Buenos Aires con el ministro del Interior Elpidio González y con el presidente Irigoyen para <tratar> el asesinato de Lencinas, y que la reunión se realizó en el domicilio particular del presidente y no en la Casa de Gobierno. Más adelante, otro periodista mendocino agregó que, producido el golpe militar del 6 de septiembre de 1930 que derribó al gobierno de Irigoyen, la intervención militar en la provincia de Mendoza halló en el despacho del Fiscal de Crimen 23.000 libretas de enrolamiento que Ricardo Balbín guardaba para realizar un fraude electoral a favor de los secuaces de Irigoyen en las elecciones que debían realizarse en Mendoza el domingo 7 de septiembre de 1930. Tal fue la actuación de Ricardo Balbín en su primer cargo público, cuando solo tenía veinticinco años: encubridor de un homicidio político y organizador de un fraude electoral para impedir el triunfo de los partidarios del doctor Carlos Washington Lencinas.”  


Electo diputado nuevamente, en 1940, renunció a su banca para protestar contra el fraude cometido por el oficialismo en esos mismos comicios.

Cuando Juan D. Perón se impuso a la fórmula radical impulsada por la Unión Democrática, en febrero de 1946, la UCR logró sin embargo, obtener 44 bancas en la Cámara de Diputados de la Nación que integraban figuras de gran relevancia entre las que se puede mencionar a Oscar Alende, Atilio Cattaneo, Emilo Donato del Carril, Gabriel del Mazo, Arturo Frondizi, Arturo Illia, Félix Liceaga, Arturo Mathov, Carlos Perette, Ricardo Rojas, Ernesto Sanmartino, Silvano Santander, Alfredo Vitolo, Miguel Ángel Zabala Ortiz, entre otros. El presidente de este bloque fue precisamente Ricardo Balbín.

Precisamente, como diputado obtuvo prestigio por sus grandes dotes de orador y por su firme perfil de opositor al peronismo.

Balbín pertenecía a esa estirpe de oradores brillantes en los que la calidad de la exposición se sobreponía a la profundidad de contenidos, como son también los casos de Bartolomé Mitre, José Manuel Estrada, Leandro Alem, Osvaldo Magnasco, Belisario Roldán, Alfredo Palacios y Juan D. Perón.

“Su oratoria –señala María Sáenz Quesada- era de corte tradicional, intimista, emotiva. Dentro de la tradición de Alem, anteponía los principios de las decisiones guiadas por el pragmatismo. Sabía se seducir a su interlocutor en el trato personal, atento y educado, y manejaba a la perfección el complicado cuadro de dirigentes medios y punteros provinciales.”

Sus continuos ataques al peronismo y al presidente Perón molestaban a un régimen poco paciente con la oposición. Este hecho motivó que el diputado oficialista Luis A. Roche denunciara ante la Cámara de Diputados al diputado Balbín afirmando que al hablar en el Congreso Agrario Radical, en agosto de 1949, había injuriado al presidente de la Nación al calificarlo de “dictador”, además de cometer el delito de instigación a la violencia, ello al dirigirse al sector agropecuario señalando que empezaba “la revolución social del radicalismo” y al arengar a la juventud “para hacer la revolución que no pudimos hacer nosotros”.

El 29 de septiembre de 1949 fue aprobado el desafuero por el voto de 109 diputados oficialistas contra 41 opositores. Iniciado el proceso legal, sus defensores los doctores Arturo Frondizi y Amílcar Mercader insistieron que dicho juicio afectaba a la democracia, la libertad de prensa y de los medios de comunicación. La persecución proyecto a Balbín como dirigente opositor al peronismo.


DIVISIONES EN EL SOCIALISMO

    No sólo los conservadores y los radicales sufrieron fracturas durante el gobierno de la Revolución Libertadora, los socialistas también padecieron un importante cisma. Los socialistas –junto con los unionistas radicales y los conservadores- fueron los más decididos colaboradores del gobierno provisional. En la Junta Consultiva Nacional, el profesor Américo Ghioldi apoyó prácticamente todas las sugerencias oficiales y fue designado Alfredo Palacios, embajador en Montevideo, desde donde se convirtió en un importante vocero en el exterior.

    Sin embargo, la represión contra el movimiento obrero, los fusilamientos de militares peronistas en junio de 1956 y en general la persecución del peronismo fue incrementado las disidencias internas. El órgano oficial de prensa del socialismo, “La Vanguardia”, expresaba en septiembre de 1957 el clima interno del partido: “Hace dos años vivíamos magníficos tiempos de esperanza; brotaba de los labios sin esfuerzo, con absoluta sinceridad, un himno a la libertad [...] Hoy, la llama brillante se ha apagado, y necesitamos soplar sobre los rescoldos por obra del acuerdo, para vivir la hora de la liberación.”

    Mientras este clima de malestar se iba generalizando en el socialismo, un importante conjunto de afiliados comenzó a criticar la incondicional adhesión de la conducción partidaria a la gestión del gobierno provisional. Estos conflictos finalmente hicieron eclosión en el Congreso Nacional realizado en la provincia de Córdoba a fines del año 1957. El grupo de Ghioldi, asediado por las críticas, resolvió separarse y constituir una nueva fuerza política: el partido Socialista Democrático, que se convirtió con el correr del tiempo en una escisión de derecha más representativa de las ideas liberales que del socialismo.

    Por su parte, Alfredo Palacios, Alicia Moreau de Justo y José Luis Romero junto con otros dirigentes formaron el partido Socialista Argentino.


LAS ELECCIONES DE 1957. UN ENSAYO GENERAL


    La convocatoria del gobierno provisional para elegir una Asamblea Constituyente dio origen reacciones cruzadas de los distintos partidos políticos. El clima preelectoral estuvo caracterizado por denuncias de distinto tono entre los partidos que apoyaban la convocatoria y los que consideraban que una reforma constitucional sólo era legitima si respetaba los principios que la misma constitución establecía para su modificación. Es decir que, para estos últimos, un gobierno de facto no podía realizar una reforma constitucional valida.

El sector radical que respondía a Frondizi, además de compartir estos argumentos, interpretaba que la convocatoria a comicios de constituyentes era una maniobra dilatoria tendiente a prolongar la duración del gobierno provisional. El 25 de julio, la UCRI, el partido Azul y Blanco y el partido Conservador Popular reclamaron al gobierno la anulación de la convocatoria a elección de constituyentes.

Las fuerzas cívicas se alinearon rápidamente a lo largo de la campaña electoral. La UCRI, por boca de su candidato presidencial, cuestionó la convocatoria y dio a entender que sus representantes no participarían en las deliberaciones de la Constituyente, lo que no impidió que Frondizi desplegara en esos días su “Plan para veinte millones de argentinos” como un programa de gobierno. La UCRP anunció que concurriría para incorporar al texto constitucional “los derechos sociales que protejan al trabajador”, pero no trataría ningún otro tema. Los socialistas, demoprogresistas, los comunistas y los conservadores del Partido Demócrata se comprometieron a auspiciar diversas iniciativas. Algo similar hizo el nuevo Partido Demócrata Cristiano, la fuerza organizada en diciembre de 1955 con el aporte de hombres que provenían de distintos grupos políticos que iban del liberalismo –Manuel Ordóñez- o el social – cristianismo –Salvador Busacca, Horacio Sueldo- hasta conservadores –Rodolfo Martínez (h)-, y cuya fuerza electoral era una incógnita.

     La gran incógnita preelectoral la constituía indudablemente el destino de los votos peronistas. No sólo porque se desconocía su caudal electoral, sino porque de mantener el nivel de adhesión de antaño, las elecciones serían aún menos legítimas.

    La UCRI interesado en captar a su favor el electorado peronista, basó su campaña en convencer a los partidarios del exiliado caudillo de que “el voto en blanco” era “un voto a favor de la oligarquía” y que sólo ella defendería los intereses del movimiento obrero.

    Las elecciones de constituyentes se llevaron a cabo el 28 de julio de 1957. La proscripción del peronismo y la aplicación por primera vez del sistema proporcional multiplicaron el número de partidos participantes. El escrutinio definitivo arrojó los siguientes resultados.   

Nº    PARTIDO POLÍTICO    TOTAL DE VOTOS    %
1    UCR del Pueblo    2.106.524    24,20
2    UCR Intransigente    1.847.603    21,23
3    Socialista    525.721    6,04
4    Demócrata Cristiano    420.606    4,83
5    Demócrata    333.743    3,83
6    Demócrata Progresista    263.806    3,03
7    Comunista    228.821    2,63
8    Unión Federal    159.177    1,83
9    Laborista    93.172    1,07
10    Cívico Independiente    86.442    0,99
11    Conservador    76.976    0,88
12    De los Trabajadores    58.965    0,68
13    Del pueblo    50.912    0,58
14    Liberal    47.862    0,55
15    Demócrata Autonomista Conservador Popular    40.269    0,46
16    UCR Bloquista    30.968    0,36
17    Demócrata Conservador Popular    25.036    0,29
18    Demócrata Liberal    24.206    0,27
19    Laborista Federal de Salta    20.254    0,23
20    Unión Provincial    11.265    0,13
21    Demócrata (Cons. Popul. Y J. Reorg. Nac.)    9.689    0,11
22    Unión Popular Demócrata Cristiana    8.928    0,10
23    Defensa Provincial (Bandera Blanca)    8.413    0,10
24    Demócrata y Autonomista. Junta Reorg. Nac.    8.249    0,09
25    Concentración Obrera    8.195    0,09
26    Unión Republicana    7.932    0,09
27    Laborista Nacional (Sec. Salta)    6.829    0,08
29    UCRI (Movimiento de Recuperación Radical)    5.783    0,07
30    Social Agrario    5.491    0,06
31    Unión Cívica Nacionalista    4.742    0,06
32    UCR Comité de la Provincia    3.936    0,05
33    Liberal de Misiones    2.941    0,03
34    Antipersonalista de Mendoza    2.636    0,03
35    Demócrata Formoseño    2.401    0,03
36    Laborista Agrario    975    001
    Votos en Blanco    2.115.861    24,31
    Votos Anulados    36.066    0,41
    Votantes    8.703.322    -.-
    Electores Hábiles    9.662.620    -.-
    Porcentaje de votantes        90.07

    Sobre un total de 205 bancas, los partidarios de la reforma obtuvieron 123. El resultado electoral tuvo diversas interpretaciones, donde cada “ganador” brindó un análisis particular sobre las cifras definitivas. El gobierno provisional consideró la elección de julio como un triunfo, ya que los partidos que apoyaban su plan político, siempre que se pusieran de acuerdo entre sí, tendrían la mayoría en la futura asamblea. Además,  teniendo en consideración que las tres grandes fracciones en que se había dividido el electorado: UCRP, UCRI y peronismo –representado por los votos en blanco-, eran casi iguales: ninguna de ellas estaba en condiciones de presionar al gobierno de facto.

    Por su parte, Perón -que computaba no sólo los votos en blanco, sino también las abstenciones y los votos impugnados- los resultados eran una prueba irrefutable de la vigencia electoral del peronismo pese a las proscripciones, persecuciones y al exilio forzado de su líder.


LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE


    Como resultado de la aplicación del sistema proporcional para la distribución de cargos otorgaron a la UCRI, segunda minoría en los comicios de julio de 1957 –tercera, si se considera el voto en blanco como el conjunto más importante de sufragios, 77 bancas de convencionales constituyentes, mientras que la UCRP, con más votos, ocupó 75 bancas, los socialistas lograron 12, asientos, los demócratas cristianos 7, el partido Demócrata 5 y los comunistas 2 asientos respectivamente.

    El 30 de agosto de 1957, cuando la Asamblea Constituyente inició sus sesiones en la sede de la Universidad Nacional de Litoral, en la ciudad de Santa Fe, los convencionales reunían a lo más destacado de la clase política no peronista. Los allí reunidos tendrían una participación decisiva en los siguientes treinta años de la vida política argentina. Entre los radicales del pueblo estaban Juan Carlos Pugliese, Arturo Mathov, Jorge Walter Perkins, Ignacio Palacios Hidalgo y Mario Roberto, los intransigentes estaban representados por Oscar Alende, Alberto Spota, entre los conservadores estaban José Aguirre Cámara, Adolfo Vicchi, Emilio Hardoy y Reynaldo Pastor, los socialistas por sus líderes históricos Alfredo Palacios, Nicolás Repetto y Américo Ghioldi. Hasta el antiguo dirigente sindical peronista –más tarde enfrentado a Perón- Cipriano Reyes ocupaba un sillón presidencial.

    La UCRI estaba dispuesta a cumplir con sus anuncios de campaña y no participar de la Asamblea Constituyente. Frondizi no se engañaba. Había resultado derrotado por la UCRP que obtuvo unos 250.000 votos –3%- más que el sector intransigente. Sus esperanzas de convertirse en presidente residían en obtener una parte de los dos millones de votos peronistas.

    Al reunirse la Asamblea, el presidente del bloque intransigente, Oscar Alende, después de consultar con sus compañeros de bancada, transmitió telefónicamente a Frondizi que la casi unanimidad estaba a favor de abandonar las deliberaciones de inmediato.

    Así fue como en la primera reunión preparatoria, cuando Nicolás Repetto –que como convencional de más edad presidió la sesión inicial- inició el procedimiento de pasar lista a los presentes, Alende dejó aclarado que los 77 representantes de la UCRI se encontraban en el recinto en calidad de ciudadanos argentinos, y no como convencionales. La aclaración anunciaba los sucesos que se avecinaban. Terminado el trámite de pasar lista, Alende volvió a solicitar la palabra y advirtió que, al no existir todavía un reglamento, no se podía impedir su discurso, y a continuación comenzó un encendido cuestionamiento a las facultades del gobierno de facto para convocar a una convención constituyente, y en consecuencia a la legitimidad del cuerpo mismo.

    El discurso de Alende, como era lógico, provocó airadas reacciones de las otras bancadas, en especial por parte de Alfredo Palacios que intentó responder a las argumentaciones del radical intransigente. Una sensación de frustración imperó en la Asamblea cuando, al terminar el discurso de su presidente, toda la bancada de la UCRI abandonó el recinto, para no regresar. Aunque la actitud de los intransigentes no debía sorprender a nadie, su concreción provocó un fuerte impacto político, la legitimidad del gobierno de facto quedó seriamente cuestionada, en tanto que los peronistas de todo el país tomaron nota silenciosamente del comportamiento de los partidarios de Frondizi. 

    A partir del retiro de los radicales intransigentes, la Convención Constituyente perdió legitimidad. De todas formas realizó cuatro sesiones preparatorias, veinte ordinarias y dos extraordinarias, todas con quórum estricto. A partir del 14 de octubre, el retiro de los radicales del pueblo de origen sabattinista dejó al cuerpo en minoría, aunque se realizaron cuatro sesiones, incluso la de clausura, el 14 de noviembre, en esas condiciones.

    No obstante, la Asamblea alcanzó a declarar vigente a la Constitución de 1853 con las reformas de 1860, 1866 y 1898, con expresa exclusión de las reformas de 1949 –sesión del 23 de septiembre-, y a adicionar al artículo 14 la norma que se conoció después como “Artículo 14 bis”, que establecía una serie de derechos del trabajador y obligaciones sociales del Estado –sesión del 14 de octubre-. También se agregaron al artículo 67, inciso 11, las palabras “de minería, y del trabajo y seguridad social”, para indicar los códigos que podía sancionar el Congreso.

    El 15 de noviembre de 1957 el presidente provisional Pedro E. Aramburu convocó a elecciones generales para el 23 de febrero de 1958.


EL PACTO PERÓN FRONDIZI    
 

    El pacto entre Juan D. Perón y Arturo Frondizi que permitió a este último convertirse en presidente de la Nación es uno de los hechos más oscuros y controvertidos de los últimos cincuenta años de la vida política argentina. Es conocido que el empresario Rogelio Frigerio –por ese entonces convertido en el más íntimo colaborador de Frondizi- viajó a Caracas en el mes de enero de 1958, en una o dos ocasiones; y es notorio que en la primera quincena de febrero de ese año llegó al país la orden de Perón de votar por el candidato intransigente.

    Además de estos hechos conocidos, todo lo que en realidad ocurrió es contradictorio y discutible. Tiempo después, Perón esgrimió un documento firmado por Frondizi en el que éste se comprometía, una vez electo presidente, a adoptar ciertas medidas a favor del movimiento peronista.  A cambio de que Perón emitiera la orden de que todos los candidatos neoperonistas se retiraran de la contienda electoral e imponer a los peronistas el mandato de que votaran de forma de dejar bien claro un repudio por el régimen vigente, Frondizi se habría comprometido a retomar las políticas económicas del peronismo, acabar con todos los procedimientos procesales basados en acusaciones de tipo político, devolver todos los bienes expropiados a la Fundación Eva Perón, normalizar la CGT, legalizar el partido Justicialista y, en un plazo de dos años, reformar la Constitución Nacional y llamar nuevamente a elecciones generales.

Hasta su muerte Frondizi negó enfática y reiteradamente haber suscripto éste u otro compromiso. Se dice que de hecho hubo dos documentos, ninguno de ellos firmado por el candidato intransigente, que contenían las posiciones acodadas. Hubo distintas versiones de las tratativas realizadas en Caracas y luego en Ciudad Trujillo –hoy Santo Domingo, nuevo refugio del ex presidente cuando el dictador venezolano fue derrocado en el mes de enero de 1958- y varios libros se escribieron sobre el tema.

    Por su parte, el almirante Isaac F. Rojas explica el conocimiento que el gobierno provisional tenía del pacto Perón – Frondizi: “Resuelta la entrega del poder, por medio de elecciones generales, a un gobierno constitucional, podemos decir que nuestras preferencias se inclinaban hacia el doctor Balbín, más que el doctor Frondizi.”

    “De todas maneras, Frondizi le ganó, y mediante el ‘trato pampa’ que hizo en Panamá, entre su representante Frigerio y Cooke, que era el de los justicialistas, fue electo presidente.”

    “Había que entregarle el gobierno. Recuerdo que un día de éstos –ya se habían realizado las elecciones- el Canciller, que era el señor Alfonso de Laferrere, persona distinguida y periodista, nos trajo la información del pacto que se había firmado en Panamá, donde estaba como embajador Samuel Alperín.”

    “De Laferrere nos dijo: ‘Aquí están todas las pruebas del pacto que se ha firmado entre Frondizi y los justicialistas, y lo único que les pido es que no se hagan públicas pues la policía de Panamá fue la que le entregó las valijas con los documentos al doctor Alperín. Y esos documentos tienen los sellos de la policía de Panamá’”.

    Sin embargo, la versión del almirante Rojas no parece muy exacta. En principio porque no exhibe los documentos suministrado por las autoridades panameñas, tal como hace, en sus memorias, con otra documentación sensible. En segundo lugar, porque las reuniones de Frigerio con Perón y Cooke tuvieron lugar en las ciudades de Caracas y Ciudad Trujillo en la República Dominicana. Por último, Rojas tampoco explica debidamente porque el gobierno provisional, que era marcadamente antiperonista, no adoptó ninguna medida en contra de Frondizi y le permitió asumir como presidente sabiendo que había realizado un pacto espurio con Perón. 

    Lo cierto es que el acuerdo entre Perón y Frondizi parecer haber existido, más allá de que se concretara a través de un documento escrito y firmado por ambos líderes o simplemente –como suele ocurrir en estos casos entre políticos- se haya tratado de un acuerdo verbal que sin embargo ambas partes trataron de cumplir. Como veremos, peronismo apoyó la candidatura de Frondizi e incluso abrió un periodo de gracia tras la asunción de este como presidente. Posteriormente, ante la falta de reciprocidad por parte de Frondizi retomó la “resistencia”.

Por su parte, Frondizi –tal como veremos- cumplió con algunos aspectos del acuerdo: aprobó una amnistía política que favoreció a los peronista, dio un aumento de sueldos, normalizó la CGT y finalmente terminó por permitir la participación electoral de partidos neoperonistas. Las Fuerzas Armadas vetaron al presidente una acción más decidida a favor del peronismo, incluso terminaron por derrocarlo.


LAS ELECCIONES DE 1958


    El anuncio del gobierno provisional estableciendo una fecha para las elecciones presidenciales disipó todas las dudas y el país entró de lleno en una atmósfera electoral. Tres días más tarde, en ocasión de celebrarse el 43º Congreso Nacional, el partido Socialista designó candidatos a dos prestigiosos juristas y profesores universitarios, los doctores Alfredo L. Palacios y Carlos Sánchez Viamonte. Días después, los demócratas cristianos proclamaron el binomio integrado por Lucas Ayarragaray – Carlos Aguinaga. El partido Conservador (San Luis) proclamó a los candidatos Reynaldo Pastor – Martín Aberg Cobo. Los demócratas progresistas consagraron, el 7 de diciembre, la fórmula Luciano Molinas – Horacio Theddy. Dos días después el partido Conservador Popular consagró a Vicente Solano Lima como candidato a presidencia a quien se sumó poco después Horacio S. Maldonado.

El recientemente creado partido Cívico Independiente proclamó la fórmula presidencial integrada por Juan Bautista Peña – Ana Zaefer de Goyeneche. Este partido respondía a la orientación del un ex capitán del Ejército, que se desempeñaba por entonces como ministro de Industria del gobierno provisional: el ingeniero Alvaro Alzogaray.

Y la Unión Federal proclamó el binomio Basilio Serrano – Juan de Sáenz, el 26 de enero de 1958. A ellos se sumaban, tal como consignáramos, las dos fórmulas radicales: Ricardo Balbín – Santiago del Castillo por la UCRP y Arturo Frondizi – Alejandro Gómez por la UCRI.

El día 23 de febrero de 1958, los peronistas, cumpliendo las directivas de Perón, volcaron la elección a favor del candidato de la UCRI. En una elección fuertemente polarizada, Frondizi no sólo se aseguró el triunfo en los comicios, sino una base de sustentación bastante amplia, ya que obtuvo el control de todos los gobiernos provinciales, 133 de 187 bancas de la Cámara de Diputados y la totalidad de las bancas senatoriales. La UCRP trasformada ya en el principal partido opositor sumó 52 diputados nacionales.

El escrutinio definitivo arrojó los siguientes guarismos:

Nº    PARTIDO POLÍTICO    VOTOS NACIONALES    %
1    Unión Cívica Radical Intransigente –UCRI-    4.070.875    44,9
2    Unión Cívica Radical del Pueblo –UCRP-    2.618.058    28,9
3    Demócrata Cristiano    285.688    3,2
4    Comunista Argentino    264.746    2,9
5    Socialista    147.498    1,6
6    Demócrata Conservador Popular    128.283    1,4
7    Salud Pública    125.432    1,4
8    Unión Popular    80.612    0,9
9    Liberal    51.368    0,6
10    Conservador Popular    49.774    0,5
11    Blanco    40.820    0,5
12    Cívico Independiente    39.162    0,4
13    Unión Popular Populista    32.119    0,4
14    UCRI – Bandera Roja    31.987    0.4
15    Del Pueblo    30..964    0,3
16    Conservador (Pcia. Buenos Aires)    30.239    0,3
17    UCR Bloquista (Tradicional)    22.371    0,2
18    Demócrata Progresista    22.338    0,2
19    Laborista    20.360    0,2
20    De los Trabajadores    16.876    0,2
21    Demócrata Liberal    16.611    0,2
22    Unión Federal    12.986    0,1
23    Demócrata Conservador    10.828    0,1
24    Unión Provincial    10.722    0,1
25    Reconstrucción Social Argentina    10.378    0,1
26    Bandera Blanca    9.296    0,1
27    Populista    7.596    0,1
28    UCRI y Renovación    7.581    0,1
29    UCR Antipersonalista    7.150    0,1
30     Convención Provincial    6.120    0,1
32    Laborista Federación Popular    4.427    0,1
33    Democrático Autonomista –JRN-    2.700    0,1
34    Azul y Blanco    2.593    0,0
35    Demócrata Formoseño    2.364    0,0
36    Laborista Nacional de Salta    2.170    0,0
37    Laborista Federal Agrario    1.342    0,0
38    Renovador    661    0,0
39    Socialista Obrero    608    0,2
    BLANCOS Y ANULADOS    838.243    9,2
    VOTANTES    9.063.498    90,9
    ELECTORES HÁBILES    9.971.201   


Documento Nº 1

TEXTO DEL ACUERDO PERÓN FRONDIZI


Con el fin de encontrar una salida a la actual situación de la República, promover la convivencia normal de los argentinos, poner fin a la política económica y social llevada a cabo a partir del 16 de septiembre de 1955, que ha significado un marcado sometimiento de la Nación y un progresivo empeoramiento de las condiciones de vida del pueblo, el general Juan Domingo Perón y el doctor Frondizi acuerdan el cumplimiento del siguiente Plan político:

I. Al fijar su posición frente a la elección del 23 de febrero de 1958, el peronismo:

a)    declara que los partidos neoperonistas que desean pertencer al Movimiento deben retirar sus candidatos.

b)    Ordenará a los peronistas que hayan aceptado candidaturas que las renuncien, quedando, en caso contrario, separado del Movimiento;

c)    Frente al hecho concreto de la votación, dejará en libertad de acción a la masa peronista a fin de que sufrague en la forma que mejor exprese su repudio a la dictadura militar y a la política seguida por ella en todos los órdenes;

d)    Aclarará que lo expresado en el punto c) no implicará, por parte de los peronistas, compromiso alguno con los partidos que elijan para expresar su protesta;

e)    El documento contendrá un párrafo en el que se hará la crítica de la política conservadora, de manera que sea inequívoco que la opción no incluye el partido Conservador Popular.

Queda aclarado que esta enumeración no limita en forma alguna el derecho del peronismo a fundamentar su posición frente al acto electoral y a reafirmar la línea estratégica del movimiento.

II. De asumir el gobierno, el doctor Arturo Frondizi se compromete a restablecer las conquistas logradas por el pueblo en los órdenes social, económicos y político, adoptando entre otras las siguientes medidas:

1.- Revisión de todas las medidas de carácter económico adoptadas desde el 16 de septiembre de 1955, o lesivas de la soberanía nacional y de aquellas que determinaron un empeoramiento de las condiciones de vida del pueblo. Se consideran como de fundamental urgencia el restablecimiento de la reforma bancaria de 1946, la estructuración de una política económica de ocupación plena y amplio estímulo de la producción nacional, la elevación del nivel de vida de las clases populares y el afianzamiento de los regímenes de previsión social;

2.- Anulación de las medidas de toda índole adoptadas por el gobierno provisional desde el 16 de septiembre de 1955 con propósito y persecución política.

3.- Anulación de todo proceso, cualquiera sea su carácter, iniciado con propósitos de persecución política;

4.- Levantamiento de las interdicciones y restitución de los bienes a sus legítimos dueños;

5.- Devolución de los bienes de la Fundación Eva Perón;

6.- Levantamiento de las inhabilitaciones gremiales y normalización de los sindicatos y de la Confederación General del Trabajo. Esto se cumplirá en un plazo de ciento veinte (120) días. Las elecciones en los sindicatos serán presididas por interventores nombrados de común acuerdo.

7.- Reconocimiento de la personería del Partido Peronista, devolución de sus bienes y levantamiento de las inhabilitaciones políticas. Tanto la personería como los bienes serán acordados a las autoridades que designe el General Juan Domingo Perón.

8.- Reemplazo de los miembros de la Suprema Corte de Justicia y eliminación de los magistrados que han participado de actos de persecución política.

9.- En un plazo máximo de dos años se convocará a una Convención Constituyente para la reforma total de la Constitución, que declarará a elecciones generales.

Las medidas consignadas en los puntos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º se adoptarán dentro de un plazo, máximo de noventa (90) días a contar desde la asunción del mando.

Queda a cargo del doctor Arturo Frondizi arbitrar los medios para el cumplimiento de las cláusulas precedentes. Por su parte, el General Juan Domingo Perón se compromete a interponer sus buenos oficios y su influencia política para lograr el clima pacífico y la colaboración popular indispensable para poder llevar a cabo los objetivos establecidos en el presente Plan.

Suscriben este Plan Político, además de los titulares, John William Cooke y Rogelio Frigerio, en virtud de haber participado en su discusión y elaboración. Los firmantes empeñan su palabra de honor en el sentido de que hasta el primero de agosto de mil novecientos cincuenta y ocho este plan permanecerá en reserva y sólo podrá ser divulgado posteriormente por común acuerdo, salvo en caso de incumplimiento por las partes.

 Febrero de mil novecientos cincuenta y ocho.